MAE insta a las instituciones palmeras que “asuman la iniciativa de la reconstrucción”

El Movimiento Alternativo Electoral (MAE) informe en nota de prensa que “el Gobierno de Canarias ha presentado en sociedad el documento denominado ‘Borrador número 4 de fecha 19 de enero de 2023, del Decreto Ley de recuperación de la situación de normalidad residencial en la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja’. Su presentación pública le presupone un grado de desarrollo y elaboración suficiente como para entenderse que representa la decisión definitiva del Gobierno de Canarias, y lo que es peor de las administraciones locales de La Palma, por cuanto en el encabezado del documento, la Administración autonómica se cura en salud advirtiendo que el documento incorpora las aportaciones de ayuntamientos y Cabildo en una reunión celebrada el 11 de enero”.

MAE lamenta que “quienes están al frente de las instituciones palmeras se hayan doblegado a la voluntad autonómica de hurtar a los municipios afectados las competencias sobre su suelo, el territorio afectado por las coladas, cuya ordenación y urbanización asume un consorcio creado al efecto (Agencia de gestión de la recuperación de la situación de normalidad en la isla de La Palma), cuya sede estará fuera de La Palma y será dirigida por la persona que nombre la persona titular de la Consejería de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de ordenación del territorio, pues ésta se constituirá y comenzará a funcionar el mismo día de la publicación del Decreto Ley, sin tiempo para la adhesión del Cabildo de La Palma cuyo presidente presidirá el Consejo General de la Agencia y tendría la potestad de proponerlo”, dice.

Para MAE, “la decisión de no ubicar en alguno de los municipios afectados la sede de la Agencia encargada de ese proceso de recuperación de la situación de normalidad, cuya única causa de creación es la erupción acaecida en La Palma y su ámbito de actuación son los tres municipios afectados, supone una falta de sensibilidad, una incoherencia y una oportunidad pérdida para ubicar en La Palma los organismos que tienen que ver singularmente con lo sucedido el 19 de septiembre de 2021. Por ello reclamamos que se reconsidere tal decisión y sea corregida”, añade.

“A los ayuntamientos se les retira la competencia para conceder autorizaciones provisionales de las obras y usos permitidos por el Decreto ley, que se atribuyen a la Agencia. Otro caso que ejemplifica la pérdida de competencias de los ayuntamientos sobre parte de su territorio de manera injustificada. Sin embargo, siendo las instituciones con menos recursos, sí se les pide que contribuyan económicamente en las competencias de la Agencia. Tampoco comprendemos cómo se obliga a los ayuntamientos a destinar parte de sus recursos a esa tarea urbanizadora, cuando su financiación depende mayoritariamente de otras Administraciones”, explica.

“Si los ayuntamientos se ven desposeídos de sus competencias, a las personas propietarias se les despoja de sus propiedades, pues aquellas que quieran acceder a una parcela urbanizada, deberán haber transmitido la propiedad de los terrenos situados en las coladas a la Administración en los dos meses siguientes a la aprobación del proyecto de reparcelación. Un cambio de propiedades que en caso de no hacerlo el propietario, verá cómo se le expropia en los términos de la ley de expropiación, con lo que ello supone. No conforme con esto, el legislador canario obligará a vivir o mantener la propiedad durante 10 años, prohibiendo a los propietarios su venta o cesión. Una limitación a la libertad individual y al derecho a la propiedad intolerables, pues nada se regala a las personas afectadas, víctimas del volcán que enterró sus bienes y ahora del legislador canario que les arrebata la propiedad”, expone.

“Tampoco compartimos que se limite en materia turística la tipología turística a la vivienda vacacional, dado que la legislación específica permite en suelo rústico otras tipologías como villas, restringiendo la oferta alojativa y las posibilidades legales, esto es, impidiendo lo que ya la ley permitía. Resulta insuficiente la previsión del Decreto ley al respecto y es una oportunidad perdida no legitimar la reconstrucción del polígono industrial del Callejón de La Gata en los términos aprobados en su momento”, apunta.

“Desde MAE compartimos que se prevea un centro de visitantes, propuesto en Las Manchas. Sin embargo, se dice en el decreto que estará relacionado con la vulcanología. Parece desconocerse que en el entorno inmediato existe Caños de Fuego, que cumple esa función. Desde MAE proponemos que ese centro se oriente a la divulgación de lo sucedido durante toda la erupción, con un enfoque omnicomprensivo que detalle aspectos científicos, los impactos sociales, de gestión de la emergencia y demás aspectos que proporcionen al visitante el relato de lo sucedido”, apunta.

“Un Decreto ley que sólo se refiere al uso residencial, al turístico en la tipología única de vivienda vacacional y al terciario compatible con el residencial, sin abordar una ordenación de todo el suelo afectado y obviando usos tan importantes como el agrario, con regulaciones paralelas con otros proyectos normativos en lugar de afrontar una única planificación que prevea todos los usos posibles con su correspondiente regulación. A estas alturas no deberíamos estar ante ocurrencias, improvisaciones y dilaciones a futuro”, concluye.