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Qadri alerta de “las graves consecuencias” que está teniendo la paralización de los Planes Generales Urbanísticos

El diputado del PP señala que los ayuntamiento de Canarias se oponen a tener que volver a realizar los trámites de las evaluaciones ambientales. 

Jacob Qadri.

Jacob Qadri.

El diputado del PP por La Palma, Jacob Qadri, ha asegurado que los ayuntamientos del archipiélago “no van a permitir que se tenga que volver a comenzar con el trámite de la evaluación ambiental, ya que sería tremendamente injusto”. Además, sostiene que “sería repetir un trabajo dos veces, con el gran coste que ha supuesto para los municipios”, a lo que añade que “los ayuntamientos no hemos sido los culpables de esta situación, y no vamos a permitir que nuestros municipios sigan inmersos en esta parálisis por culpa del gobierno Autonómico”, asegura Qadri.  Hay que recordar que la entrada en vigor de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias “ha causado graves paralizaciones en la tramitación de gran parte de los Planes Generales, y concretamente en la continuación de muchos procedimientos de evaluación ambiental estratégica que se encontraban en curso”, asegura. El diputado señala que “esta paralización está teniendo consecuencias muy negativas para muchos ayuntamientos del archipiélago”, y sostiene que “se está impidiendo el desarrollo urbanístico de la zona, y se está frenando las previsiones de crecimiento”. Además, sostiene que “este hecho puede suponer un impedimento para los inversores, por lo que tanto la economía del municipio así como el empleo se pueden ver seriamente perjudicados”. 

El diputado no ha dudado en “reprochar” al Gobierno de Canarias que pida, a los ayuntamientos del archipiélago suelo para viviendas sociales, “mientras tienen paralizados los Planes Urbanísticos para habilitar ese suelo y poder explotarlo”. Además, asegura que “cuando los ayuntamientos preguntan a la consejería por la evaluación ambiental de los planes iniciados con la anterior normativa la respuesta es que se está esperando por una consulta a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, pero la realidad es que llevamos un año sin una respuesta que ofrezca una solución a los municipios afectados”, señala el diputado palmero.

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