Marruecos impide a una delegación canaria reunirse con presos saharauis
Las autoridades penitenciarias de la prisión de Sale I, en Rabat, han impedido este martes el acceso a las instalaciones a una delegación canaria que pretendía reunirse con los presos saharauis que fueron condenados en un juicio militar por su participación en la organización del campamento de Gdeim Izik.
La delegación de cargos institucionales estaba formada por Carmelo Ramírez, consejero del Cabildo de Gran Canaria; Claudina Morales, diputada del Parlamento regional; Josefa Milán, concejala del Ayuntamiento de Telde, y Teresa Morales, exdiputada.
Ante la imposibilidad y la negativa de las autoridades marroquíes a permitir este encuentro, los cuatro representantes políticos han emitido un comunicado en el que denuncian el encarcelamiento de militantes y activistas saharauis, defensores de los Derechos Humanos, “y en especial del grupo de Gdeim Izik, ”condenados injustamente con durísimas penas de prisión, que van desde la cadena perpetua hasta los 20 años de reclusión, por sólo reivindicar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y el cese de la represión marroquí contra la sociedad civil saharaui“.
Además exigen el cese de la “ocupación ilegal marroquí” y poner fin a “la violación de los Derechos Humanos en los territorios ocupados, las torturas, el allanamiento de viviendas, la violencia indiscriminada sobre la población civil y el expolio de los recursos naturales”.
La delegación canaria también exige la libertad sin cargos de todos los presos y activistas saharauis “encarcelados sin pruebas convincentes y sin respetar las mínimas garantías procesales”. “Lo único que pretende el régimen marroquí es doblegar la voluntad de los saharauis con represión indiscriminada y selectiva, cosa que no ha logrado después de 38 años de ocupación ilegal”, añade la nota.
Por último, señalan que es “urgente” la aplicación de la resolución de la ONU sobre el Sáhara, celebrar el referéndum de autodeterminación “con todas las opciones, incluida la de la independencia” y extender el mandato de la Minurso a la protección de los Derechos Humanos en el territorio para “poner fin a la impunidad con la que el Gobierno de MArruecos ejerce su ilegal ocupación desde 1975”.
