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CC y PSC rechazan los cambios de Gran Canaria a la ley turística

El Parlamento aprueba, con los votos socialistas y nacionalistas, solicitar al Estado la retirada del recurso de inconstitucionalidad

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El Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles, con los votos de CC y PSOE, tomar en consideración la proposición de ley presentada por el Cabildo de Gran Canaria para modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística con el objetivo de que se puedan construir hoteles de cuatro estrellas.

Por el contrario, CC y PSOE han pedido al Estado que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley turística canaria, que conlleva una suspensión cautelar para construir hoteles de nueva construcción, y han pedido que se haga una evaluación de esta normativa cuando se cumpla un año de su entrada en vigor.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha indicado que tendría que haber habido un esfuerzo mayor de consenso y no haberle impuesto un modelo de desarrollo a Gran Canaria, isla que tiene 22.000 camas menos en el segmento de hoteles de cuatro estrellas y un millón y medio de turistas menos que Tenerife.

Según Bravo de Laguna, el Parlamento debería haber admitido a trámite su propuesta por el significado e importancia que tienen los cabildos en Canarias, por el contenido de la iniciativa y porque el Estado ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley turística.

Para Bravo de Laguna, que el Parlamento haya rechazado su proposición de ley es "un choque de trenes", pues cerrar la puerta a esta consideración es contrario al valor institucional del Cabildo, lo que podrá tener consecuencias políticas.

El presidente ha comentado que la iniciativa presentada podía haber sido modificada mediante enmiendas, por lo que su aprobación no tenía que haber significado que se estuviera a favor con todos sus puntos.

"El rechazo de una iniciativa de un Cabildo transmite a la población canaria un mensaje de nimiedad", ha aseverado Bravo de Laguna, quien ha pedido al Parlamento que rectifique antes de que el Tribunal Constitucional diga "que hemos actuado mal".

El portavoz de Nueva Canarias en el Cabildo grancanario, Carmelo Ramírez, ha destacado que la corporación insular reconoce la necesidad de renovación de la planta alojativa obsoleta.

No obstante, ha explicado que Gran Canaria hay un déficit de plazas turísticas de cuatro estrellas, categoría más solicitada por los operadores turísticos y que solo representa el 18% del total de plazas alojativas de esta isla, mientras que en las otras islas llega al 34% y 40%.

La construcción de hoteles de cuatro estrellas es, en su opinión, un instrumento estratégico básico para el desarrollo económico y territorial de Gran Canaria.

Ramírez ha pedido que la excepción de construir hoteles de cuatro estrellas sólo se aplique a Gran Canaria, ya que hay que ser respetuosos con los modelos de desarrollo de cada isla.

El diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez ha lamentado que el Gobierno canario haya impuesto una norma sin consenso, al mismo tiempo que ha lamentado que el Ejecutivo imponga una estrategia, "incluso puede que acertada ", pero sin discutir y sin datos.

Rodríguez le ha achacado al Gobierno no haber aceptado enmiendas y haber dirigido el debate sobre la ley turística en lugar de haberlo hecho los grupos parlamentarios.

En su opinión, esta ley usurpa competencias a los cabildos insulares, que son "ninguneados" y los deja "como menores de edad", al no haberlos escuchado antes de sacar adelante la ley.

En este sentido, el diputado de Nueva Canarias ha precisado que la iniciativa del Cabildo de Gran Canaria reclama competencias de planificación territorial y no tiene nada que ver con la iniciativa del Gobierno de España.

Asimismo, ha desmentido que la ley propuesta por Gran Canaria consuma suelo, ya que establece límites, al mismo tiempo que ha pedido al Gobierno que en mayo hago una valoración de la ley en su primer año de vigencia.

Solución sin partidismo

La diputada de CC María del Mar Julios ha defendido la construcción de hoteles de cuatro estrellas en Gran Canaria de forma controlada y ha afirmado que el Gobierno ha trabajado y sigue trabajando en la búsqueda de soluciones.

La nacionalista ha dicho que lo importante es buscar soluciones que den estabilidad y seguridad jurídica al sector turístico nuevo y de renovación y ha recalcado que el Ejecutivo se ha comprometido a realizar una evaluación de la ley dentro de dos meses.

Julios ha agregado que "hay que buscar una solución, no entrar en juegos partidistas que no llevan a nada" y ha calificado de "chapucero" el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central.

El PP, según la diputada, pretende torpedear un acuerdo que se podía haber logrado en Canarias y acabar con la moratoria turística para que se pueda construir de forma libre y, sin embargo, lo que ha conseguido es paralizar la inversión.

En su opinión, aprobar el texto del Cabildo de Gran Canaria introduciría mayor inseguridad jurídica al sector.

El diputado del PSOE Emilio Mayoral ha recordado a Bravo de Laguna que sí se convocó a los cabildos en la tramitación de la ley turística y ha acusado al Cabildo de Gran Canaria de intentar generar incertidumbre a los inversores turísticos.

Mayoral ha agregado que el PP puso en marcha, desde el minuto cero de la ley, estrategias para entorpecer su desarrollo y empezó a hacer campañas y mesas de trabajo sin esperar al diálogo.

Ha detallado que la ley permite la construcción de 30.000 nuevas plazas turísticas de categoría de cuatro estrellas, que sumadas a las que ya están llegarían a las 65.000 plazas.

El socialista ha opinado que "la confrontación y el insularismo son malas compañeras de viaje", máxime cuando se paraliza la inversión en el sector turístico.

El diputado del PP Miguel Jorge Blanco ha acusado al Gobierno de legislar atendiendo las exigencias de "algún" grupo empresarial y rechazar las de otro, lo que ha dicho que da que pensar que al final la ley se ha hecho para beneficiar a unos y se perjudicar a otros.

Blanco ha insistido también en que los hoteles de cinco estrellas y las villas turísticas consumen más suelo que los hoteles de cuatro estrellas y ha insinuado que lo que trata el Ejecutivo regional es de que en Gran Canaria haya menos camas.

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