Los derribos

Después de dieciséis años de protestas, manifestaciones y litigios judiciales contra el edificio de la embotelladora de Taguluche en la isla de La Gomera, el ayuntamiento, tras dilatar todo lo posible el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, por fin ha demolido el “mamotreto”. Los contribuyentes hemos pagado la construcción y, ahora, pagan el derribo los vecinos de Valle Gran Rey. La noticia de este derribo ha coincidido, casualmente, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirmaba la demolición del “mamotreto” de San Andrés ratificando la condena de los políticos y funcionarios implicados y que si ha sido noticia de primera plana en los medios de comunicación.

Sin embargo, los puntos en común de ambas situaciones son muchos; es verdad que les separa la enorme diferencia del “negocio”, en el primero se despilfarraron cientos de miles de euros y en el segundo millones y en cuanto a la población afectada, poco más de 100 personas en el caso de Taguluche, mientras que el pufo de de la operación Teresitas afecta directamente a toda el área metropolitana y a la actividad turística de la capital de la isla. Ambas tienen en común el estar impulsadas por los dos partidos que actualmente (des)gobiernan Canarias, los mismos que se visten de ecologistas con las prospecciones de petróleo y simultáneamente siguen empeñados en destruir la montaña de Tindaya. Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario apoyaron y financiaron la construcción de la embotelladora de Taguluche, a pesar de las evidentes ilegalidades, para favorecer intereses económicos privados a costa de los vecinos de este barrio de Valle Gran Rey declarado, además, como Lugar de Interés Comunitario por sus importantes valores ambientales.

Estos partidos, a pesar de reiteradas proclamas de honestidad y transparencia, ejemplifican en este caso una manera de actuar en la que estos principios no tienen cabida. Los vecinos tuvieron que recurrir a los tribunales ante la falta de diálogo y transparencia del Ayuntamiento, del Cabildo de la Isla y del Gobierno de Canarias. Nunca recibieron a los vecinos ni a las asociaciones ecologistas, en concreto a ATAN, que organizó una manifestación en San Sebastián en apoyo a los afectados. Por el contrario, el ayuntamiento, en el que sigue el equipo de gobierno responsable del desaguisado y en su empeño de salirse con la suya, llegó hasta el TS a pesar de haber tenido todas las resoluciones judiciales anteriores en contra. Y, por si fuera poco, dilataron casi dos años el cumplimiento de la sentencia que ordenaba el derribo.

Salvando la diferencia de escala, es lo mismo que ha ocurrido en Las Teresitas: CC y PSOE ponen a disposición de intereses privados los recursos públicos, incluido el pago de abogados y las costas judiciales, sin dar explicaciones ni rendir cuentas a los ciudadanos que han puesto el dinero. No pueden alegar ignorancia y por eso jamás han dado ninguna explicación. Afortunadamente en el caso de Las Teresitas la sentencia condena a los implicados a pagar la demolición del ilegal “mamotreto”, en el caso de Taguluche los protagonistas salen indemnes, nadie ha asumido responsabilidades ni, por supuesto, ha dado explicaciones. Han sido los vecinos afectados los que han corrido con todos los gastos jurídicos y los que supuso el viaje de su representante a Bruselas para exponer el caso, consiguieron, además, que el programa de TVE El Escarabajo Verde se hiciera eco de su situación y también el apoyo de las asociaciones ecologistas y de científicos como Telesforo Bravo, Wolfredo Wildpret o Antonio Bello. Una actividad constante que les permitió explicar a toda la sociedad canaria y a las instituciones que esa embotelladora, no sólo les expropiaba el uso del agua de los nacientes, también suponía un grave atentado ambiental, un proyecto inviable económicamente y, por si fuera poco, el informe de impacto ambiental adolecía del más mínimo rigor técnico y científico. Cuando se demostró que el agua de los nacientes situados en el espacio natural protegido del Lomo del Carretón no era apta como agua de manantial, el ayuntamiento perforó, por su cuenta y riesgo, un pozo en una zona donde los técnicos decían que era absolutamente inapropiado, algo que se confirmó al poco tiempo de iniciada la perforación. A pesar de ello siguieron adelante y construyeron el edificio. No hicieron caso ni a las leyes ni a los informes ni, por supuesto, al interés de los ciudadanos. El Ayuntamiento, el Cabildo de La Gomera y el Gobierno de Canarias se gastaron una gran cantidad de dinero público, pero no hay responsables. Los partidos políticos que dilapidaron el dinero público y perjudicaron a todos los canarios callan; estos hechos no entran en sus discursos sobre la transparencia, la honestidad y la protección del medio ambiente que utilizan para adornar las proclamas sobre las prospecciones petrolíferas. Desde ATAN pedimos a los partidos políticos responsables de este disparate una explicación pública y sobre todo que pidan perdón y reparen el daño causado a los vecinos de Taguluche y al erario público.