El diputado Jorge Rodríguez (PP) acusa a la Policía de engañar al fiscal y al juez

Jorge Rodríguez, en el juicio del caso Grupo Europa

Alexis González

Las Palmas de Gran Canaria —

Lo negó todo. Salvo ser diputado del PP y cobrar de Grupo Europa. Que es por lo que está acusado de dos delitos de tráfico de influencias. Jorge Rodríguez Pérez, miembro del grupo popular entonces (2003-2007) y ahora en el Parlamento de Canarias, se ha negado la tarde de este jueves a responder a las preguntas del fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis Del Río, en el juicio que se sigue contra él en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Acto seguido, a preguntas de su abogado, ha denunciado esta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde como un engaño de la Policía al juez instructor de la causa y al propio ministerio fiscal. Un montaje político contra su persona y su partido.

“Soy la pieza clave de este procedimiento, la guinda del pastel, no habría tanta expectación si yo no estuviera aquí”, dijo el diputado ante una sala de vistas vacía de periodistas y sin los “focos” que tuvo durante la mañana el propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón, al que se le acusa de cohecho en el Ayuntamiento de Telde para ganar un contrato de asesoría a la empresa municipal Urvitel, para la gestión de la política de viviendas sociales del municipio prevista durante aquel mandato por el PP.

Jorge Rodríguez, según la acusación pública, hacía de introductor de la empresa allí donde gobernaba el PP, algo que negó el diputado, quien aseguró que el denunciante, Francisco José Benítez Cambreleng, “no sé si tiene animadversión personal hacia mí o está inspirada por otras personas”, blandiendo la teoría de la conspiración contra su figura y su partido, de la que han hecho gala, a lo largo de sesiones anteriores, todas las defensas de los acusados, y de la que hizo especial bandera Antón Marín durante la mañana, con una referencia, muy críptica “a una grabación de Benítez [Cambreleng] y un miembro del PSOE”.

El diputado del PP, cuyo aforamiento hace que se celebre esta pieza separada de la matriz del caso Faycan precisamente en el TSJC, y por tanto es la “guinda del pastel” de la misma, negó haber tenido contactos anteriores a la adjudicación del concurso a Grupo Europa en Telde, haberse reunido “con nadie” en el hotel Fataga, de Las Palmas de Gran Canaria, donde el denunciante Cambreleng sitúa las reuniones preparatorias para el amaño del concurso, ni haber ejercido un “poder jerárquico” sobre la fallecida concejal Toñi Torres para que contratara a Grupo Europa en el Ayuntamiento de Telde, a través de la empresa pública Urvitel que estaba a su cargo.

Eso sí, cobrar de la empresa de Antón Marín, sí que cobró. Lo hizo, recuerda con detalle, con una “iguala” desde que un arquitecto conocido suyo e hijo de una exconcejal de Urbanismo de la Villa de Santa Brigida, Fernando Pons Bordes, le presentó a una empleada de Antón, dada su condición de abogado “apasionado por los temas urbanísticos, ahora ya no”. De ahí surgió una relación profesional, en torno a 2001 y con Jorge Rodríguez apartado del cargo público que ocupó hasta 1999 -concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria con el ministro de Industria, José Manuel Soria, de alcalde- en la que asesoró a Grupo Europa.

Como ya hiciera en su declaración ante el juez instructor en los juzgados de Telde -cuando dimitió como diputado, en 2007, al desvelar Canarias Ahora esta trama y su implicación en el caso, no era aforado-, Rodríguez mantuvo que al obtener el acta de diputado en 2003 cesó su actividad laboral con Grupo Europa. Reconoció, sin embargo, haber hecho “tres trabajos, cobrados y entregados, declarados a Hacienda” y no “ficticios” como sostiene Cambreleng, durante el periodo en que fue portavoz del PP en el Parlamento de Canarias (2003-2007), y mano derecha del presidente del PP y por entonces del Cabildo y del grupo parlamentario, José Manuel Soria.

“Le pregunté al secretario general letrado del Parlamento de Canarias si, por mi dedicación exclusiva, podía realizar esos trabajos, y me dijo, verbalmente, que por ser esporádicos, sí podría, sin tener que cesar mi dedicación exclusiva”, dijo Rodríguez, lamentado “el error de no haber pedido al secretario general del Parlamento por escrito su respuesta”. Rodríguez, que en todo momento se mostró con la “exquisitez” de la que hace gala incluso con acento peninsular siendo, como es, de La Isleta -península de la capital grancanaria unida a la isla por el istmo de Santa Catalina-, descalificó con grandilocuencia la investigación policial.

