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El Gobierno da por caducados los permisos de Repsol en Canarias, que expirarán en agosto de 2017

El delegado del Gobierno de España indica que los permisos se extinguieron el "20 o 21 de marzo" a pesar de que el BOE los concedió en agosto de 2014 con una vigencia de tres años

Desde el Gabinete de Comunicación del Ministerio de Industria apuntan que no están "nada seguros" de que las palabras del político del PP estén en lo cierto

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El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento.

El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento. Efe/Elvira Urquijo

El Gobierno de España, a través de su delegado en Canarias, Enrique Hernández Bento, ha adelantado hasta el pasado "20 o 21 de marzo" la vigencia de los permisos de Repsol para buscar petróleo en Canarias, cuando, según la Resolución del 11 de Agosto de 2014 por la que se otorgaron los permisos para buscar petróleo en la costa de Canarias, la validez de la autorización "es de tres años contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado", que fue el miércoles 13 de agosto, por lo que en principio la empresa petrolífera podría prospectar hasta el 13 de agosto del próximo 2017.

Hernández Bento, que fue subsecretario de Industria, Energía y Turismo desde diciembre de 2011 hasta noviembre de 2015, indicó este jueves en la Cadena Cope que "en marzo o abril caducaba el permiso de investigación" y que desde ahora la multinacional de origen español tiene un periodo de 60 días para justificar ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo su plan de inversiones sobre los sondeos en aguas de Canarias, un trámite que consiste en un informe final que lo realiza siempre las compañías que tienen permiso para las exploraciones, hayan o no hecho la investigación.

De esta forma, el actual delegado del Gobierno en Canarias, que fue mano derecha del ministro José Manuel Soria a la hora de otorgar los permisos de Repsol en aguas de Lanzarote y Fuerteventura, abraza los argumentos dados por la compañía a este periódico en agosto del 2015, cuando indicaron que los permisos caducaban en marzo de este año a pesar de que ante los tribunales la sociedad presidida por Brufau mantenía que no iba a renunciar a Canarias.

El delegado se basa para hacer esta afirmación en el BOE del 21 de marzo de 2012, en el que se convalidan los permisos de investigación concedidos inicialmente en 2002, año en el que se concedieron los permisos por primera vez. En aquel boletín de hace cuatro años se indica que "queda convalidado expresamente el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, en todo aquello que no resulte modificado por el presente real decreto. A partir de la eficacia del presente real decreto, los titulares deberán cumplir con el programa de trabajos especificado para los años tercero a sexto". Y así, sostiene que los permisos expiraron a finales de marzo porque transcurrieron cuatro años desde el 21 de marzo de 2012, y suman los dos años transcurridos entre 2002 y 2004, año en el que el Tribunal Supremo rechaza la autorización concedida por el Gobierno central a Repsol para realizar sondeos petrolíferos en Canarias, ya que no cumplían las medidas de protección medioambientales ni el plan de restauración exigidas por la Ley del Sector de los Hidrocarburos.

De todos modos, la compañía ha dejado claro que no piensa volver a aguas de las Islas. Repsol renunció a principios de 2015, tras los resultados de los análisis del pozo Sandía, a seguir buscando hidrocarburos en el Archipiélago, ello a pesar de que en el BOE se recogía en la primera condición que el buque de perforación debía realizar dos sondeos de manera "consecutiva". Así, en la Ley del sector de hidrocarburos en su capítulo quinto se deja patente que las autorizaciones, permisos y concesiones se extinguirán "por incumplimiento de las condiciones de su otorgamiento". De esta manera, automáticamente, el Ministerio de Industria debió retirarle los permisos a la sociedad presidida por Antonio Brufau por no cumplir las normas y los derechos establecidos en la ley vigente.

A ello hay que añadirle que días después de que Repsol anunciara que no lo iba a intentar en el pozo Chirimoya, el por entonces subsecretario de Industria, Energía y Turismo, se apresuró a decir que el Ministerio iba a sancionar con cinco millones de euros a la compañía por no seguir con los permisos, punto ratificado esa misma semana por el ahora ministro en funciones José Manuel Soria. Una sanción de la que jamás se supo aunque en la radio el delegado expuso que ahora los servicios jurídicos del Estado estudiarán si Repsol incumplió las obligaciones que adquirió y si resulta, o no, sancionable que sólo realizara uno de los dos sondeos que se comprometió a hacer.

La trola de Hernández Bento fue acogida como gran noticia tanto por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como por el del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales. Por el contrario, desde el gabinete de comunicación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo apuntaron a Canarias Ahora que no estaban "nada seguros" de que las declaraciones en la Cadena Cope estuvieran en lo cierto.

Para Fernando Clavijo lo indicado por el político del PP es una "magnífica noticia porque evidentemente es algo que divide, genera problemas y dificultades en Canarias, pues sabemos que ya despejamos ese balón, esa incógnita, ese balón de Damocles. Creo que es una gran noticia para el pueblo de Canarias", apostilló en la Cope.

Al ser cuestionado si esperaba que Repsol volviera a intentar sondear en aguas de Canarias, dijo que "no" porque señaló que "no es rentable con el precio del barril del petróleo por debajo de los 50 dólares pero no es lo mismo que la circunstancias económicas cambien y se vuelva a poner por encima de los 100 dólares el barril del petróleo y pueda ser rentable", teniendo que "estar sometidos, otra vez, a actitudes poco democráticas". El presidente autonómico no dijo en ningún momento que la compañía abandonó las Islas no por el precio del crudo, sino por "no haber localizado yacimientos de hidrocarburos que justificasen la explotación".

El político de Coalición Canaria defendió mecanismos para que este tipo de situaciones "no puedan ser autorizado sin la autorización de las cámaras y de las instituciones públicas canarias. Soy partidario de poder blindar eso". De hecho, durante las prospecciones realizadas por el buque Rowan Renaissence la sociedad canaria, española e internacional mostraron de manera masiva su rechazo a la búsqueda de fuel en aguas canarias.

Mientras, Marcial Morales indicó que "es una gran noticia" porque "las aguas de Canarias, que son un auténtico santuario natural y un paraíso, hoy ya no están amenazadas por ningún interés extraño". El presidente de la Corporación insular afirmó que "a pesar del Gobierno del Estado y del  ministro del petróleo, hubo una población que entendió que eso era una clara amenaza para este pueblo. Se levantó y lo manifestó rotundamente y, al final, la razón no llevaba fuerza pero sí llevaba convicción y el impulso unánime de todo el pueblo", sentenció. 

Por su parte Pedro San Ginés, del Cabildo de Lanzarote, no ha hecho todavía declaraciones sobre estos hechos a pesar de que la Institución que dirige tiene abiertos aún varios frentes en los tribunales y promueve iniciativas parlamentarias y administrativas para extinguir los permisos.

Lo cierto es que la intervención de Hernández Bento apresurando la fecha de caducidad de las prospecciones en Canarias coincide con que Podemos presentara en el Congreso de los Diputados a finales de febrero una Proposición No de Ley para revocar el Real Decreto que autorizó las prospecciones. Una iniciativa que tiene muchas opciones de salir adelante, sobre todo después de que la Cámara Baja aprobara el pasado 29 de marzo el veto al fracking en España. Que por mayoría se aprobara la iniciativa de Podemos es una derrota que ni el Gobierno de España ni el ministro en funciones José Manuel Soria están dispuestos a aceptar.

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