Echarle a Soria de comer aparte

El sin embargo ministro José Manuel Soria firmó en El País del miércoles pasado, 13 de enero, un artículo titulado “Estamos a tiempo”. Un texto novedoso sin llegar a sorprender que no lo publicara en El Mundo donde tanto dinero gastó en los tiempos de Pedro Jota sino en El País, que ya no es lo que era. La sorpresa radica en que, por fin, dijo el hombre una verdad: la de que las elecciones del 20-N cambian muchas cosas; verdad que compensó al proclamar que en la política española caben interpretaciones para todos los gustos; como si fuera lo suyo la tolerancia democrática y no todo lo contrario. Mintió y ahí está para demostrarlo su conocida y reconocida ejecutoria de expulsión a las tinieblas exteriores de los compañeros de partido que no compartían sus gustos para sustituirlos por paniaguados obedientes; y nada digo de la persecución de periodistas no adictos ni de sus querellas contra los que no se le someten porque no le temen. Su ADN fascista le llevó incluso a solicitar de los jueces, en varias ocasiones, penas de prisión para los escribidores.

No me extenderé con Soria y sus asuntillos poco claros más allá de lo que tiene de paradigma pepero. Su publicado del miércoles 13 pretende persuadir a los socialistas y que apoyen la investidura de Rajoy para asegurar cuatro años más de embestiduras como las anunciadas, de hecho, por el jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. A este señor su impronunciable apellido no le impide decir clarito que España necesita nuevos ajustes y reformas y que debe recibir los correspondientes castigos por sus incumplimientos fiscales.

Advierte Soria a los socialistas de que sus verdaderos enemigos son los de Podemos y le recuerda a Pedro Sánchez que Felipe González pasó, en su día, de oponerse al ingreso de España en la OTAN a forzar al PSOE a defender la incorporación a la organización militar. Si Felipe cambió entonces de actitud, viene a decirle Soria a Sánchez, también podría él rectificar, no continuar enzurronado con su voto negativo y al menos abstenerse para que Rajoy sea investido presidente. Si a Felipe le sirvió la OTAN para favorecer su liderazgo, facilitarle a Rajoy la investidura fortalecería el suyo y pondría en piedras de ocho el gran pacto PP-PSOE, con Ciudadanos de monaguillo; lo que obligaría, por cierto, a unos cuantos a irnos de refugiados a Cataluña, llegado el caso de consumarse el procés.

Vaya por delante que demasiado saben los socialistas que Podemos va a por ellos. Pablo Iglesias no lo oculta y proclama sus intenciones dondequiera que se siente a tomarse un cafelito. Pretende arrinconar al PSOE para obligarlo a hacer una política que se corresponda al liderazgo de la izquierda que reivindica. No me gusta, qué quieren, la petulancia de Iglesias, que se pasa de rosca con facilidad, pero comprendo que no se fíe del PSOE al que acusa de no cumplir lo que promete cuando consiguen los socialistas subirse al machito. De momento, todo apunta, dicen los peor pensados, a que Sánchez, presionado por los poderes del mundo financiero y empresarial y de la Prensa de la “situación”, que se decía en lo antiguo, se lo está pensando. Al menos se desprende de la supuesta transacción para colocar a Patxi López en la presidencia del Congreso en cuya Mesa dispone el PP de tres miembros por dos del PSOE (incluido López) y otros dos de Ciudadanos y Podemos respectivamente. El PP dominará así la Mesa del Congreso, sobre todo si se compincha con Ciudadanos; y como tiene mayoría en el Senado, virtualmente queda en sus manos el control de las dos cámaras y la posibilidad de bloquear las iniciativas legislativas que no interesen a sus patrocinadores. Es el ma non troppo del cambio que todos prometen. Las críticas a Sánchez por avenirse al supuesto apaño no se han hecho esperar. El remate sería que el PSOE optara por abstenerse en la investidura para permitir a Rajoy acceder a la presidencia. Pedro Sánchez niega que eso vaya a ocurrir, pero con los intereses económicos y políticos en juego y las presiones que surcan los cielos no es recomendable afirmar de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, no vaya a ser que al osado lo parta un rayo; jupiteriano, off course.

