El Gobierno impulsa la transformación digital de la Justicia

El Consejo de Ministros aprobó ayer, y remitirá a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, que establece un marco de vanguardia para facilitar su transformación digital. La norma regula los servicios digitales accesibles al ciudadano, refuerza la seguridad jurídica en el ámbito digital y orienta los sistemas de justicia hacia el empleo racional de los datos.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha enmarcado el proyecto en el Plan Justicia 2030 y, junto a las dos leyes de eficiencia procesal y organizativa que se encuentran ya en trámite parlamentario, lo ha considerado “un paso crucial, fundamental, para construir los cimientos fuertes y sólidos del edificio de la justicia del futuro, una suerte de justicia 5.0.”.

Gracias a las medidas contenidas en la futura norma se mejorará la accesibilidad de la ciudadanía al servicio público de justicia, la eficiencia del trabajo de todos los profesionales y la optimización de los recursos.

Por una parte, se fomentará la celebración de juicios y vistas telemáticas. Durante la pandemia ya se celebraron más de un millón, con un ahorro estimado de más de 19 millones de euros en desplazamientos y 9.000 toneladas de CO2, “el equivalente a 1.382 vueltas al mundo”, ha detallado la ministra.

Habrá asimismo una Carpeta Justicia, que será similar y estará conectada a la Carpeta Ciudadana, para facilitar la identificación digital segura y que cualquier persona pueda realizar trámites desde su ordenador o teléfono móvil. Para eliminar brechas generacionales, territoriales o económicas este servicio será accesible desde cualquier municipio de España a través de las oficinas judiciales municipales.

El tercer eje será la interoperabilidad de todos los sistemas y su automatización, así como el tratamiento de datos. Llop ha puesto como ejemplo el logro, ya conseguido después de muchos años pendiente, de que los siete distintos sistemas de gestión procesal que existen en el territorio sean completamente interoperables con el Tribunal Supremo. Respecto a la automatización, la ministra se ha referido como muestra a los juicios por desahucio: la notificación que se tiene que hacer a los servicios sociales se hará de manera automática “para que no quepa ningún tipo de olvido y se proteja a las personas más vulnerables”.

Pilar Llop ha agradecido las aportaciones de todos los colectivos profesionales implicados y la colaboración público-privada con empresas de innovación y de inteligencia artificial para poder llevar a cabo este importante desafío tecnológico.

La ministra también ha enfatizado que el proyecto de ley tiene en cuenta la seguridad jurídica, el marco referencial ético y de derechos humanos, la mejora de la ciberseguridad y el respeto al contenido de la Carta de Derechos Digitales aprobada el año pasado.