Invisibles en la ciudad
Presumen los porteños de la avenida más ancha del mundo, aunque quizá la dimensión resulte más un inconveniente que una ventaja por empequeñecer al individuo y diluir los acontecimientos. Y, de hecho, allí, en pleno centro de Buenos Aires, en la intersección de la 9 de Julio con la avenida de Mayo, con la presidencial Casa Rosada a un extremo y el monumental Congreso de la Nación al otro, más de 70 indígenas qom de la provincia norteña de Formosa acumulan más de dos meses en una acampada de protesta sin obtener una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno federal.
“Hay una buena aceptación de la gente, nos ayudan y alientan, para sostener nuestra lucha”, subraya el líder de la comunidad La Primavera, Félix Díaz, en referencia a la solidaridad mostrada por la ciudadanía en general y organizaciones sociales como Amnistía Internacional. De 51 años, casado, con 4 hijos y 3 nietos, el referente indígena, instalado allí en solitario desde principios de diciembre y ahora acompañado de toda su familia, no se muestra “desesperado” pese al incumplimiento del acuerdo en asuntos territoriales, sanitarios y sociales suscrito por el Ejecutivo nacional a finales del pasado año. “Tenía entusiasmo, pero el compromiso lastimosamente no se cumplió y fue una burla para nosotros. Seguimos siendo conscientes de la dificultad, pero estamos con muchas ganas de lograr algo concreto y definitivo que garantice nuestra seguridad”.
No en vano, desde La Primavera pelean, entre otras reivindicaciones, hasta por el respeto al derecho a la vida, pues el miembro de la comunidad Roberto López falleció a final de noviembre por disparos de la policía formoseña en los disturbios desatados a raíz del corte de una carretera nacional por el pueblo qom y saldados, además, con una treintena de detenidos junto al desalojo y destrucción del asentamiento. Al igual que en la mayoría de conflictos protagonizados por los pueblos originarios en Argentina, el “problema fundamental” de la etnia qom, con alrededor de 5.000 miembros de seis comunidades, radica en el reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales para, de este modo, mantener una economía de subsistencia basada en la agricultura, la caza, la pesca y la artesanía. “La falta de territorio nos hace depender de la migajas del Estado, pero no todos pueden acceder a los planes sociales”, lamenta el referente de una comunidad asentada sobre 2.400 hectáreas, 750 de ellas en disputa al situarse dentro de los límites del Parque Nacional Pilcomayo.
Incumplimiento de las leyes
En este contexto, la Constitución de la República Argentina se reformó en 1994 para reconocer el derecho de las etnias indígenas a “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” y la Ley 26.160 se sancionó en 2006 para suspender “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación” de los asentamientos aborígenes durante cinco años a la espera de la elaboración de los dictámenes necesarios para determinar la situación de los suelos comunales por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), un texto prorrogado hasta 2013 a causa del retraso o ausencia de desarrollo en las preceptivas labores de las autoridades provinciales. Sin embargo, una restrictiva interpretación jurídica por parte de los tribunales, además de su denunciada vinculación a intereses políticos y económicos, lastra el cumplimiento efectivo de la normativa en diversas provincias y, entre ellas, Formosa supone un caso paradigmático. “Aunque las leyes fueron creadas para garantizar nuestra existencia, siempre son violadas por el mismo Estado”, sentencia Félix Díaz.
Por ello, numerosas comunidades indígenas, un colectivo que representa alrededor del 1,5% de la población argentina al sumar 600.000 personas de una veintena de etnias, ya se unieron el pasado año para recorrer el país y confluir en la capital federal mediante la Marcha Nacional de los Pueblos Originarios, protesta desarrollada en vísperas de la celebración oficial del bicentenario de la independencia nacional (1810-2010). A finales de mayo, más de 10.000 personas se plantaron ante la Casa Rosada para reclamar a la presidenta del Gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, un pacto para la constitución de un Estado Plurinacional basado en la reparación de, además de la cuestión territorial, las deudas históricas en cultura y educación (reconocimiento de las lenguas indígenas como oficiales, creación de institutos y universidades autónomas sobre la cultura tradicional y eliminación del 12 de octubre del calendario oficial de días festivos), medioambiente (aprobación de la ley de glaciares vetada por el actual Gobierno, derogación del código minero que permite las grandes explotaciones a cielo abierto y constitución del Tribunal de Justicia Climática y Ambiental) y economía (dotación presupuestaria para un fondo especial permanente destinado a planes para el desarrollo de cada territorio con la participación de las comunidades).
Sin embargo, el compromiso expresado entonces por Fernández de Kirchner se limita, casi un año después, a una mera declaración de intenciones, a tenor de la infructuosa protesta desarrollada por la comunidad qom La Primavera en la 9 de Julio y visibilizada también para todo el mundo mediante una bitácora. “Acá seguiremos a pulmón, no regresaremos hasta que se solucionen nuestros problemas, somos capaces sin depender de los partidos políticos”, advierte Félix Díaz, que tampoco descarta retomar la huelga de hambre mantenida durante diciembre, continuar con los cortes de carreteras o iniciar nuevas acciones reivindicativas. “Somos indígenas y pobres, pero no inferiores”.