Vuelvo a constatar el estatismo soriano con solo colocar su parida bajo la lente de un artículo de José Ignacio Torreblanca inserto en la misma edición de El País, unas páginas antes del de Soria. Torreblanca recuerda la clasificación del electorado español del sociólogo Jaime Miquel. Según Miquel en España hay algo más de cuatro millones de electores nacidos antes de 1938. Son, dice, los “niños de la guerra” (civil, por supuesto), tienen ahora mismo más de 77 años y representan el 12% del censo. Les siguen los nacidos entre 1939 y 1959, los “niños de la autarquía”, casi nueve millones que andan entre los 57 y 76 años y copan el 25% del censo. Luego vienen los “reformistas”, los que nacieron de 1953 a 1973 que van de los 42 a los 56, son nueve millones y medio y el 35% del censo.

Una vez establecida la clasificación, utiliza Miquel, dice Torreblanca, un alud de datos sobre el comportamiento electoral y la cultura política de los ciudadanos españoles para sentar que cuanto ocurre ahora en España es, en gran medida, reflejo de la ruptura generacional pues el PP obtiene la mayoría de sus votos entre los mayores de 65 años y el PSOE entre los mayores de 54. Un declive electoral de los dos principales partidos y del bipartidismo que arranca de la incapacidad de ambas formaciones asumir y representar la cultura política de los ciudadanos nacidos en democracia. Estos desprecian los usos y hábitos de la política tradicional caracterizada por el clientelismo, la sumisión a la autoridad, la corrupción, la falta de transparencia y la negativa a rendir cuentas. Según él, la cultura política del posfranquismo choca radicalmente con la dominante entre los jóvenes de hoy, urbanos y educados, abiertos, participativos y críticos; si bien, apostillaría, tienden a despreciar, con buena dosis de postureo en muchos casos. Consideran lo actuado en la lucha antifranquista batallitas del abuelo gagá y valoran poco la Transición y la Constitución de1978 por su incapacidad para imaginar de donde venía el país. Lo que, quizá, no debe reprochárseles porque es difícil imaginar que una militarada de corte decimonónico pudiera prolongarse durante los tres primeros cuartos del siglo XX. Estos nuevos votantes, ignorantes de que la juventud se cura con los años, no se sitúan a la derecha ni a la izquierda de nada sino enfrente y es por eso que, con frecuencia, se les tacha de “antisistema”. Erróneamente no porque no lo sean sino porque semejante etiquetado suele esconder la ausencia de autocrítica, que es el ambiente que predomina dentro del sistema. Si Miquel no se equivoca, dice Torreblanca, la pregunta que debe hacerse no es qué reformas pactar con ellos para que se pongan chaqueta y corbata, la vestimenta del sistema aventuro, sino qué rupturas.

Está claro para quien lea su artículo que está Soria muy lejos de todas esas inquietudes y observaciones. Es lo suyo una sarta de lugares comunes en plan meritorio. Según él es precisa “una gran coalición” entre las dos primeras fuerzas políticas con Ciudadanos para la defensa de la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad económica, política y social, la moderación y la centralidad, aspiraciones y atributos que, bien sabemos, figuran en el frontispicio del tinglado del PP como blancos a tiro de decreto ley. Tiene su coña que salga Soria con esas como si no estuvieran ahí estos últimos cuatro años, a los que quiere añadir los casi ocho de obstrucción a los gobiernos de Zapatero, más los episodios de corrupción, de retroceso democrático, de perdida de presencia española en la escena internacional, etcétera. Sin olvidar el modo tan poco atlético de correr de Rajoy para sonrojo de un país que, después de todo, es campeón del mundo de fútbol, cuenta con un Nadal, un Gasol y hasta con una UD, dicho sea por patriotismo isleño, que no va a ser siempre la dulce sombra del almendro, oye. Me ofendió, qué quieren, ver a Rajoy caracterizado de guiñol corriendo delante de unos escoltas más bien parsimoniosos. Sobre todo porque quienes lo hayan visto en el exterior pueden llegar a sospechar que los atletas españoles destacan a fuerza de doparse, como dijeron los franceses de la selección de baloncesto, rascados por la derrota.

