Dailos González presenta una moción en defensa de las pensiones públicas
Dailos González espera que, si bien en otras cuestiones podría haber discrepancias entre las distintas fuerzas políticas, en esta cuestión “se pueda lograr una mayoría en defensa de la mayoría social”.
El consejero del Cabildo Insular de La Palma Dailos González Díaz llevará al próximo pleno de esta institución, que se celebrará el lunes 31 de agosto, una moción promovida por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, integrante de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones.
En dicha moción, después de una amplia exposición de la crisis que afecta al sistema de pensiones, debido a las reformas laborales, recortes y desmantelamiento de servicios públicos llevados a cabo por el Gobierno central, se concluye solicitando del Cabildo una serie de acuerdos con petición de que los haga llegar a la Federación Canarias de Islas (Fecai), al Parlamento de Canarias y al Congreso de los Diputados.
De esos acuerdos entresacamos la reafirmación –recogida en el artículo 50 de la Constitución– de que el Estado debe ser garante y responsable del sistema público de pensiones; la recuperación del modelo de valoración automática de las pensiones de acuerdo con el IPC anual, para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo; la solicitud de que las pensiones queden contempladas en los Presupuestos Generales del Estado; el avance hacia un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1.080 euros, que es lo mínimo que contempla la Carta Social Europea; la incorporación al régimen general de la Seguridad Social de las personas empleadas de hogar, y la declaración a nivel insular de un día por la defensa de las pensiones públicas que sea difundido adecuadamente para conocimiento de la población.
“Las consecuencias de la reforma laboral, conjuntamente con la última reforma de las pensiones, han tenido y tendrán un impacto nefasto en la situación económica de los y las pensionistas y, aún más, en la de las y los futuros pensionistas. Crece la economía y hay menos paro, pero la precariedad laboral y la devaluación salarial, promovida por la reforma que aprobó el PP, ha elevado la proporción de trabajadores y trabajadoras pobres (quienes, incluso con trabajo, no llegan a unos ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas) hasta el 13,2%, el tercer nivel más alto de la UE, después de Rumania y Grecia. Si la economía crece, habría que averiguar dónde está la riqueza que se crea, en qué bolsillos se esconde”, señala Dailos González.
Además, el Estado español “es uno de los que tiene unas pensiones más bajas de la Unión Europea. La actualización de 2017, con un 0,25% de aumento, independientemente del aumento del IPC, no hace más que agravar la situación. En 2011, la pensión representaba el 72,4% del sueldo que cobraba previamente el pensionista, y se prevé que en 2060 represente únicamente el 56%, según la OIT”, dice.
El futuro, según Luis María Linde, gobernador del Banco de España, será “duro, y nos recomienda trabajar más allá de los 67 años (para poder pagar más a la Seguridad Social y poder cobrar menos tiempo la pensión), depositando los ahorros en una pensión privada para compensar la pérdida de poder adquisitivo de la pensión pública. Es decir, hace un llamamiento a la privatización de las pensiones, además de dar por hecho que todo el mundo puede ahorrar, lo que es poco realista o, incluso, cínico, si tenemos en cuenta que cada vez hay mayor precariedad laboral y, como ya señalamos, ha crecido la pobreza entre las personas con empleo. Además de suponer que cada persona asuma, como si fuera una responsabilidad puramente individual, una situación que es en realidad social, eludiendo el Estado una de sus funciones básicas como es garantizar el bienestar y una vida digna a todas las personas que en él viven”, señala.
“Si la situación ya es grave, el riesgo de debilitamiento del sistema público de pensiones sería mayor si prosperase una reforma de los pactos de Toledo en una línea privatizadora y neoliberal”, advierte.
Desde las plataformas ciudadanas que defienden el sistema público de pensiones “ven la necesidad de informar a la población más directamente afectada: personas jubiladas, futuras jubiladas o personas mayores en situación de desempleo, para articular una respuesta clara, unida y pública ante la amenaza de convertir las pensiones en una aportación residual”, apunta.
Dailos González espera que, si bien en otras cuestiones podría haber discrepancias entre las distintas fuerzas políticas, en esta cuestión “se pueda lograr una mayoría en defensa de la mayoría social”. Recuerda que la cuestión de las pensiones es “un tema que afecta no sólo a las personas que se encuentran actualmente jubiladas, sino también al futuro de personas en edad laboral y de las personas más jóvenes que algún día serán pensionistas”.
