Karzai hace una concesión en el calendario de salida de empresas de seguridad privadas
KABUL, 27 (Reuters/EP)
El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, ha hecho una pequeña concesión en cuanto al calendario que regirá el proceso de salida del país de las empresas de seguridad privadas, cuya presencia ha sido prohibida mediante un decreto que se emitió el pasado agosto. La Presidencia ha indicado en un comunicado que la fecha límite fijada anteriormente, diciembre de este año, podría aplazarse hasta dos meses.
El decreto excluye a las empresas que protejan embajadas, instalaciones militares, residencias de diplomáticos y el transporte de personal diplomático. Según el comunicado, se ha formado un comité que preparará un calendario para que las demás empresas de seguridad privadas cesen sus actividades en Afganistán, que se presentará el próximo 15 de noviembre. A partir de entonces, tendrán un máximo de 90 días para poner fin a sus operaciones.
El nuevo calendario reconoce “la importancia de mantener la aplicación continua de proyectos y programas de desarrollo cruciales financiados por la comunidad internacional”, dice la nota. “Cuando finalice la implementación del plan, el Gobierno de Afganistán asumirá la responsabilidad de proporcionar la seguridad necesaria para los proyectos de desarrollo y reconstrucción”, añade.
A Estados Unidos le preocupa que las labores de ayuda humanitaria se vean perjudicadas por una mayor inseguridad como consecuencia de la aplicación del decreto. El sábado pasado, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, llamó por teléfono a Karzai para proponerle un plan conjunto para sustituir gradualmente a las empresas de seguridad privadas.
Pero el Organismo Coordinador para la Ayuda Afgana (ACBAR, por sus siglas en inglés), que agrupa a varias ONG que trabajan en Afganistán, dijo que la prohibición no afectará a la labor de sus cooperantes porque la mayoría trabajan sin protección.
“Hay una gran diferencia entre las ONG y las empresas de desarrollo que dependen de empresas privadas para tener seguridad”, declaró a la agencia Reuters el director de ACBAR, Laurent Saillard, que pronosticó que “la ayuda que distribuyen las ONG no sufrirá con esta prohibición”, pero sí experimentará sus efectos negativos “la ayuda que proporcionan las compañías de desarrollo”.
Esas compañías, que buscan obtener beneficios, casi siempre contratan a guardias de seguridad armados, normalmente proporcionados por contratistas de seguridad. Algunas de estas empresas han estado implicadas en tiroteos y otros incidentes.
Según ACBAR, en Afganistán hay unas 2.000 ONG afganas y 360 extranjeras, y sólo seis de ellas recurren a los servicios de empresas de seguridad privadas, principalmente para contratar a guardias desarmados que protejan oficinas y viviendas.
Por otro lado, Saillard señaló que la percepción que tienen los grupos armados de las ONG está cambiando poco a poco aunque aún se producen secuestros y ataques. El número de miembros de ONG muertos o heridos por ataques de la insurgencia ha aumentado un 29 por ciento este año respecto al anterior, aunque Saillard precisó que esto se debe sobre todo a que diez cooperantes han sido asesinados este año en el noreste de Afganistán.