Muchas cosas y pocas buenas podrían decirse de esta derecha desvergonzada. Pero solo les recordaré que Soria, precisamente el mismo Soria que invoca la victoria electoral de Rajoy para que se le acepte como presidente, pactó en Canarias con CC a fin de impedir al socialista Juan Fernando López Aguilar acceder a la presidencia canaria tras las elecciones autonómicas de 2007: de 60 diputados al Parlamento canario, obtuvo 26 el PSOE con López Aguilar. 19 CC y 15 el PP, dirigido por Soria. Hubo entonces lo que el propio PP condena ahora como “pacto de perdedores” del que salió el Gobierno CC-PP que procuró hacerle la vida imposible a López Aguilar con la complicidad de elementos destacados del propio PSOE canario. Que Soria defienda ahora que gobierne el más votado, de no conseguir nadie la mayoría absoluta, pone de manifiesto un cinismo desvergonzado nada respetuoso con la inteligencia de la gente y la memoria de aquellos días que tanto ayudó a que resultaran irrespirables.

Por otro lado, adolece Soria de una concepción de la dinámica histórica que le permita apreciar de qué forma se modifican con el paso del tiempo las actitudes del cambiante cuerpo social. No debió ir a clase de Filosofía el día que tocó explicar que aunque el río parezca ser siempre el mismo, en realidad no lo es. No abundaré en la costumbre de interpretar los resultados electorales como expresión de la voluntad popular cuando la realidad es que el electorado no existe: lo que hay son electores, es decir, individuos, cada uno hijo de su padre y de su madre. Resulta excesivo, por tanto, extrapolar de unos resultados electorales la existencia un supuesto mandato específico que, por cierto, beneficia siempre, sospechosamente, a quien le da semejante consideración. En un país donde el Gobierno considera formalmente al Congreso el “templo” de la soberanía popular y hace una ley para empapelar a quien se lo crea como se persone allí a protestar puede ocurrir de todo.

Mal comienzo de año para Felipe VI

El lunes 11 de enero comenzó el mal año que le espera al rey. El día anterior se produjo la investidura de Carles Puigdemont en la que se evitó, en todo momento, aludir a la Corona y a la Constitución. Si los “quebecuás” mantienen sus aspiraciones independentistas con absoluto respeto a la legalidad constitucional canadiense en tanto no haya un referéndum (llevan al menos dos) que se pronuncie por la independencia y hasta que esta no se articule, los catalanes han empezado por ignorar la legalidad española. Actitud contra la que no tengo que decir sino que me parece contradictorio que la presidenta del Parlamento solicitara audiencia al monarca para comunicarle lo que pudimos ver por TV. Es evidente que los catalanes han querido poner la ruptura por delante así que no es lógico que quisieran comunicársela al rey personalmente y sí bastante que Felipe VI solicitara que lo hicieran por escrito. Creo que la política del PP, que no ha encontrado la necesaria corrección de las otras fuerzas políticas, es la que ha llevado las cosas al extremo en que están. El respeto de los independentistas de Quebec a las instituciones canadienses, resultado de un diálogo democrático, no se ha dado en España y así les (nos) va.

