Chile autoriza la extradición a Perú de Fujimori
El Gobierno peruano garantizó este viernes que el ex presidente Alberto Fujimori, cuya extradición aprobó la Corte Suprema de Chile, tendrá el “debido proceso” judicial en este país.
Así lo dijeron los ministros de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, y de Justicia, María Zavala, quienes agregaron que el traslado de Fujimori a Perú se llevará a cabo bajo las más estrictas medidas de seguridad, aunque no adelantaron cuando se producirá.
Por su parte, el primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, pidió a sus compatriotas “suma serenidad” ante la inminente llegada al país del ex presidente, para que el Poder Judicial pueda actuar “con serenidad, equidad y justicia”.
En declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP), del Castillo reveló que el Gobierno evaluará este viernes “los pasos que se van a tomar” y prometió que no se va a “apresurar ni dilatar” el retorno de Fujimori.
“No puede haber maltrato, ni actitudes condescendientes”, declaró el primer ministro al asegurar que el trato debe ser “justo y normal”, teniendo en cuenta que se trata de un ex gobernante.
La titular de Justicia también solicitó a los peruanos confianza en el Poder Judicial: “el señor ex presidente va a tener un juicio en el que se va a garantizar el debido proceso”, comentó a la estatal TV Perú.
Zavala rechazó dar detalles sobre el traslado y reclusión de Fujimori en Perú al coincidir con el primer ministro en que hay que garantizar su seguridad.
Mientras tanto, y en una entrevista con la Cadena Peruana de Noticias (CPN), el canciller García Belaúnde subrayó que el Gobierno aguarda información oficial de Santiago “para hacer los arreglos pertinentes” relativos al traslado de Fujimori, bajo fuertes medidas de custodia.
De acuerdo a uno de los abogados defensores, Gabriel Zaliasnik, el ex mandatario podría ser conducido a Perú probablemente en las próximas 24 horas.
La Justicia chilena dio luz verde a la extradición del ex presidente Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, al dar por probada su culpabilidad en dos delitos de violaciones a los derechos humanos y cinco de corrupción.
La decisión fue adoptada por la II Sala Penal del máximo tribunal chileno, revocando así el fallo emitido en primera instancia el pasado 11 de julio cuando el juez Orlando Álvarez rechazó la demanda de extradición.
