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Arroyo: “Regulamos el acceso a las pistas forestales para que los palmeros no tengan que pedir autorización”

En la imagen, sesión plenaria extraordinaria celebrada este miércoles.

Esther R. Medina

Santa Cruz de La Palma —

El reglamento por el que se regula la circulación de vehículos a motor por las pistas forestales de la Isla tuvo un protagonismo especial en el pleno extraordinario que ha celebrado este miércoles el Cabildo. La moción que presentó CC relativa a la autorización del tránsito abierto motorizado por los montes de la Isla fue rechazada por el grupo de Gobierno PP-PSOE, y el punto número 13 del orden del día, relativo a la aprobación inicial de ese reglamento, se pospuso para debatirlo el próximo viernes en una comisión de Medio Ambiente con el fin de “lograr el máximo consenso”, según expuso el presidente de la Corporación, Anselmo Pestana.

La portavoz nacionalista, Guadalupe González Taño, en la defensa que hizo de la moción presentada por su formación, señaló que “creíamos que no era necesaria una regulación en el acceso a las pistas forestales, porque supondrá una gran incomodidad para los ganaderos y agricultores, y para aquellas personas que no tengan un todoterreno”. Criticó también lo que calificó como “toque de queda”, es decir que “solo se puede circular una hora antes de la salida del sol y una hora después del ocaso”. Consideró que la nueva normativa “crea desconcierto” y puede llevar a que agentes forestales y de la Guardia Civil impongan más sanciones a los ciudadanos. Nieves Rosa Arroyo, en tono exaltado, acusó a González Taño de redactar una moción “en base al titular de un periódico, sin leer el contenido”.

En el punto 13, relativo a la aprobación inicial del aludido reglamento, Nieves Rosa Arroyo aclaró que “estamos regulando para que los palmeros no tengan que pedir autorización para circular por las pistas forestales”. “Esta medida es una demanda ciudadana; nadie va a tener que pagar, todo lo contrario; esta confusión la ha creado la oposición”, señaló, y recordó que “las personas que acudan a áreas recreativas, si no tienen autorización, según la normativa de 2006, pueden ser sancionadas”. La consejera de Medio Ambiente aclaró que solo se exigirá autorización para acceder a espacios protegidos y con vehículo tipo quad.

Por otro lado, también generó debate la moción presentada por CC de rechazo a la autorización del Gobierno central a las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, que salió adelante con los votos de CC y PSOE. El nacionalista Luis Viña mostró su “desacuerdo total a la tergiversación de los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en Canarias” sobre las cifras de los asistentes a la manifestación. “El petróleo es el súmmum de los ataques del PP a Canarias”, aseguró Viña, al tiempo que recordó que las protestas ciudadanas del pasado sábado demuestran “el rechazo absoluto de los canarios a las prospecciones”. “El Cabildo se permite el lujo de consentir que el Gobierno del PP siga atacando los intereses de Canarias”, espetó. “Es lamentable y grave que después de las manifestaciones, el Cabildo de La Palma no haya hecho una declaración expresa, lo que entiendo como un desprecio a los que acudimos a la marcha”, añadió Viña. El presidente, Anselmo Pestana, intervino para aclarar que en el grupo Socialista, sobre esta cuestión, “hay libertad de voto”. El vicepresidente Carlos Cabrera, del PP, señaló que “observo que se critica el camino y el trámite pero muy poco el fin”. Dijo que respetaba las protestas de ecologistas y otros ciudadanos, pero que en los responsables políticos percibía “un populismo mal entendido”, llegando a afirmar que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en privado, se mostraba partidario de los sondeos.

CC, en el punto número 8, sobre la concesión de créditos extraordinarios, se abstuvo al considerar que “con un remanente de 4 millones de euros, se debería invertir en planes de empleo, en infraestructuras sociales para mayores y en zonas comerciales”, indicó González Taño. La consejera responsable de Hacienda, la popular Elena Álvarez, se defendió afirmando que el grupo de Gobierno se había ajustado “a criterios de prioridad y al marco normativo que regula las inversiones financieramente sostenibles”. Aludió también a los “compromisos ya adquiridos” por el anterior Gobierno de CC, que habían “encorsetado” el presupuesto.

En el punto número 11, relativo a la regulación del precio de los albergues propiedad del Cabildo, CC se abstuvo igualmente alegando que había detectado “algunas incongruencias” como hacer referencia a “temporada alta y baja, cuando no existe” o “cobrar un precio más elevado a las reservas individuales que a los grupos”, en palabras de Teresa Rodríguez.

La declaración institucional sobre el mantenimiento de la ESO en Garafía y en Fuencaliente fue aprobaba por unanimidad, así como las ordenanzas reguladoras del precio público por la prestación de servicios en la Central Hortofrutícola y de la venta de cerdo en la granja experimental de Garafía.

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