Cabía sospechar que tampoco estaba el rey para recibir formal y personalmente la noticia justo el día en que su hermana Cristina se sentaba por primera vez en el banquillo de los acusados. No creo, que para eso lo educaron como rey, que el asunto de la infanta y de su esposo le hubieran apartado de la audiencia protocolaria a Carme Forcadell de modo que hay que ver en la actitud del monarca la intencionalidad política de mostrar cierto grado de beligerancia y cabe suponer que con el paso del tiempo podremos deducir su posición, sin duda contraria a la secesión catalana aunque imagino que poco tendrá que ver con las simplonería españolista de Rajoy que a cada día que pasa estrecha aún más la boca de salida de la situación. Mucho habla de su disposición al diálogo pero nada hace por dialogar y si en algo ha sido de lo más explícito es para amenazar con toda la fuerza y el poder del Estado. Quiere someter a los catalanes y no llegar a ningún acuerdo con ellos. O sea, que tampoco esta vez existen, que sepamos, los elementos necesarios para dar con una solución que evite el trauma secesionista que, de producirse, tendrá rápidamente imitadores en otras zonas del país. No sé lo que piensa el rey, como digo, pero imagino que algo estará haciendo. O intentará.

En cualquier caso, la novedad de ver a una infanta de España sentada en el banquillo casi borra la notoriedad de todo lo demás. El asunto interesa tanto a las revistas del corazón como a la Prensa más sesuda y trascendente. Incluso a las revistas de Derecho y las especializadas en asuntos hacendísticos. No tengo nada contra la infanta, como comprenderán, pero es posible que empiece a tenerlo visto el espectáculo que están dando el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach y la Abogada del Estado personada en nombre de la Agencia Tributaria como perjudicada por los supuestos delitos. Si es fuerte que el fiscal se erigiera en defensor de la acusada, lo de la representante de la agencia tributaría es de traca. Porque con ser cierto que el famoso eslógan “Hacienda somos todos” pertenece al mundo de la publicidad y no puede aplicarse en Derecho, no lo es menos que no fue el suyo un comentario afortunado. En primer lugar, no contribuye a mejorar la conciencia fiscal de los españoles, ya bastante machacadita por los casos de corrupción que se producen por racimos. Puede llevar, por otro lado, a conclusiones como la de que si no somos todos será porque hay quienes no la consideran suya y por eso no pagan. Es decir, que ese “somos” lo integran los babiecas sujetos a una nómina y demás seres indefensos y sin escapatoria.

Podría pensarse que la letrada Ripoll no concibe que una infanta, nada menos, se siente en el banquillo. En definitiva, tanto ella como Horrach quieren que el tribunal dicte el sobreseimiento en aplicación de la doctrina Botín. Esta consiste en no abrir juicio cuando solo hay acusación popular, no particular ni de la Fiscalía. Se diferencia, pues, entre la acusación popular (la que ejercen quienes no tienen interés directo en el asunto) y la particular. A la infanta no la acusan la Fiscalía ni la Agencia Tributaria, perjudicada por el supuesto delito y a la que corresponde la acusación particular. Solo la acusa el Sindicato Manos Limpias, que ejerció la popular.

Está claro que el empeño en sacar del embrollo a la hermana del rey puede ser contraproducente. Porque la experiencia de este país no es la de que la Justicia sea igual para todos. Hay casos en que no se ha tenido en cuenta la doctrina Botín y habría que explicar muy claras las cosas para alejar la sospecha de una trato de favor a doña Cristina. Como quizá recuerden Rajoy ha hecho declaraciones gloriosas en todo este asunto. Primero cuando aseguró que la infanta saldría con bien cuando estaba todavía el juez Castro liado con la instrucción. Y no menos llamativa fueron las del ministro de Justicia Rafael Catalá que informa de que el Gobierno está seguro de que “habrá una sentencia justa”; como si fuera una excepción a la regla. En cualquier caso, aunque los partidos hayan coincidido en afirmar que el proceso abierto demuestra “que la justicia es igual para todos”, por más inocente que resulte la infanta la sospecha de un trato de favor por ser ella quien es no se desvanecerá así como así. Diría que el punto de contradicción es que Horrach y Ripoll sí acusan de delitos fiscales a Urdagarín en el caso Noos y no a Cristina, su socia en Aizoon, a la que el juez Castro considera en la instrucción cooperadora necesaria en dos delitos fiscales y partícipe a título lucrativo en ellos.