“Hay oficios policiales referidos a mi persona que son capciosos, voluntaristas, tendenciosos y parciales, y han conducido, diría que inducido al ministerio fiscal y al juez a conclusiones erróneas. No puedo permitir que se ponga en duda mi honorabilidad, porque mi padre, antes de fallecer, me dejó una inmensa fortuna: la honorabilidad y la rectitud en todos mis actos”, dijo, magnánimo, el diputado, quien reiteró casi a toque de silbato: “Lo digo con rotundidad: yo no influí, ni coaccioné, ni hice prevalecer nada para que nadie hiciera nada”, descartando haber cometido el tráfico de influencias ante su partido en Telde.

De la Policía con su foto y otros “palabros”

De la Policía con su foto y otros “palabros”Jorge Rodríguez, con su peculiar forma de expresar la rectitud de la que alardea en todas sus apariciones públicas, admitió, en todo caso, “haber llamado a Toñi Torres, por teléfono, para que se reuniera con Antón”, antes de iniciarse los contactos en Telde, pero “no me reuní nunca, ni para tomar café, ni con Toñi Torres, ni con nadie en el hotel Fataga”, recalcó dando a conocer un detalle de la investigación: “El propietario del hotel me llamó una noche para decirme que la Policía había estado allí con una fotografía mía preguntando a todos si yo era habitual en el hotel. Ojalá lo fuera, le dijo el propietario a los policías”.

Otra anécdota similar tuvo con “el concesionario del restaurante del Patio del Cuyás, donde tenía yo mi estudio. Por aquellas fechas me acababa de separar, y había acordado un precio fijo para desayunar, almorzar y cenar con el concesionario, de 5, 8 y 7 euros. Pues la Policía fue a preguntar si yo era asiduo del restaurante, y si pagaba con billetes de 500 euros”, dijo.

Rodríguez sí reconoció haber mantenido dos reuniones, en el Ayuntamiento de Telde y por petición del empresario Antón Marín, cuando en 2006, ya iniciado el caso Faycan y con Toñi Torres en la cárcel, se bloquearon los proyectos de viviendas sociales de Grupo Europa. “Le digo qué influencia tuve: Valido [alcalde de Telde por entonces] nos hizo esperar hasta 50 minutos en la antesala de la Alcaldía, poca influencia o superioridad pude ejercer”, aseguró el diputado, quien niega haber dicho expresiones como “en el partido [a Valido] le pondrán las pilas”.

“Mire, señor letrado: no forma parte de mi vocabulario ni de mi expresión doméstica o profesional tales palabros”, espetó (de ponerse tieso, afectando gravedad y majestad, según la RAE) el diputado, quien recordó su forma de proceder en la vida: “Soy demasiado prudente, exquisito y cortés, todo el mundo que me conoce lo sabe. Soy incapaz de decir en público eso a un alcalde, y menos a un alcalde como era el señor Francisco Valido”, detenido posteriormente e imputado por cohecho en el caso matriz de esta trama de Telde, Faycán.

Jorge Rodríguez depuso apenas durante menos de hora y media, durante la tarde en que dio tiempo a iniciar el interrogatorio a otro de los acusados, el exgerente de Urvitel Juan Carlos Saavedra, quien también se negó a contestar al ministerio fiscal. El juicio se suspendió poco antes de las 20:30 horas y seguirá este viernes a las 09:15, cuando estaba prevista iniciarse la ronda de testificales de los policías intervinientes en la investigación.

Sin embargo, antes deberá concluir Saavedra y continuar con los interrogatorios de su esposa, del exjefe de Urbanismo José Luis Mena y del de Patrimonio, Pedro Pablo Santana.

Por la mañana, quien sí se extendió, entre golpes de tos e intentos iniciales de suspender su declaración por su aparente estado de salud, fue el promotor Antón Marín, quien reiteró la teoría expuesta ya por los abogados de las defensas: toda la denuncia es una “historieta” de Cambreleng ante el hecho de que iba a presentarle una querella por apropiación indebida de dinero de Grupo Europa. Negó cualquier pago a politicos y funcionarios y aseguró que las cantidades en teoría destinadas a esos pagos, de 240.000 euros, se las quedó Cambreleng.

Antón, que se negó a responder a las preguntas de Cambreleng “porque me has robado mi dinero”, sí que respondió al fiscal, en unas intervenciones en tono altivo y hasta chulesco, superando enérgicamente sus ataques de tos. El propietario de Grupo Europa, que ahora vive en Costa Rica “y muy bien, por cierto”, aseguró que “han desaparecido 10.000 folios del procedimiento”, en referencia a una presunta querella preparada contra Cambreleng que él había dejado encima de su mesa el día de su detención, “sabiendo que me iban a detener”.

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