Piden que se desmantele la segunda planta de asfalto
El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, según un comunicado emitido por la Plataforma contra las Plantas de Asfalto del Valle, “ha consentido que se instale una segunda planta de asfalto en el polígono industrial del Callejón de la Gata a sabiendas de que hay una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que no permite la producción de asfalto en dicho lugar, y que anula también el artículo 60 del Plan General de Ordenación (PGO) de Los Llanos, lo que viene a impedir la instalación de industrias pesadas en la parte sur del polígono”. Dicha anulación, aseguran, “está vinculada a una demanda (sentencia del 25/07/2013) que interpuso la Plataforma en contra del PGO de Los Llanos de Aridane”. Pero es más, añaden, “el Tribunal se pronunció literalmente en el sentido de indicar que este tipo de plantas de producción de asfalto ni siquiera están previstas en el Plan Parcial de la zona industrial del Callejón de la Gata”.
Ante esta situación, afirman, “resulta totalmente inexplicable que el Ayuntamiento en su famoso Decreto 2333/2013 del 16/10/2013, que fue dictado después de finalizado el montaje, no haga ni la más mínima mención a la citada sentencia, que se pronunció exactamente sobre la planta de Unaspa y que no deja lugar a otras interpretaciones.” Recuerdan que “Unaspa no cuenta con licencia de instalación y de apertura, y que el nuevo PGO excluye la instalación de plantas de asfalto en el Callejón de la Gata”. “Ante un hecho tan grave como este, la Plataforma exige al Ayuntamiento la reposición de la parcela al estado previo a la instalación de la planta de asfalto, teniendo en cuenta que la instalación es ilegal”.
La Plataforma considera “totalmente absurdo que después de permitir que se levante la planta de asfalto, la alcaldesa, Noelia García, y el concejal de Urbanismo, Antonio Rocha, manifiesten que de continuar la obra van a precintar y a desmantelar la planta”. La Plataforma, resaltan, “emprenderá las acciones judiciales pertinentes en el caso de que no se proceda a su desmantelamiento, y queda claro para la Plataforma y para los vecinos afectados que han engañado, una vez más, y que perdido toda credibilidad ante la opinión pública”, concluyen.
