NC dice que el Estado y Canarias “se cargan de un plumazo la vivienda protegida”
El Convenio de Vivienda firmado el pasado 15 de septiembre entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias, según sostiene en un comunicado el secretario de Organización de Nueva Canarias en La Palma, Miguel Ángel Pulido, “llega tarde y mal”. “Decimos que llega tarde porque es inconcebible que habiéndose aprobado el Real Decreto, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, en abril del año pasado, se esté firmando ahora el convenio, con lo cual el Plan de Vivienda será, en todo caso, 2015-2016”. Esto supone, asegura, “dos años perdidos con el grave perjuicio social y económico que ello conlleva, una pérdida de tiempo excesiva derivada de la ineficacia de los Gobiernos de España y de Canarias, que han tardado más de un año y medio en algo tan sencillo como firmar un acuerdo en el que se diga qué cantidad va a poner el Estado, cuál el Gobierno de Canarias y a qué se van a dedicar esas cantidades”.
Para Nueva Canarias este plan “nace a espaldas de la coyuntura económica actual, con una crisis que supone que cada vez haya más familias sin empleo, con salarios que se han visto reducidos o que han perdido su vivienda como resultado de una ejecución hipotecaria. Un Plan que parece olvidar que la vivienda es un factor social de inclusión de primer orden, pues la falta de vivienda tiene un gran impacto en la salud y la educación de los niños, así como en las probabilidades de que los padres puedan encontrar un empleo y mantenerlo”, defiende. “Y decimos que llega mal porque se carga de un plumazo la vivienda protegida y, en especial, porque no contempla ninguna actuación para la construcción de viviendas públicas en alquiler, aquellas que van destinadas a facilitar una vivienda digna a las familias sin recursos y en riesgo de exclusión social, a los colectivos más desfavorecidos, olvidándose por completo de las más de 35.000 familias demandantes de una vivienda en Canarias, de las cuales más de 1.000 corresponden a La Palma”.
Es más, añade, “para esas demandantes tan sólo se contemplan unos 2 millones de euros para atender, en los próximos dos años, a poco más de 500 familias a través de ayudas al alquiler, porque, incomprensiblemente, el mismo día que se refrenda el convenio se firma un acuerdo de la Comisión Bilateral, prevista en el mismo, modificando la distribución de la financiación por programas, eliminado los 13 millones de euros del programa para la construcción de viviendas públicas en alquiler, para las que el Gobierno de Canarias no preveía destinar ni un solo euro. Algo que viene a confirmar la escandalosa y nula sensibilidad social de ambos Gobiernos”.
Desde Nueva Canarias, subraya Pulido, “podemos compartir que es fundamental la rehabilitación y la regeneración de barrios o zonas degradadas, la consolidación de la malla urbana, la consolidación de los cascos históricos, actuaciones que se ajustan más a un modelo de ciudad consolidada y compacta, mejorando las condiciones de vida de los que ya tienen vivienda, pero no a costa de condenar a miles de familias a vivir en la exclusión social, sin trabajo y sin vivienda, pues con este convenio no habrá una vivienda de alquiler social nueva, ni en La Palma ni en Canarias, en los próximos 4 o 5 años, y por cierto, de los casi 40 millones destinados al fomento de la regeneración y renovación urbana no hay ni un solo euro para islas como La Palma”, afirma.
En definitiva, apunta, “mientras el Gobierno de Canarias nos vende la aprobación de la modificación de la Ley de Vivienda, para intentar frenar los desahucios, hemos dejado de jugar un papel de vanguardia en una política de vivienda socialmente avanzada, pues al tiempo se olvida de aprobar y llevar al Parlamento el Plan Canario de Vivienda 2013/2016 que está previsto en la propia Ley y del que aún no tenemos noticia”. Dicho Plan, agrega, “debe ser el instrumento económico-financiero que desarrolle el mandato constitucional a los poderes públicos en el acceso y garantía de una vivienda digna y adecuada como derecho fundamental”.
En el Plan de Vivienda de Canarias, explica, “además de la inversión en la rehabilitación y regeneración de zonas degradadas física y socialmente de la ciudad consolidada, con una gestión integrada de vivienda y condiciones de vida, se deben recoger, entre otros, los compromisos de construcción de vivienda pública en alquiler y establecer las ayudas a promotores y familias para el fomento de la VPO, también en régimen de alquiler, así como el fomento de la ocupación de vivienda vacía mediante ayudas combinadas al alquiler y la rehabilitación, con la participación de la Bolsa de Vivienda Joven y Vacía, o las ayudas para la mejora de la vivienda rural, como instrumento que nos ayude a mejorar las condiciones de vida en el medio rural y a fijar la población al territorio, pero, repito, el Convenio del Plan Estatal llega tarde y mal y el Plan de Vivienda de Canarias ni está ni se le espera”, concluye.
