Los Llanos precinta la planta de asfalto de Unaspa
El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane precintó a últimas horas de la tarde de este martes la planta de asfalto de Unaspa, ubicada en el polígono Industrial I2, del Callejón de La Gata como medida cautelar para evitar que el empresario continúe con los trabajos que está desarrollando en dichas instalaciones, según se informa en una nota de prensa.
La alcaldesa, Noelia García Leal, afirmó que ésta es una “medida complementaria al decreto emitido la pasada semana en la que comunicábamos a la empresa que no tenía licencia de instalación acogiéndose al silencio positivo, tal y como inicialmente pretendía el promotor”.
Una notificación que según explicó se realizó de inmediato, tras recibir el expediente abierto por la Policía Local en el que se constataban los hechos denunciados por los vecinos de la zona. Asimismo, García Leal confió en que el empresario acate las medidas recogidas en el decreto emitido por el Ayuntamiento en el día de hoy y no incurra en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal.
La edil recordó que “empresarios y ciudadanos son iguales ante la ley y, por tanto, no se puede dar comienzo a una instalación sin contar con la licencia correspondiente o, al menos, haber cursado la comunicación previa de inicio de actividad o la declaración responsable porque de hacerlo, se comete una infracción tal y como recoge la ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos”.
Noelia García insistió en el hecho de que el empresario es consciente desde el día 16 de octubre, fecha en la que se emitió la primera notificación, que desde la corporación aridanense se desestimaba el silencio administrativo como causa de concesión de la licencia municipal de apertura de la planta de aglomerado asfáltico “sobre todo, teniendo en cuenta el precedente existente en relación a la otra planta de asfalto que está a la espera de la inminente resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por una cuestión que ambas comparten, como es el hecho de las distancias respecto a las viviendas que se encuentran situadas en su radio de acción, a menos de dos kilómetros”.
Finalmente, la alcaldesa señaló que “como no puede ser de otra manera en un estado de derecho democrático, hemos sido y seremos siempre respetuosos con las decisiones judiciales porque como gobernantes consideramos que nuestra obligación es la de defender los derechos de todos y cada uno de los vecinos del municipio”.
Cuestiones por las que García Leal considera que “existen aún más si cabe motivos de sobra para ser cautelosos en la tramitación de los expedientes, evitando generar indefensión pero, al mismo tiempo, actuando con contundencia si se detecta alguna mala práctica o incumplimiento, tal y como ha sucedido”.
El Ayuntamiento ha establecido un plazo de diez días de audiencia para que el empresario exponga los argumentos que considere oportunos en relación al procedimiento abierto.
