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El Consejo de Estado verá el recurso contra la consulta canaria el día 23

Con esta petición, el Gobierno inició el viernes el trámite para recurrir el decreto por el que se desarrolla la Ley Canaria de Participación Ciudadana

El texto sostiene que Canarias no tiene competencia para hacer un referéndum y que tampoco las tiene para hacer consultas sobre temas energéticos

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La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobará el dictamen del recurso que el Gobierno central pretende interponer contra la consulta canaria por las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al Archipiélago en su reunión del jueves 23, han informado fuentes de esta institución.

Las mismas fuentes han indicado que el Consejo de Estado ha recibido este martes la petición de dictamen del Ejecutivo, aprobada en la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes.

La petición del Gobierno se realiza con carácter de urgencia, de forma que el Consejo de Estado dispone de un plazo de quince días, con fecha límite del 24 de octubre, por la relevancia e "inmediatez" de la convocatoria.

Con esta petición, el Gobierno inició el viernes el trámite para recurrir el decreto por el que se desarrolla la Ley Canaria de Participación Ciudadana, así como la propia convocatoria a las urnas, fijada para el 23 de noviembre.

En el texto remitido al Consejo de Estado, el Gobierno argumenta que las consultas ciudadanas mediante pregunta directa "constituyen materialmente un auténtico referéndum, al contemplar una consulta al cuerpo electoral a través de un verdadero procedimiento electoral" y la potestad para convocar un referéndum es únicamente del Estado.

Sostiene en este contexto que Canarias no tiene competencia para hacer un referéndum y que tampoco las tiene para hacer consultas sobre temas energéticos, pues es una política de competencia estatal.

El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante pero sí preceptivo antes de que el Consejo de Ministros autorice al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a interponer el recurso ante el Constitucional.

La impugnación por el Gobierno central de un decreto o una ley aprobada por una comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional puede acarrear, si el Ejecutivo así lo solicita, como ocurre en este caso, su inmediata suspensión por un plazo de cinco meses.

El Boletín Oficial de Canarias publicó el 3 de octubre el decreto de convocatoria de la consulta sobre las prospecciones petrolíferas para el 23 de noviembre con la siguiente pregunta: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

Una formulación que, a juicio del Ejecutivo canario, es "intachable" y legal, por lo que confía en que, antes o después, los canarios puedan pronunciarse sobre los sondeos.

La ley en la que se apoya el Ejecutivo canario para convocar la consulta -Ley de Fomento de la Participación Ciudadana- data de 2010, pero su desarrollo ha sido aprobado este verano mediante el decreto que ahora va a impugnar el Ejecutivo.

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