Cabrera exige que Repsol “recoja anclas” tras la denuncia de la Fiscalía por Castor
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, ha considerado que la acusación de la Fiscalía referente a que los Ministerios de Industria y Medio Ambiente del Gobierno de España cometieron dos presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente en la tramitación de la concesión del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas ubicado frente a las costas de Castellón y Tarragona, “es un argumento más para que la multinacional petrolera Repsol vaya recogiendo anclas y sacando al Rowan de las aguas canarias cuanto antes. Hoy mejor que mañana”.
Cabrera recuerda que el proyecto Castor contaba con todas las autorizaciones y permisos ambientales necesarios por la Administración central, “exactamente la misma tramitación que hicieron con la petrolera en Canarias”. Asimismo, señala que en el Mediterráneo los técnicos independientes advirtieron del peligro y, sin embargo, el Gobierno siguió para delante sin hacer caso. “En Canarias todo el mundo está advirtiendo del peligro, y de nuevo el Gobierno de España ha tirado para delante”, remarca.
“No quiero pensar – añade en un comunicado—que en Canarias estén buscando lo mismo: justificar el abandono de la actividad por la empresa y luego pedir una indemnización multimillonaria al Estado. Un negocio redondo”.
Cabe recordar que la Fiscalía de Castellón abrió la denuncia por Castor el 3 de octubre de 2013, tras registrarse 512 microseísmos en la zona. Hubo que esperar hasta el 4 de octubre de 2014 para que la investigación culminara tras una prórroga de seis meses. Casualmente, justo un día antes de la finalización de la investigación el Consejo de Ministros aprobó una indemnización de 1.350 millones de euros a las empresas propietarias de Castor.
Expertos internacionales
Richard Steiner, profesor de la Universidad de Alaska hasta 2010, especialista en conservación marina y asesor de una decena de países en materia de perforaciones en mar abierto, ha informado reiteradamente sobre el riesgo que corren las aguas de Fuerteventuta y Lanzarote con el proyecto de Repsol y la Declaración de Impacto Ambiental que el Gobierno de España aprobó el 29 de mayo).
Steiner explica que las condiciones impuestas en el proyecto de las Islas Canarias a la perforación de Repsol por el Gobierno de España “son de hecho tan rudimentarias” que “el proyecto sigue siendo demasiado arriesgado”. Y advierte que los requisitos ahora conocidos son “terriblemente insuficientes”.
