Trabajo conjunto y renovadas propuestas

El grupo Popular en el Cabildo de La Palma ha defendido en reiteradas ocasiones, y en muchas de ellas sin alcanzar comprometedores acuerdos, la necesidad urgente de combinar en el ámbito de la gestión turística insular el trabajo conjunto y la profunda renovación de esa área. Ha sido un trabajo duro sin encontrar espacios para el encuentro y el debate sosegado y fructífero. Hemos transmitido a lo largo de los dos últimos años nuestra firme voluntad de colaboración solicitando, eso sí, nuevas vías, renovadas iniciativas, empuje y trabajo con la indispensable vinculación de otras instituciones públicas y de los empresarios turísticos. Fue en la sesión plenaria correspondiente al pasado mes de junio, cuando, por primera vez, el grupo de Gobierno reconocía (la realidad puede no verse pero no esconderse) que la situación era auténticamente dramática. Sin duda, ha sido un primer paso que esperamos no oculte otras intenciones, hasta que “escampe”, por ejemplo, sino que haya una verdadera transformación en la dirección insular turística. Evidentemente serán decisiones posteriores las que mostrarán la verdadera voluntad.

Por aquellas mismas fechas, ante un panorama desolador que estrecha y hunde más nuestros endebles y cada vez menores ingresos provenientes de este sector, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través su titular, el Ministro Soria, se comprometió en la isla de La Palma a enviar responsables de su departamento ministerial para estudiar “in situ”, con los responsables públicos y con el sector empresarial, la elaboración y puesta en práctica de medidas que impulsaran este vital pero moribundo, tremenda paradoja, sector turístico. A los pocos días, después de esa visita y tras la injusta algarabía que sólo buscaba espacio fotográfico y mediático y una incredulidad políticamente interesada, cumpliendo aquel compromiso, se celebra esa reunión entre el departamento ministerial y los representantes públicos insulares y locales y un amplio sector empresarial. Reuniones alejadas de las diferencias políticas y mostrando con extrema crudeza la situación económica y turística que sufrimos. Queda trabajo por realizar, análisis que profundicen hasta la raíz de los problemas y propuestas y medidas que acordar y ejecutar, pero es justo valorar también muy positivamente este nuevo episodio de trabajo en común, de cierre de filas en la defensa de los intereses de nuestra Isla. Este ha de ser el nuevo camino.

Es notablemente evidente que necesitamos apoyos permanentes y vinculaciones y compromisos específicos de otras instituciones públicas ante una situación que calificamos de emergencia. No es alarma, es realidad revestida de más realidad que, al mismo tiempo, mantiene la firme convicción de que somos capaces de salir de este enorme boquete. Decíamos que era necesario el apoyo de las instituciones públicas regionales y nacionales. Ya hace tiempo, pues, que toca una mirada y una atención especial desde el Gobierno de Canarias hacia esta Isla en muchos ámbitos y responsabilidades de la acción política y, especialmente, en el turístico. Es otro de los pasos para completar este trabajo conjunto y que, como a continuación trataré de exponer, ha de aportar nuevas propuestas que sean razonables y, por tanto, exigibles por solidaridad.

Se ha hablado mucho sobre los problemas que este sector padece y sobre sus posibles soluciones. Conectividad, precios de los billetes aéreos, infraestructuras turísticas, instalaciones turísticas públicas y privadas, proyección nacional e internacional de la Isla, alternativas a la actual promoción turística que disminuya el gran desconocimiento que existe sobre este destino? son algunas de las cuestiones que están permanentemente en el objetivo del debate. Permítanme analizar sólo dos de esas cuestiones con la lógica limitación que he de imponer a esta reflexión y la no menos importante limitación personal que no puedo soslayar. Me referiré, pues, a la conectividad y a las infraestructuras turísticas.

Ante una supuesta creciente demanda de visitantes a nuestra Isla parece evidente que este problema de la conectividad no sería tal, o, por lo menos, no tan considerable. Como no es así se impone tomar otras medidas que suplan esta importante deficiencia. Partimos de la base que las tantas veces reclamada obligación de servicio público, (OSP), para el transporte aéreo con el territorio peninsular, si cumple las condiciones exigibles y realmente reduce este problema, bienvenida sea. Pero no olvidemos dos cuestiones: las subvenciones estatales ni fidelizan al turista y, lo que es más importante, no aseguran precios razonables ni atractivos. La actual situación de monopolio por autoexclusión de otras compañías aéreas o la que provocaría un monopolio subvencionado pondría en el mercado más plazas pero no necesariamente con precios más asequibles. Por tanto, se acordara o no esta medida, no debemos obviar otras propuestas. El Cabildo de Tenerife en su memoria anual del pasado año sobre el turismo nos recuerda que más del 80 % de sus visitantes utilizaron internet para gestionar los servicios de viaje y buscar información sobre la isla. Estas dos consideraciones nos invitan y, diríamos más, nos obligan a abrir nuestra conectividad aérea también a través de Tenerife o Gran Canaria con tarifas especiales para turistas a través de convenios entre la compañía aérea, Gobierno canario, Cabildo Insular y, por supuesto, con el sector turístico de la isla. Sólo un dato. Una pareja de turistas pueden llegar a Tenerife por 100 ? y para trasladarse a la isla de La Palma tiene que añadir otro desembolso de 240?. Aprovechemos la conectividad de las islas capitalinas ajustando económicamente el último trayecto. En este apartado también aportaría en positivo aquel olvidado compromiso del Gobierno de Canarias de aumentar la subvención al transporte de personas entre islas hasta el 70 %.

Finalmente, en cuanto a las infraestructuras o instalaciones turísticas observamos como las miradas de muchos siempre se dirigen a los departamentos públicos autonómicos o nacionales a la hora de fijar la financiación de aquellas. Parece razonable que para algunas infraestructuras paralizadas durante varios lustros por la desidia de responsables políticos en nuestra Isla, la administración insular elimine obstáculos, defina modelo de intervención, de ejecución y de explotación y atraiga la inversión privada. Pongamos algún ejemplo. Fuente Santa puede serlo. Pues bien, garantizando, por supuesto, el carácter público de las aguas, ¿no sería conveniente proyectar una instalación de calidad, moderna y respetable con su entorno y ofertarla y, en su caso, adjudicarla al empresariado especializado o, por el contrario, pretenden con fondos públicos construir un balneario y, si así estimara, alguna pequeña instalación hotelera con otros servicios que la complementen?

Tenemos que modificar la recurrida tendencia, que por inercia y sin saber aún para qué, solicitan financiación pública cuando la administración, en el caso antes referido, la insular junto con la municipal, lo que han de perfilar es un modelo y un sistema de explotación que lo haga rentable y atractivo para la inversión privada y habilitarlo urbanística, territorial y ambientalmente con urgencia.

En definitiva, en esta materia turística tenemos que revisar conjuntamente los nuevos caminos, fijar los nuevos hitos, ejecutar algunas acciones de forma inmediata, solicitar para determinadas actuaciones la financiación regional y nacional y creer en las posibilidades de la inversión privada aventando las incertidumbres que se ciernen sobre tantos y tantos proyectos.