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NC exige que se anule la resolución de las ayudas por el incendio de 2016 al ser imposible el plazo para ejecutar las obras

Demanda que se dicte una nueva resolución "dando un plazo aceptable" para que "los pocos beneficiarios puedan realizar las obras destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado".

Se calcula que la superficie afectada por el incendio en los municipios de Fuencaliente y de El Paso abarca unas 40 hectáreas. Foto: Consejo Regulador de La Denominación de Origen de Vinos La Palma.

Imagen de archivo de una zona de viñedos afectada por el incendio de agosto de 2016.

Nueva Canarias (NC) en La Palma, a través de su grupo parlamentario en la Cámara regional, solicitará a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias que “se declare nula de pleno derecho la resolución de concesión de las ayudas del incendio acaecido en 2016 en La Palma y que se dicte una nueva resolución dando un plazo aceptable para que los beneficiarios puedan realizar las obras”, indica en una nota de prensa. 

NC considera “inadmisible que la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, por resolución de 20 de diciembre de 2017, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 29 de diciembre de 2017, apruebe la concesión de manera definitiva de las subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por el incendio acaecido en La Palma durante el mes de agosto de 2016, en la que se otorgan ayudas a tan sólo ocho afectados”. 

“Pero lo que es más sorprendente aún es que, en dicha resolución”, subraya el secretario de Organización de NC en la Isla, Miguel Ángel Pulido, “se le otorgue a los pocos beneficiarios un plazo de imposible cumplimiento para realizar las obras, dado que la resolución se publica en el BOC el día 29 de diciembre y las obras tienen que estar terminadas al día siguiente”. Esto es,  añade, “el mismo día que entra en vigor la resolución ya las obras tienen que estar terminadas, teniendo luego sólo un día más para presentar las facturas y el abono de las mismas en la Consejería, con lo que la práctica totalidad de las ayudas concedidas no se abonarán”. 

Para Miguel Ángel Pulido, “esto parece una tomadura de pelo a la gente”. Primero convocan “unas ayudas con un importe de 350.000 euros y con unos requisitos que la mayoría de los agricultores, cuyas propiedades fueron afectadas por el incendio, no puede cumplir. Luego están un año para resolver tan sólo una veintena de expedientes de solicitudes presentadas, pues hay que tener en cuenta que fueron convocadas en diciembre de 2016, rebajando la ayuda a 131.000 euros. Y ahora vienen el último día del año a publicar la resolución, concediendo ayudas a particulares por tan sólo unos 49.000 euros, dando un plazo de un solo día para ejecutar las obras, de tal forma que ese plazo sólo lo puede cumplir aquel que ya había ejecutado las obras con anterioridad. Es inaudito”. 

“En la práctica, lo que va a ocurrir”, añade Miguel Ángel Pulido, “es que haya un solo caso que percibirá unos 19.000 euros, porque había realizado las obras y mejoras con anterioridad a que se dictara la resolución definitiva de concesión, por lo que tanto bombo y platillo con las ayudas para que en la práctica se queden en una cantidad ridícula y en manos de  un solo beneficiario. ¡Qué cosas¡”. 

“Parece evidente”, según entiende el secretario de Organización de NC, “que la Resolución de concesión de estas ayudas incumple el apartado c, del art. 47 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común que considera nulos de pleno derecho los actos ‘que tengan un contenido imposible’, como es el caso, dada la imposibilidad material de realizar las obras en un solo día”. 

Por ello, desde Nueva Canarias, concluye, “exigimos a la Consejería de Agricultura, que la citada resolución por la que se le conceden de manera definitiva las subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por el incendio acaecido en la isla de La Palma, durante el mes de agosto de 2016, se declare nula de pleno derecho” y, previa la tramitación legal que corresponda, se dicte una nueva resolución por la que se conceda a los beneficiarios un plazo razonable para ejecutar las obras”.

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