Aprobado el decreto ley de medidas agrarias para la recuperación económica y social de La Palma

 El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, 11 de marzo, el decreto ley de medidas agrarias para la recuperación de la isla de La Palma tras la erupción volcánica en Cumbre Vieja, a propuesta de las Consejerías de Presidencia, Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. El objetivo de dicho documento es “recuperar la máxima superficie de cultivo y que el mayor número de agricultores afectados, que se cifra en unos seiscientos, retomen la actividad, así como posibilitar la protección económica a los afectados hasta que vuelvan a disponer de sus fincas, dando continuidad a las ayudas del POSEI (propuesta por el Gobierno de Canarias y aceptada por Bruselas hasta diciembre de 2025) y por pérdida de renta”, se informa en nota de prensa.

El documento establece medidas para “la recuperación en condiciones de seguridad de las explotaciones agrarias afectadas por la colada de lava, así como de las construcciones e instalaciones que existían en dichos espacios, permitiendo que cada uno de los afectados pueda tomar la iniciativa de la recuperación sin perjuicio de las ayudas públicas y de la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios. Para lograr dicha recuperación, el Gobierno de Canarias adoptará aquellas medidas económicas que sean necesarias, las cuales serán compatibles con las compensaciones por daños materiales causados a activos agrarios por el volcán”, explica.

El texto recoge también que los propietarios afectados podrán proponer a la Administración competente en materia de agricultura la tramitación y aprobación de concentraciones parcelarias de carácter privado y reconoce a las cooperativas agrarias iniciativa para, en nombre de sus miembros, plantear estas actuaciones. Estas concentraciones privadas de tres o más afectados contarán con apoyo jurídico y financiero (del 100% de su coste). Asimismo, se prevé la compensación económica, basada en el valor real de las propiedades, para aquellas personas que no deseen continuar con la actividad agraria.

Durante su intervención en rueda de prensa, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó que esta normativa da respuesta a las necesidades expuestas por los agricultores afectados “y pretende no dejar a nadie atrás”. “Constituye una estrategia que puede iniciarse ya, desde fuera hacia dentro, a medida que se recuperan caminos y conexiones de aguas, y que permite acortar plazos en la recuperación; todo ello con solidez jurídica ”, agregó el titular del área.

El mencionado documento forma parte de la hoja de ruta que el Gobierno de Canarias se ha marcado para la recuperación de La Palma y que comprende una parte normativa y otra económica. Se suma, por tanto, al decreto urbanístico y territorial aprobado en diciembre y se completa con el de vivienda, el de suelos estratégicos para recuperar la actividad comercial e industrial, y el plan de pagos, cuya primera anualidad comprende 150 millones de euros (50 aportados por Canarias y 100 que corresponden al Estado).

Dicha norma delimita distintas zonas, una en la que ya es posible la reconstrucción de áreas de cultivo y construcciones, otra en la que es factible la recuperación del terreno de cultivo y pequeñas instalaciones mientras que la de las infraestructuras de mayores dimensiones precisará de un informe técnico, y una tercera en la que debido al riesgo de colapso se deberá contar con un informe científico que avale la seguridad de dichos espacios. Existe otra zona, de pequeñas dimensiones, que corresponde al antiguo acantilado y nunca ha sido cultivada, que no podrá utilizarse debido a la pronunciada pendiente que presenta el terreno.

La zona de cultivo preexistente se ha determinado a partir del mapa de cultivos de La Palma, que recoge una superficie total de 365 hectáreas desde la costa hasta la antigua carretera de Todoque a Las Manchas. Así, se establece que todas aquellas parcelas que, en función de las condiciones del terreno, sean aptas para la recuperación del uso agrario, pueden restablecerse en el mismo lugar y en las mismas condiciones preexistentes. Para ello será necesario depositar sobre la superficie de la colada un relleno (sorriba) para que actúe como capa de baja o muy baja conductividad térmica (tierra vegetal, biomasa, etc.), con el fin de asegurar la viabilidad de las plantaciones que se realicen.

El decreto ley aprobado hoy determina que en aquellas zonas incluidas en el ámbito agrario en que las que se han detectado determinados elementos geomorfológicos susceptibles de sufrir colapso, su recuperación estará condicionada a la comprobación previa de la seguridad de estas zonas mediante un informe geotécnico que verifique la estabilidad del terreno. Las personas titulares de explotaciones localizadas en esos espacios podrán reubicarse en otras parcelas distintas dentro de la colada donde las condiciones del suelo lo permitan. Ante esta situación y con el propósito de recuperar la producción agraria previa a la erupción, la Administración podrá adquirir aquellas parcelas cuyos titulares, por las razones que sean, decidan no llevar a cabo la recuperación de su capacidad productiva, con el fin de permutarlas con aquellos que quieran continuar con la actividad.

Regula también la recuperación de explotaciones ganaderas, concediendo a los ayuntamientos la autorización mediante la correspondiente licencia de la implantación de dicho uso en distintas categorías de suelo rústico: de protección agraria, común ordinario, y de protección paisajística (en este caso en determinadas parcelas y previo informe del Cabildo insular).