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Las Palmas de Gran Canaria reclama 6,5 millones al Gobierno por el fraude del padrón de Santa Cruz

El destino de esa compensación se debatiría en una sesión extraordinaria del Consejo Social de la Ciudad.

Unanimidad en el pleno para censurar "la deslealtad institucional" del Ayuntamiento de la capital tinerfeña.

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El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este miércoles, por unanimidad, exigir al Gobierno de Canarias que abone a la ciudad 6,5 millones de euros como compensación a los perjuicios que le ha causado el fraude del padrón municipal de Santa Cruz de Tenerife.

En la resolución, la capital grancanaria demanda que esa cantidad se le pague "en el próximo reparto del Fondo Canario de Financiación Municipal" y censura la "la deslealtad institucional que ha supuesto el comportamiento fraudulento que durante tantos años se ha producido en el tratamiento del padrón municipal de habitantes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife"

La Corporación ha decidido también que el destino de los 6,5 millones de euros que reclama como compensación se debata en una sesión extraordinaria del Consejo Social de la Ciudad.

No obstante, ya adelanta que pretende dedicar esos recursos "a gastos sociales e inversiones públicas clasificadas de servicios sociales, promoción económica y actuaciones en beneficio de la generación de empleo".

La declaración institucional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria expresa el "desconcierto" de todos sus grupos políticos por "la grave actuación de Santa Cruz de Tenerife, durante 16 años", al propiciar "un padrón irreal", vulnerando con ello "la lealtad institucional" y perjudicando al resto de municipios.

La capital grancanaria manifiesta además la necesidad, "sin distinción entre responsabilidades de gobierno o de oposición", de solicitar "medidas correctoras durante los próximos repartos de los fondos económicos, provengan de la administración que provengan", para resarcir a su ciudad por los perjuicios ocasionados.

"La esbozada prescripción de un presunto delito no puede, en ningún caso, suponer una excusa o parapeto para legitimar mediante el silencio un comportamiento que debe ser condenado públicamente de la forma más enérgica y, sobre todo, corregido mediante la restitución económica a los municipios afectados", recalca la declaración aprobada este miércoles por el Consistorio.

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