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Emalsa hace oficial la querella al exinterventor Rafael Bolívar

La querella fue acordada por el Consejo de Administración de Emalsa el pasado mes de diciembre y contó con los votos a favor de los socios privados y la abstención del Ayuntamiento

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Sede de Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria

Sede de Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria Alejandro Ramos

Emalsa ha presentado este lunes una querella contra el funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Rafael Bolívar Toledo por su actuación como interventor de los servicios municipales de agua de esa compañía, durante los 18 meses en los que ocupó el cargo por designación del anterior alcalde Juan José Cardona,

La querella fue acordada por el Consejo de Administración de Emalsa, en su sesión del 22 de diciembre de 2015, con los votos a favor de los socios privados y los consejeros en representación de la plantilla de la empresa y la abstención de los consejeros municipales y su presidente y alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, se abstuvieron.

La querella acusa al técnico municipal de falsedad documental y prevaricación mediata.

Asimismo, plantea que el auténtico objetivo de la intervención en Emalsa "perseguía el rescate de la concesión, para lo que se falsearon informes con supuestos incumplimientos contractuales que, carentes lógicamente de pruebas, nunca han permitido la apertura de expediente sancionador alguno contra la compañía".

El delito de falsedad documental se arguye porque, en el ejercicio de sus funciones, Rafael Bolívar "faltó, de forma reiterada y sistemática, a la verdad en numerosos informes que fueron muy relevantes para que, por la Corporación Municipal, se adoptaran determinadas decisiones relativas a la empresa Emalsa".

Según afirma Emalsa, señaló "falsos incumplimientos contractuales y atribuyéndole, también falsamente, a dicha empresa concesionaria, muchos de los problemas de la gestión del ciclo integral del agua que, sin embargo, no eran en absoluto su responsabilidad".

"Todas esas falsedades sirvieron para perjudicar a la empresa (e, indirectamente, al propio Ayuntamiento) dejándole de abonar facturas, que como luego se ha demostrado a través de una sentencia judicial, deberían haberse abonado en su momento", se añade en el comunicado.

La querella denuncia también delito de inducción a la prevaricación (prevaricación mediata) porque, a través de dichos informes, "manipuló de forma ostensible la voluntad de los integrantes de la corporación municipal, haciéndoles creer que la solución a todos esos supuestos incumplimientos y problemas de gestión tenía que ser la intervención de los servicios concesionales y, una vez declarada ésta, haciéndoles creer la necesidad de su prórroga durante un año más".

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