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El movimiento antipetróleo hará su consulta si la oficial se suspende

En caso de que la consulta convocada para el próximo 23 de noviembre legalmente no pudiera llevarse a cabo, los movimientos sociales se organizarían y la sacarían adelante aunque no fuera vinculante

Este jueves está previsto que la Comisión Permanente del Consejo de Estado apruebe el dictamen del recurso que el Gobierno central pretende interponer contra la consulta canaria

El consejero canario de Presidencia, Justicia e Igualdad ha aseverado que el Gobierno de Canarias tiene "un plan", que es desarrollar la consulta y celebrarla el 23 de noviembre

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Reunión del Gobierno canario con organizaciones políticas, sociales y ecologistas para hablar sobre las prospecciones petrolíferas previstas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. Foto: Efe.

Reunión del Gobierno canario con organizaciones políticas, sociales y ecologistas para hablar sobre las prospecciones petrolíferas previstas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. Foto: Efe.

Los movimientos sociales de Canarias harán una consulta alternativa sobre las prospecciones petrolíferas previstas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura si la promovida por el Gobierno canario al final no se realiza.

El portavoz del movimiento canario contra las prospecciones petrolíferas, Jerónimo Gómez, ha indicado este miércoles, tras participar en una reunión con el presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero (CC), y representantes de otras organizaciones políticas, sociales y ecologistas, que la consulta se hará "sí o sí".

En caso de que la consulta convocada para el próximo 23 de noviembre legalmente no pudiera llevarse a cabo, los movimientos sociales se organizarían y la sacarían adelante aunque no fuera vinculante, ha señalado.

Este jueves está previsto que la Comisión Permanente del Consejo de Estado apruebe el dictamen del recurso que el Gobierno central pretende interponer contra la consulta canaria por las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago.

La interposición de ese recurso ante el Tribunal Constitucional habilitaría al Consejo de Ministros para promover la suspensión cautelar del decreto impugnado por un período de cinco meses.

La consulta alternativa si la oficial se suspende está "todavía por estudiar", si bien los movimientos sociales ya organizan reuniones para decidir los términos exactos de esta alternativa.

"Si no es a través del Gobierno de Canarias lo haremos por nosotros mismos", ha aseverado Goméz, quien confía en que no sea el órgano político el que decida, sino que sea la propia Justicia, para que la consulta se pueda llevar a cabo.

El "único" problema es que el PP "tumbe" la consulta, ha alertado el portavoz, quien ha considerado que sería un "varapalo muy grande" para los movimientos sociales.

No obstante, ha agregado, "estamos totalmente convencidos de que no nos van a poder quitar el derecho de poder opinar".

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario, Francisco Hernández Spínola (PSOE), ha indicado que el Ejecutivo no concibe en estos momentos "ninguna medida alternativa", ya que consideran que tienen "un marco legal para desarrollar una consulta legal".

Hernández Spínola ha aseverado que el Gobierno de Canarias tiene "un plan", que es desarrollar la consulta y celebrarla el 23 de noviembre, pues está convencido de que se va a tener el refrendo legal suficiente para que los ciudadanos de Canarias se puedan pronunciar.

El consejero ha subrayado que la legalidad ha sido siempre un elemento determinante en la acción del Gobierno y que el respaldo que obtuvieron los decretos del Consejo Consultivo de la comunidad autónoma ha sido un espaldarazo para llevar adelante la consulta.

Ha recordado que ya se ha publicado un primer decreto y, con toda probabilidad, el lunes se publicará el segundo que regula el funcionamiento de la consulta.

El consejero ha dicho que no están esperando "absolutamente a nada" respecto al informe solicitado al Consejo de Estado.

La consulta que el Gobierno canario ha convocado, basándose en la Ley autonómica sobre Participación Ciudadana, plantea esta pregunta: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

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