CC asegura que el PP hipoteca el futuro de las islas
El secretario general de Colición Canaria, José Miguel Barragán, ha expresado su “indignación” por la declaración de impacto ambiental favorable a las prospecciones petrolíferas en Canarias y ha opinado que con esta decisión,el Gobierno español desoye y da la espalda al futuro de las islas.
Barragán, en un comunicado, subraya que “esta no es una batalla perdida” y señala que pese a las prisas del Gobierno del Estado, que, en su opinión, ha antepuesto los intereses de la petrolera Repsol al derecho de Canarias a tener un futuro limpio y sostenible, “ganaremos en la calle lo que otros se empeñan en autorizar en los despachos de los ministerios y de la multinacional”.
Añade que el PP ha decidido dar luz verde al petróleo en Canarias y, en cambio, “alargar deliberadamente el proceso en Baleares, demostrando con ello que se trata de una decisión exclusivamente política y que la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y el turismo tan solo es prioritario para ellos en el Mediterráneo”.
El dirigente de CC opina que el PP ocultó el resultado de la declaración de impacto ambiental antes de las elecciones europeas para evitar “una derrota más contundente en las urnas, conscientes de que dicha autorización cuenta con el rechazo mayoritario de los ciudadanos de Canarias”.
Recuerda que la exploración conlleva automáticamente el permiso de explotación a la misma empresa ya que la ley de Hidrocarburos establece que el otorgamiento de un permiso de investigación confiere al titular del derecho, en exclusiva, a obtener concesiones de explotación, en cualquier momento del plazo de vigencia del permiso, sobre la misma área“.
Barragán afirma que CC seguirá trabajando para evitar que el Gobierno del Estado cometa un “atropello sin precedentes” contra el modelo económico y el territorio canario y para que quede al descubierto una operación que, a su juicio, está plagada de irregularidades “que se ha fraguado de forma oscurantista y sin diálogo”.
El dirigente nacionalista insiste en que con esta decisión el Gobierno de España defiende los intereses de Repsol y condena a un futuro incierto a más de dos millones de canarios.
