La patronal pide al Gobierno que le escuche antes de aprobar la ley turística
El secretario general de la CEOE Tenerife, Pedro Alfonso Martín, ha pedido este miércoles al Gobierno canario que escuche a los empresarios antes de actuar, en referencia a la Ley de Renovación Turística de Canarias.
Pedro Alfonso Martín, en rueda de prensa, ha dicho que si el Ejecutivo dialoga con los empresarios las soluciones serán “más certeras” y “más respetables en el tiempo”. A su juicio, no se puede llevar a la justicia cada enfrentamiento que se produzca, si bien es necesario acercar la legislación a la realidad económica y social del archipiélago.
El secretario general de la CEOE Tenerife ha denunciado “una equivocación sistemática a la hora de legislar y de presentar recursos ante los tribunales” por parte del Gobierno central y canario. Asimismo, ha lamentado que “gran parte” de las iniciativas empresariales caen en las redes de los juzgados de manera inadecuada por la precipitación a la hora de intentar arreglar un problema y por la falta de diálogo previo.
El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, ha comentado que está “totalmente en contra de las trabas al desarrollo económico”, en referencia a que la Ley de Renovación Turística pretende supeditar la construcción de hoteles a hacerlos de cinco estrellas o superiores. García ha comentado que “cualquier medida que vaya en contra del desarrollo de nuestra comunidad sea en Gran Canaria o en Tenerife debe de ser rechazada”.
En su opinión, Canarias no puede permitirse el lujo que, por un debate político, se limite el desarrollo del sector turístico. “Debemos sacar este debate del ámbito de crispación política”, ha aseverado, al mismo tiempo que ha exigido una solución inmediata, ya que el sector turístico en Gran Canaria es diferente al de Tenerife, por lo que no se pueden aplicar normas homogéneas para todos.
La “urticaría” de Ashotel
Por su parte, la patronal Ashotel cree que la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de renovación y modernización turística tendrá un efecto perverso y contrario al que piden empresarios de Gran Canaria, y ha llamado a no actuar de forma suicida en este ámbito.
El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera (Ashotel) de Santa Cruz de Tenerife, Jorge Marichal, afirma en un comunicado que el recurso tendrá un efecto contrario al perseguido por algunos empresarios turísticos de Gran Canaria, a los que parece que la más que imprescindible renovación de la planta obsoleta “les genera urticaria”. “No cabe en el entendimiento de quienes nos dedicamos a la principal actividad económica de las islas que para que el Tribunal Constitucional dilucide si dos apartados de un artículo de la citada Ley son o no constitucionales, el Gobierno central solicite la suspensión cautelar de las únicas excepciones que contenía la Ley a la construcción de nueva planta, es decir, la de los establecimientos de 5 estrellas o superior”, añade.
El resultado es que durante al menos cinco meses no se podrá presentar ningún proyecto de ninguna categoría para construir nueva planta hotelera y extrahotelera en Canarias, recuerda Marichal, quien advierte de que si el Constitucional da la razón al Gobierno, los preceptos recurridos se retirarán de la ley y se corre el riesgo “de una paralización absoluta sine die, una situación nefasta para nuestro destino”. Marichal no entiende “cómo somos capaces de tirar piedras sobre nuestro propio tejado” y considera que “esta disparatada situación” sumerge en la inseguridad jurídica a aquellos inversores que apuestan por establecimientos que promueven altos estándares.
Por ello pide al Gobierno central que de marcha atrás y retire el recurso o, al menos, que levante la suspensión cautelar mientras el TC realiza su trabajo. El presidente de Ashotel indica que “esta absurda guerra” puede “despistarnos de que nuestro destino no es único, que tenemos competidores que antes o después se recuperarán de difíciles coyunturas sociopolíticas”.
“¡Qué grave error cometeríamos si cerramos los ojos ante la evidencia y metemos en el mercado nuevas camas mientras dejamos morir las infraestructuras más antiguas, con una sobreoferta de viejas camas y a unos precios bajos que nos conducirá a la pérdida de rentabilidad y a la muerte de nuestros negocios”, alerta Jorge Marichal. Anima a no olvidar los errores del pasado y que se recuerde cuando en 2001 cuando “por una mala tramitación de la primera moratoria turística y de la falta de discreción” se produjo una avalancha de solicitudes de licencias de camas que podrían haberse presentado en un plazo mucho más amplio, dando tiempo al mercado para asimilarlas sin distorsionar los precios.
El Archipiélago no puede competir en precios con otros destinos más baratos, afirma Jorge Marichal, pero sí lo puede hacer en calidad y hay que convencer a los turistas “de que merece la pena pagar un poco más para venir a Canarias”, lo que sólo puede hacerse “a través de la excelencia”.
