Así es el ‘referéndum doméstico’ que baraja Rivero por los sondeos de Repsol

Paulino Rivero, este viernes en Baleares.

Teresa Cárdenes

Las Palmas de Gran Canaria —

El Gobierno de Canarias estudia la posibilidad de lanzar un referéndum no oficial realizado con censos de inscripción voluntaria para los ciudadanos y con voto a pie de urna y, aunque se trate de una consulta con un resultado no vinculante, busca en estos momentos cómo organizarlo de forma que arroje un resultado revestido de la máxima credibilidad posible ante el rechazo del PP a la hipótesis de una consulta formal al amparo del artículo 92 de la Constitución Española.

El Gobierno de Paulino Rivero mantendrá una doble actuación de rechazo a las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Ministerio de Industria a la compañía Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, y prepara una nueva andanada de recursos en la vía judicial, esta vez contra el segundo permiso que tendrá que aprobar José Manuel Soria tras la declaración de impacto ambiental ratificada y anunciada en la víspera del Día de Canarias, confirmó esta tarde el comisionado de autogobierno y persona de confianza de Rivero para hacer un seguimiento a la polémica del petróleo, Fernando Ríos.

“Lo antes posible”

Se trata todavía de una hipótesis, pero el Gobierno avanza en los preparativos de ese posible referéndum no oficial que se celebraría “lo antes posible”, es decir, antes de que Repsol comience de manera efectiva los sondeos a unos 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura.

Todas las posibilidades que maneja el Ejecutivo autonómico giran en torno al artículo 20 de la ley canaria de participación ciudadana. Este artículo faculta expresamente al presidente del Gobierno a “recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana”.

Es obvio que autorizar o no prospecciones petrolíferas no constituye una competencia autonómica. Pero es más que previsible que, frente a este argumento, el Ejecutivo argumente que sí lo es proteger el gran pulmón de la economía canaria, es decir, un turismo de sol y playa cuya principal fortaleza son el litoral y el buen clima de Canarias.

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