Los canarios decidirán sobre el petróleo “antes del 30 de noviembre”

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, interviene en el Pleno del Parlamento de Canarias, en el que se debate la Comunicación del Gobierno sobre las prospecciones petrolíferas. EFE/Ramón de la Rocha

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

Siete meses después de ser anunciada por el presidente Paulino Rivero, la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas ya tiene fecha aproximada: “antes del 30 de noviembre”.

Así lo ha anunciado Rivero durante el pleno extraordinario celebrado para recabar el apoyo de la Cámara a “recabar la opinión de la ciudadanía” y el resto de estrategias políticas y jurídicas del Gobierno canario para tratar de paralizar las prospecciones autorizadas por el Ministerio de Industria a la empresa Repsol para que busque petróleo en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

Porque aunque la consulta es la medida más mediática y participativa, el Ejecutivo regional también recurrirá la resolución que el Ministerio de Industria publicó el 13 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) instará a la Comisión Europea a que verifique y fiscalice todo el proceso seguido para conceder las autorizaciones a Repsol.

Pero la vía judicial es una y la social es otra, por lo que el Parlamento quiere que la celebración y organización de la consulta sea, como reza en una de las resoluciones aprobadas, “la continuidad de la movilización y expresión de la ciudadanía canaria” y sus instituciones contra “la imposición unilateral por parte del Gobierno de España de unas prospecciones petrolíferas que afectan al interés general de las Islas”.

Para que la consulta se celebre según lo previsto, el Consejo de Gobierno aprobará esta tarde la redacción del anteproyecto de reglamento que desarrolla la Ley de Participación Ciudadana, un texto que será remitido al Consejo Consultivo para que antes del 20 de septiembre pueda estar emitido el dictamen preceptivo.

El presidente Rivero deberá publicar en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) tanto la fecha de consulta como la pregunta, con 30 días de antelación, por lo que antes del 1 de noviembre toda la tramitación administrativa debe estar solventada.

Una consulta que no será un referéndum, como había solicitado el propio Ejecutivo canario al Gobierno de España y que éste ni siquiera ha denegado oficialmente, dando la callada por respuesta, por lo que el portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, insistió en que “ésta no es la consulta que realmente necesitábamos”.

“Pero el único camino para resolver las discrepancias son las urnas”, por lo que Rodríguez anunció que “es legítima y apoyamos la consulta”

Para Rivero, ante “el desprecio” del Gobierno de España, Canarias “va a convocar a la ciudadanía”, pues “se trata de escuchar la voz del pueblo, a lo que el Partido Popular se opone”, cuestionando “dónde está la regeneración democrática que proponen”.

Mitin propagandístico

Y es que previamente, la portavoz de los conservadores en el debate, Águeda Montelongo, afirmó que el presidente “está utilizando este Parlamento como si un mitin de su partido se tratara para, de forma desesperada, aleccionar los pocos seguidores con los que aún cuenta en las filas de su propia formación política”.

“Con esas palabras está ofendiendo a los majoreros, a los conejeros, al Parlamento, a seis de los siete cabildos, a la Fecam, a las universidades y a Canarias y a los canarios”, replicó el presidente a Montelongo.

Tras cuatro horas de extenso y repetitivo debate, pues los argumentos escuchados en el hemiciclo no distaron mucho de los esgrimidos el pasado 9 de junio en el mismo salón de plenos, se ha vuelto a evidenciar que únicamente el Grupo Popular es favorable a las prospecciones.

“Estamos a tiempo de paralizar las prospecciones y de escuchar a la ciudadanía, solo hace falta voluntad política para conseguirlo”, argumentó el socialista Manuel Fajardo.

“Si los portavoces del PP canario en estos dos años hubieran hablado en los mismos términos en Baleares, Valencia o Málaga los hubieran corrido a gorrazos”, esgrimió el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez.

Precisamente, el Parlamento se ha querido “solidarizarse con la posición unánime adoptada” por la Cámara regional de Baleares, “contraria a las prospecciones petrolíferas” que el Ministro de Industria también proyecta autorizar en el Mediterráneo,

Y es que la filosofía que defienden las dos terceras partes de la Cámara se puede resumir en otra fase del portavoz del Mixto: “ningún Gobierno que se precie puede tomar una decisión sobre un territorio cuya mayoría está en contra”.

¿Y la del PP? También se resume en una frase de Montelongo: “No todos los canarios queremos sumarnos al ridículo en el que usted, señor Rivero, y su Gobierno quieren embarcarnos”.

Reprobación al desprecio de Rajoy

Una filosofía que impregna todas las resoluciones aprobadas tras cinco horas de debate por la totalidad de los grupos (con el voto en contra del Grupo Popular) y en las que socialistas, nacionalista y Mixto consideran que con la autorización dada por el Ministerio de Industria “se desprecia la amplia contestación ciudadana manifestada en el Archipiélago en contra de dichas prospecciones y de los numerosos pronunciamientos de las instituciones democráticas”.

Asimismo, 34 de los 54 diputados presentes en el debate han manifestado su “reprobación a la actuación del Gobierno de España por la ausencia de respuesta” a la solicitud de un referéndum, pues la misma “supone una deslealtad institucional y un agravio a las instituciones” y a la propia ciudadanía.

Evidentemente, el PP se quedó solo a la hora de conseguir apoyos para que el Parlamento instara al Gobierno a “respetar y acatar la plena legitimidad del procedimiento de autorización de permisos” a la compañía Repsol.

Tampoco tuvieron éxito los 20 diputados conservadores para exigir al Ejecutivo de Rivero que coopere con el de Rajoy para “definir el establecimiento de un canon fiscal en beneficio” de Canarias a la “posible explotación de petróleo y gas en aguas españolas próximas a Canarias”.

Y la misma suerte corrió la propuesta en la que se pedía a Rivero “el cese inmediato de la campaña de amenazas y chantajes del Gobierno de Canarias” contra los accionistas de Repsol.

Y es que el presidente hoy ha reiterado “en sede parlamentaria, en donde reside la soberanía de los canarios, que Sacyr y CaixaBank me han asegurado que la actividad petrolera en Canarias no está entre sus objetivos estratégicos y que, si siguen adelante con ella, es por presiones del regulador”.

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