900 profesores de la Isla rechazan la LOMCE y exigen la gestión democrática de los centros
Más de 900 profesores de la Isla han firmado un documento de rechazo a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) al tiempo que exigen “la gestión democrática de los centros educativos”. Las rúbricas han sido entregadas este viernes en el Registro del Cabildo por dos miembros del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias - Intersindical Canaria (STEC-IC). “En los dos últimos meses, el STEC-La Palma, como organización sindical más representativa de la educación en Canarias, ha venido desarrollando en nuestra isla una intensa campaña de visitas y charlas informativas, en la casi totalidad de los centros educativos, denunciando las consecuencias negativas que para la educación de todos y todas tendría la aplicación de la LOMCE, y debatiendo las posibilidades de negociar un Pacto y una Ley Canaria de Educación”, señalan.
Como resultado de esta campaña, el Sindicato “muestra su satisfacción y agradecimiento a los docentes de La Palma, porque la inmensa mayoría del profesorado -cerca de 900- ha firmado un documento rechazando dicha Ley, exigiendo al Gobierno estatal y a la Consejería de Educación la recuperación de la participación y la gestión democrática de los centros, especialmente la capacidad de decisión de los Consejos Escolares que la LOMCE ha sustraído definitivamente”, subrayan. “Hay que recordar que el STEC-IC, otras organizaciones sindicales y comunidades autónomas, incluida la canaria, han recurrido la Ley Wert ante el Tribunal Constitucional y ha sido admitida a trámite”.
Como documento de trabajo en dicha campaña, el sindicato ha editado una guía que “contiene medidas de actuación que ofrece a cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa como herramientas de trabajo en su lucha de resistencia contra la aplicación de la LOMCE y sus aspectos más regresivos, excluyentes y privatizadores”.
Entre estos aspectos se cita “la defensa de la escuela pública, dado que la LOMCE es la concreción de una política que pretende mercantilizar la enseñanza, potenciando su privatización, derivando alumnado a los centros privados, regalando suelo público a empresas privadas y permitiendo que la enseñanza sea un negocio”.
El Consejo Escolar del Centro, reclaman por otro lado, “debe seguir ejerciendo su capacidad constitucional de intervenir en el control y gestión del centro, no permitiendo que el director sea un gerente que hace y deshace a su voluntad, no permitiendo que se limite a informar al máximo órgano de participación de la comunidad educativa. Debemos revitalizar el funcionamiento democrático de los Consejos Escolares como forma de potenciar la democracia y autonomía de cada Centro”, aseguran.
Señalan asimismo que “el mantenimiento del Claustro de Profesores y Profesoras como órgano decisorio, que debe mantener su capacidad actual de decisión, debe aprobar la Programación General Anual, recuperando unas condiciones de trabajo del Profesorado que permitan impartir una enseñanza de calidad, negándose a la ”especialización“ del Centro, nombrando a sus representantes en el Consejo Escolar”.
El referido sindicato considera que “los padres y madres y el alumnado, deben ser parte activa en el funcionamiento del Centro y en la toma de decisiones. Para que con su fuerza y capacidad de movilización apoyen las decisiones democráticamente tomadas en el Consejo Escolar”.
La evaluación, sostienen en otro punto, “se pretende transformar con la LOMCE en una fuente de información para establecer rankings, segregar al alumnado y para convertir Centros en guetos, y no para la mejora del proceso educativo. Las medidas propuestas emplazan a dificultar/obstaculizar por parte de los padres y madres y del alumnado la aplicación de las reválidas, ya que el profesorado está obligado a realizarlas por su dependencia funcionarial con la administración que las impone”.
La Ley Canaria de Educación, indican, “se encuentra en estos momentos en periodo de recogida de enmiendas de toda la Comunidad Educativa Canaria para su debate y posterior aprobación en el Parlamento de Canarias. Como principal aportación, el Sindicato ha planteando a la Consejería que para su bondad y eficacia, dicha Ley debe construirse sobre el respeto y consideración de las 36.000 firmas recogidas en el 2010 en apoyo de la ILP, admitida a trámite parlamentario, documento que constituye un preciso diagnóstico de las graves carencias de cada uno de los sectores de la Educación Pública Canaria después de más de una década de políticas de recortes; a la vez que contiene las medidas específicas para mejorar su calidad, potenciar la atención a la diversidad y a la igualdad de oportunidades, evitar la segregación y exclusión del alumnado menos favorecido, y mejorar los resultados escolares”.
La Ley Canaria de Educación que el STEC-IC plantea, concluyen, “debe constituir un muro de contención que frene la aplicación de la LOMCE, o al menos paliar sus contenidos más regresivos y privatizadores, para lo que exige financiación suficiente y llama a la participación de toda la Comunidad Educativa”.
