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Privatizar Aena supone "una guerra contra los derechos de los ciudadanos"

Román Rodríguez aboga por activar "un doble frente, jurídico y social" para aplicar el artículo 33 del Estatuto e impedir la decisión del Gobierno central

Francisco Batista, representante de Tenerife-Norte: "Los aeropuertos no son centros comerciales sino centros de servicio público"

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La privatización de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) es mucho más que una operación para "enajenar un bien público", pues supone una auténtica "guerra contra los derechos de los ciudadanos".

Así lo ha considerado Rufino Acosta, representante del comité de empresa del aeropuerto Tenerife-Sur, que junto a otros compañeros se ha reunido con el líder de Nueva Canarias y portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento, Román Rodríguez, para intentar que la sociedad canaria "comprenda que la privatización supone una sentencia de muerte para los canarios" con el único fin de "favorecer a cuatro empresarios".

Una tesis que comparte Rodríguez:"Existen 1.600 trabajadores de Aena en Canarias, pero ellos no serán las principales víctimas de la privatización, lo será el desarrollo de Canarias como pueblo".

"El PP quiere vender el patrimonio público al mejor postor", insistió el líder de NC, para quien "si la privatización fracasa, si no es rentable a la iniciativa privada tener este negocio, se renacionalizará Aena, que es lo mismo que ha pasado con el negocio ruinoso de las autopistas de peaje".

Doble frente

Por ello, Rodríguez consideró "una buena decisión" que el Gobierno regional haya pedido la reunión de la Comisión Mixta Canarias-Estado con el fin de activar el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía para que las competencias en la gestión de los aeropuertos canarios pasen a manos de la COmunidad Autónoma.

"Pero no confío en el Gobierno del PP y no va a hacer caso a los requerimientos de Canarias, por lo que creo que hay que trabajar en un doble frente, jurídico y social, para detener esta decisión arbitraria", dijo el líder de NC.

Según Rodríguez, "la vía judicial tiene recorrido, hay que llegar hasta el Tribunal Constitucional si hace falta, pero confío más en la movilización social, porque a ocho meses de unas elecciones decisiones arbitrarias para favorecer a cuatro amiguetes se tienen que pagar en las urnas y deben tener un coste político".

Y es que los representantes de los comités de empresa que se han reunido en el Parlamento lo tienen claro: "ponen los aeropuertos a precio de saldo, a un precio irrisorio al mismo capital que se enriqueció con la burbuja inmobiliaria".

Tres aeropuertos en peligro de cierre

Ello, según Antonio García (representante de Tenerife-Norte) supondrá que haya un aumento de tasas, los billetes sean más caros, se desinvierta en la mejora de las infraestructuras y de los standares de calidad y, al final, los aeropuertos menos rentables, como los de EL Hierro, La Gomera o La Palma, se cierren.

"Al margen de la rentabilidad economicista, los aeropuertos tienen rentabilidad social. Los aeropuertos chicos se cerrarán y se hará caja con los grandes", resumió García.

Una tesis que remachó Francisco Batista, también de Tenerife-Norte: "no se pueden entender los aeropuertos con criterios de rentabilidad, no son centros comerciales sino centros de servicio público".

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