La Isla tiene censadas 574 ocupaciones irregulares
La Palma tiene registradas un total de 574 ocupaciones irregulares en el litoral repartidas en 15 núcleos costeros, según los datos que ha ofrecido este viernes la senadora María de Haro (PP) en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las modificaciones de la Ley de Costas, una nueva normativa que, en su opinión, es “importantísima” para la Isla porque “da la posibilidad de reducir la servidumbre de 100 a 20 metros si se cumplen determinados requisitos”.
De Haro recordó que la Ley de Costas de 1988 “solo reconocía la posibilidad de que disminuyera la servidumbre a 20 metros a núcleos de municipios que tuvieran planeamientos y que estuvieran clasificados como urbanos”. La nueva legislación ha añadido cuatro requisitos fundamentales: contar con abastecimiento de agua, acceso rodado, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. “Ahora se amplían los supuestos para legalizar las construcciones que están entre esos 20 y 100 metros, y entendemos que son muchísimas las ocupaciones que pueden ser beneficiadas porque se flexibilizan los requisitos”, ha afirmado. La nueva modificación “da seguridad jurídica” a unas construcciones que tradicionalmente han estado envueltas en “una enorme conflictividad y judicialización”, ha añadido.
La senadora popular aclaró, no obstante, que la aplicación de la norma “no es automática”, es decir, los núcleos costeros no serán autorizados hasta que las administraciones competentes no formulen la correspondiente solicitud. En este sentido explicó que deben ser los propios ayuntamientos los que se dirijan a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, quien, a su vez, elevará la propuesta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La Ley establece un plazo de dos años para solicitar al Ministerio la legalización de los asentamientos del litoral, si bien los municipios que ya cuenten con planteamiento o que hayan delimitado esos núcleos podrán formalizar el trámite en tres meses.
María de Haro recalcó que “la Ley no supone una aplicación retroactiva” puesto que “no se van a modificar expedientes de zonas ya declaradas urbanas que tengan la reducción a 20 metros de servidumbre con la Ley de 1988”.
En La Palma, señaló la senadora, “los ayuntamientos tendrán que ponerse al día y actualizar la documentación que tienen para ver qué ocupaciones están entre los 20 y los 100 metros”. “Primero deben solicitar acogerse a la disminución de servidumbre y luego se verá si cumplen los requisitos”, concluyó.
De Haro estuvo acompañada en la rueda de prensa por el diputado nacional del PP Ernesto Aguiar, quien hizo una valoración de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy. “Se han tomado una serie de medidas de urgencia para salir adelante y conseguir la estabilidad del país, y ahora las cosas comienzan a salir”, dijo. Enumeró como “datos positivos” el descenso del número de parados en el mes de abril, el aumento de la afiliación a la seguridad social, la caída del índice de precios, la recuperación de poder adquisitivo de los pensionistas, la “bajada histórica” de la prima de riesgo, el crecimiento de las ventas de vehículos o el aumento de las exportaciones y de los ingresos por turismo.
