Los peritos de EEUU de la demanda canaria contra Boeing fueron despedidos por la asociación JK5022 en 2010
Abril de 2009. Habían pasado ocho meses desde el fatídico accidente aéreo del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas. El juez titular de Instrucción 11 de la capital de España, encargado de investigar la causa penal, no encuentra manera alguna de poner en marcha el órgano pericial colegiado para profundizar en las pesquisas del siniestro mortal del MD-82, que golpeó con dureza a muchas familias de Gran Canaria, destino final del avión de Boeing.
La instrucción no avanza. El magistrado Juan Javier Pérez toma una decisión drástica: dejar sin efecto el órgano pericial colegiado. En el sector aeronáutico español de peritaje de accidentes, una mayoría de profesionales propuestos tiene demasiados vínculos con los presuntos responsables (Spanair, Mapfre, Boeing...; el Estado), al final exonerados en la causa penal mediante el auto de apertura de juicio que responsabilizó por 154 homicidios imprudentes solo a dos obreros de la desaparecida aerolínea.
Sin embargo, el desplante pericial cambia en cuestión de semanas. El 13 de mayo de 2009, el primer letrado de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Alberto Hawach, presenta como peritos al grupo de expertos estadounidenses que cinco años después va a intentar demostrar ante un juez de Las Palmas de Gran Canaria que el MD-82 de Spanair era un producto defectuoso, y lo sigue siendo en los más de mil aparatos de esa gama de Boeing que surcan los cielos, con el consiguiente riesgo de que se repita un accidente similar, como en Detroit en 1987.
Willliam Dvorak, Allan E. Diel, Robert Alexander, Myron Papadakis y el fallecido Jim Burnett, los cinco peritos [con una declaración jurada antes de su fallecimiento del último] que diez familiares de siete víctimas mortales del JK5022 han contratado para demandar a Boeing por 56 millones de dólares [41,5 millones de euros], ya fueron designados como tales, dada su vasta experiencia, en la causa penal llevada por Instrucción 11 de Madrid, y algo saben. Es más, formaron parte de las demandas civiles que unas cuatro decenas de los asociados iniciaron sin éxito final en Estados Unidos, por considerar una corte de California que debían pleitear primero en España.
Los cinco expertos, junto a Curt Lewis, profesionales de la empresa Airlaws Aviation Consultants, fueron designados peritos por el juez instructor mediante providencia del 18 de mayo de 2009, a propuesta del primero de los abogados de la AAV JK5022, Hawach, para determinar las causas de la catástrofe que acabó con la vida de 154 pasajeros el 20 de agosto de 2008. Pero como tales estuvieron actuando tan solo unos meses.
En junio de 2009 la asociación entró en crisis. Estallaron fuertes discrepancias que han acabado en los tribunales y el relevo de su dirección letrada: Hawach fue sustituido por Esteban Mestre. En enero de 2010, cuando el juez instructor decretó que los peritos propuestos por todas las partes se ratificasen en sus funciones jurando o prometiendo sus cargos ante el órgano judicial, la asociación decidió prescindir de ellos. El motivo oficial: no haber presentado a la junta directiva y su dirección letrada “un esquema de trabajo y planificación de los objetivos”. La vía de responsabilizar a Boeing por medio de estos expertos se bloqueaba…
Pilar Vera, actual presidenta de la AAV JK5022, ha declinado hacer manifestaciones tanto de esta nueva demanda como de aquellos momentos de cambios de peritos, aunque desde la asociación se recuerda que durante tres años y medio intentaron en vano que el juez instructor incluyera a Boeing entre los responsables del accidente, por el mismo producto defectuoso que argumentaron, entonces y ahora, los peritos estadounidenses, que habían centrado sus informes exclusivamente en la responsabilidad del fabricante y no en otras variables.
Pero los hechos de hace cinco años dentro de la causa penal tuvieron su correlación apenas unos meses después. En abril de 2010, una de las últimas juntas directivas de la asociación en la que todavía era presidenta Saleta Mistal, con Pilar Vera de vicepresidenta, abordó la firma de un convenio con Aeropuertos Españoles y Navegación Área (Aena), el organismo estatal del Ministerio de Fomento a punto de privatizarse ahora, en el cual, entre otros puntos, se recogía una reserva de 210.000 euros para pagar a peritos, sufragados por Aena. Vera lo ha negado a este periódico con rotundidad, aunque conste documentación en el sumario penal.
Los profesionales de entonces ya no eran los expertos estadounidenses que ahora sí que vuelven a la primera línea, en su vertiente civil, con la demanda presentada y admitida en el Juzgado de Primera Instancia 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo hacen con el factor Boeing, desactivado desde la asociación de afectados con sus decisiones de 2009 y 2010, por lo que reabren la opción de que el fabricante de los MD-82 se vea en un banquillo, como pretendieron estos peritos de Estados Unidos durante el inicio de la causa penal, hasta que fueron apartados del caso.
Canarias, Madrid, Estados Unidos
En el foro también hay controversia sobre la competencia del juzgado canario para conocer de la causa civil contra Boeing, al no tener el fabricante de los MacDonell Douglas sede en la capital isleña, a diferencia de Mapfre, que sí tiene que pleitear en los juzgados mercantiles grancanarios. Es probable, por tanto, que como contestación de Boeing la demanda se derive a Madrid, donde existe oficina de la multinacional estadounidense, o incluso vaya de vuelta a Estados Unidos, en donde ya se pleiteó por parte de muchos miembros de la asociación con este mismo equipo de expertos peritos estadounidenses, descartados de la causa penal española.
Del mismo modo, las demandas abiertas en LPGC contra Mapfre, que en los últimos meses se han visto en audiencia previa en los dos juzgados mercantiles, quedan a expensas de la acumulación de casos que pide la aseguradora para el primer juzgado donde se presentó una acción civil que siga viva, el Mercantil 12 de Madrid, aunque este no haya fijado su vista previa.
Es por eso que el juez del Mercantil 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Carlos Martínez, que decidió dictar sentencia sin juicio a diferencia de Mercantil 1 que ha fijado juicio para el 30 de septiembre, aún no lo ha hecho a pesar de haberse agotado los plazos. Fuentes jurídicas han explicado que el magistrado no quiera incurrir en nulidad, aunque no haya habido comunicación formal entre juzgados y traslado a las partes para la acumulación de las demandas en Madrid.
En cuanto la acumulación se decida [si el juzgado canario, tras escuchar a las partes, se opone, la decisión quedará en manos del Supremo], el foco del conflicto con Mapfre saldría de Gran Canaria, destino final de aquel fatídico vuelo del JK5022 hace ahora seis años.
