Los vecinos de Santa Catalina acusan al Ayuntamiento de falta de disposición para negociar

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona (2i), y la concejal de Cultura, María Isabel García Bolta, durante una visita al escenario del Carnaval cuando éste todavía se encontraba en obras.(EFE/Ángel Medina G.).

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

La Comunidad de Propietarios que se ha visto favorecida por un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria que acuerda la suspensión de los conciertos y mogollones del Carnaval capitalino en el entorno del Parque Santa Catalina, ha acusado al Ayuntamiento de ser “incapaz” de gestionar el litigio.

A través de un comunicado enviado por su abogada, Yomara García, los vecinos aseguran haber intentado, antes de que se hiciera público el mencionado auto y desde hace varios años, buscar soluciones consensuadas con el Consistorio, para compatibilizar los actos del Carnaval con los derechos constitucionales y fundamentales que les asisten, en referencia a la vida privada, la integridad física o moral, la intimidad familiar y la inviolabilidad del domicilio.

Sin embargo, lamentan no haber encontrado la misma disposición “ni talante” por para de la Corporación municipal, que “tampoco este año ha tenido en cuenta a los vecinos en la preparación de los actos que les afectan tan directamente, ni ha obrado posteriormente con eficacia ni con buena fe”.

En ese sentido, apostillan que “tiempo ha habido durante años, e incluso después de este último auto, de hallar una solución de consenso si verdaderamente se hubiera querido buscar”.

Frente a las críticas lanzadas a la resolución judicial y a las presiones que dicen haber recibido los propietarios de la comunidad por vías y modos que describen como expresos y soterrados, lo que a su juicio constituye actitudes impropias de un Estado social y democrático, entienden que “nos asiste la razón en la legítima defensa de los vecinos (incluidos ancianos, enfermos, niños, etc.) a fin de garantizar un mínimo nivel de descanso, salud, seguridad e higiene en el domicilio de los mismos y su entorno residencial”.

La comunidad considera que el auto se ajusta a derecho y es impecable jurídicamente, de forma que “impide la consumación de un nuevo atropello por parte del Ayuntamiento a los vecinos”.

Asimismo, se reservan emprender las acciones judiciales pertinentes ante “cualesquiera que sean las presiones y comportamientos prepotentes que se reiteren o intensifiquen”.

“Habrá mogollones”

Por su parte, la concejal de Educación, Cultura y Deportes, María Isabel García Bolta, aseguró este martes que “habrá mogollones”, aunque no precisó dónde se llevará a cabo en caso de que las negociaciones que mantienen con los vecinos no concluyan con algún tipo de acuerdo.

Bolta dijo, en declaraciones a Cadena Ser, no haber recibido quejas durante las fiestas celebradas el pasado año, motivo por el que explica no haberse vuelto a poner en contacto con los vecinos, ya que “entendimos que no había objeción”.

Respecto a la negociación, asegura que las condiciones de la comunidad de propietarios son más “severas” este año, aunque confía en llegar a un consenso ya que han puesto sobre la mesa mejoras en la acústica, como por ejemplo alejar los chiringuitos de esa zona.

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