Condenan al Ayuntamiento de la capital por “vulnerar derechos fundamentales” de un policía local
La Plataforma de Trabajadores de la Administración Local informa en un comunicado que “el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma por vulnerar derechos fundamentales a un policía local”.
Explican que “la demanda planteada por un policía local, versando la misma sobre la discriminación laboral a la que se ha visto sometido dicho agente que es a su vez representante de los trabajadores, todo ello a raíz de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por el conocido caso de la desaparición de multas de tráfico”.
“El escrito del recurso contencioso administrativo tuvo registro de entrada el 17 de marzo de 2017, argumentando la existencia de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, por haber trasladado de manera arbitraria a dicho agente policial de la unidad de motorista en la que se encontraba adscrito”, señalan.
En consecuencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Santa Cruz de Tenerife considera que “existe vulneración del derecho fundamental reconocido en el art. 24 de la Constitución Española, en su dimensión de garantía de indemnidad pues el cambio de la unidad de motorista a la unidad de seguridad ciudadana ha venido motivada como represalia al ejercicio por el recurrente de sus derechos, y por ello, procede la estimación integra del recurso con la consiguiente anulación del acto administrativo impugnado y, ordenando a la Administración demandada que cese en la actuación de vulneración del derecho fundamental alegado”.
La Plataforma de Trabajadores de la Administración Local denuncia “la falta de talante y pasotismo del señor alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos Castro, ya que el agente de policía ha intentado solucionar siempre estas cuestiones en reuniones para evitar con ello tener que acudir a los órganos judiciales, siendo infructuosas, por lo que son nuevamente los ciudadanos de la capital los que deben pagar las costas judiciales de esta reciente sentencia al estar condenada nuevamente la administración local, añadiendo otros costes, como son los pasajes de avión de los testigos o las dietas”.
La Plataforma de Trabajadores de la Administración Local informa que “no existe ningún género de duda en llevar este caso por la vía penal, al considerar que existen elementos suficientes para dirimir responsabilidades, añadiendo que el acoso y derribo se ha traducido en apertura de expedientes masivos por parte del Jefe de la Policía, entendiendo esta plataforma que pudiera existir un abuso de poder y de atribuciones que le confiere la Ley”.
