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Alertan en unas jornadas de “la absoluta desregulación” de la vivienda vacacional en Canarias

Universitarios, sindicalistas y ecologistas coinciden en que parte de las consecuencias del alquiler vacacional proceden de la ausencia de regulación.

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Mesa redonda celebrada en el marco de las jornadas.

Mesa redonda celebrada en el marco de las jornadas.

Izquierda Unida Canaria (IUC) en La Palma organizó entre el 22 y el 24 de agosto las Jornadas Territorio, Turismo y Vivienda en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane, que finalizaron con la mesa redonda El alquiler vacacional a debate. En la mesa, moderada por David Ramos, profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de Salamanca, participaron Pablo Batista, de La Centinela-Ben Magec-Ecologistas en Acción; Antonio Pérez, de la Plataforma Canarias Por Un Territorio Sostenible y sindicalista de CCOO, y Macià Blázquez, profesor titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de las Islas Baleares, se informa en nota de prensa.

En la presentación de la mesa el profesor David Ramos destacó que esta modalidad de alojamiento turístico “ha experimentado un notable auge en los últimos años”, señalando que “según los últimos datos del Gobierno de Canarias, en 2017 existían 131.000 camas en viviendas vacacionales en Canarias, lo que equivale al 31% de la oferta reglada de alojamientos en hoteles y apartamentos turísticos, que superaba en esa fecha las 415.000 camas”.

Por su parte, Pablo Batista, de La Centinela-Ben Magec-Ecologistas en Acción, resaltó que podría decirse que “el alquiler vacacional se inventó en La Palma en los años 80 cuando ese concepto no se había generado”. Tras la llegada a la isla de muchos centroeuropeos, como consecuencia del accidente nuclear de Chernóbil, “estas personas, que quisieron buscar un destino lejos de aquella contaminación, necesitaban un medio de vida, unas rentas, unos ingresos, que encontraron alquilando parte de sus viviendas a otros familiares y amigos, algo muy asimilable o comparable a lo que hoy es en día el alquiler vacacional”, afirmó Batista.

Para Batista, “esta particularidad de los años 80 hace que se mantengan hoy en día ciertas peculiaridades, como el escapar de los controles oficiales que cualquier actividad turística reglada está obligada, ya sea de tipo fiscal, policial o urbanístico”. El representante de La Centinela-Ben Magec-Ecologistas en Acción afirmó que “el turismo vacacional tiene la mayoría de los inconvenientes del turismo convencional, algunos inconvenientes propios y algunas ventajas”, destacando dentro de las ventajas “el que no requiere de un nuevo entramado urbano, por lo que en un territorio insular es importante porque puede limitarse la concepción de nuevos núcleos turísticos aislados.” Respecto a los inconvenientes, entre otros, indicó “la turistificación de las ciudades, un fenómeno que en La Palma hay que verlo con cierta precaución, porque hay propietarios que han apartado del mercado inmobiliario para uso residencial determinadas instalaciones para el uso turístico, lo que puede tener impacto en los precios de la vivienda.”

“La vivienda vacacional reduce la oferta de alquiler residencial y expulsa a las personas que estaban en alquiler”

Antonio Pérez, miembro de la Plataforma Canarias Por Un Territorio Sostenible y sindicalista de CCOO, resaltó “la absoluta desregulación” del sector en las islas, destacando como la propuesta de Decreto del Gobierno de Canarias recoge que “cualquier vivienda de uso residencial se pueda convertir en vivienda vacacional, sin ningún tipo de límite y unas condiciones mínimas de habitabilidad, excepto en las zonas turísticas”.

Pérez puso de manifiesto, con ejemplos de Las Palmas de Gran Canaria, que “la vivienda vacacional reduce la oferta de alquiler residencial y expulsa a las personas que hasta ese momento estaban en alquiler en  las viviendas, por la vía de que se acaba el contrato o porque te encarecen tanto el alquiler que te impide pagarla”. “Las personas que ocupaban hasta ese momento esas viviendas se desplazan a otros barrios, que hasta ahora eran ocupados por personas con menos poder adquisitivo, desplazando a su vez a estas personas, lo que unido a una ausencia de políticas de vivienda en los últimos años por parte del Gobierno de Canarias, genera un problema social importante.” Para Pérez, la vivienda vacacional “produce una plusvalía mucho mayor que una vivienda residencial, pero no hay ningún elemento fiscal que haga repercutir esa plusvalía en los ciudadanos”. Finalmente denunció que “en muchos casos las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que están atendiendo estas viviendas son inexistentes”.

Macià Bláquez, profesor titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de las Islas Baleares, recordó que tras el inicio de la crisis del 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria “se amplía la frontera del negocio turístico con la mercantilización de nuevos espacios, entrando la vivienda en el mercado turístico”. Para Bláquez “no sólo los pequeños propietarios, sino las grandes empresas y capitales quieren vivir de rentas, proporcionando la economía colaborativa una buena coartada a este proceso, sea para vivir de ellas o para autoexplotarte sin un contrato o un salario”. Las consecuencias de esta modalidad de alojamiento para el profesor de la Universidad de las Islas Baleares implican una “competencia por el espacio y por la vivienda, llegando a desahucios, una competencia con los hoteles en cuanto a la renta por pernoctación o la no realización inspecciones para determinar si se está haciendo un uso legal del alojamiento turístico así como la expulsión de población residente con menos ingresos”.

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