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Los empresarios del suroeste de La Palma piden “un claro apoyo a la Ley del Suelo”

La Palma Ahora

Santa Cruz de La Palma —

El Círculo de Empresarios del Suroeste de La Palma (Esuropal), en un comunicado, solicita a los grupos políticos en el Parlamento de Canarias “un claro apoyo a la Ley del Suelo de Canarias, en defensa del desarrollo de la Isla”. En el Cabildo, añade, “pedimos a políticos y funcionarios una interpretación positiva de las leyes que permitan la puesta en marcha de proyectos que generen economía y empleo con las suficientes garantías jurídicas”.

Desde Esuropal, se señala en la nota, “observamos con preocupación la interpretación y la aplicación que en La Palma se está haciendo de la llamada Ley de Islas Verdes así como de la próxima tramitación en el Parlamento de Canarias de la Ley del Suelo”.

Apunta que “desde la aprobación de la conocida como Ley de las Islas Verdes, ha transcurrido el suficiente tiempo como para que comience a hacer efecto en la actividad económica de la Isla”. Al efecto, subraya que “no entendemos las trabas y la actual parálisis que en este momento se está produciendo en el Cabildo de La Palma a la hora de dar salida a proyectos al amparo de la nueva ley. Por ello pedimos una interpretación positiva del articulado de la nueva ley, que evite la retahíla de permanentes dificultades, que desde algunos departamentos eternizan proyectos necesarios para la Isla. Creemos que es precisa una nueva dinámica que tiene que ser abordada por políticos y técnicos competentes, para una administración dinámica y eficaz”.

Añade que “a los grupos políticos en el Parlamento de Canarias les pedimos valentía y capacidad de consenso para sacar adelante la Ley del Suelo de Canarias”. Para Esuropal, indica, “no valen paños calientes o una ley descafeinada que de satisfacción a los que nada le importa la situación socioeconómica de la Palma. Queremos una ley que de verdad responda a los intereses de la Isla y que de una vez se pueda trabajar e invertir con las suficientes garantías jurídicas”.

Demanda “la máxima celeridad en la tramitación de la ley porque no es de recibo que la compleja maquinaria burocrática pueda dilatar durante mucho tiempo la solución a problemas que ya debería de estar resueltos hace más de veinte años”.

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