Alpende pide “la intermediación del Cabildo” para evitar el desahucio de una madre y sus tres hijos en Los Llanos

La Plataforma de Personas Desempleadas de La Palma Alpende pide públicamente, a través de una nota de prensa, “la intervención urgente del Cabildo de La Palma para evitar el lanzamiento forzoso de Samara Bermúdez y sus tres hijos, que tienen hasta el próximo lunes de plazo para abandonar el piso ocupado en diciembre de 2015 en la promoción de viviendas públicas del Barranco Cruz de La Paloma, en el municipio de Los Llanos de Aridane”. 

El colectivo recuerda que “se está violando un Derecho Humano, también reconocido en la Constitución Española, por lo que se pide que se coordinen las gestiones necesarias desde el Cabildo para que se le dé una solución a esta dramática situación”. 

Alpende rechaza “totalmente las actuales políticas sociales, que no tienen como prioridad el bienestar de las personas, y que son incapaces de garantizar la aplicación de derechos fundamentales, como se ha venido denunciando durante los últimos años ante los organismos como ayuntamientos, cabildo y Gobierno de Canarias”, dice. 

Aseguran que “la empresa de la Comunidad Autónoma de Canarias, Visocan, tiene viviendas disponibles en La Palma, y hay además locales públicos que podrían servir de alternativa habitacional provisional, como es el caso de las viviendas propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, los bajos de la sede del Diputado del Común o el Albergue La Fuente  de Puntallana)”.

La plafaforma considera que “la sociedad palmera se halla en una deriva, en la que el individualismo egoísta está destruyendo una de las características que aún definen al pueblo palmero: el sentido de ser una comunidad solidaria y unida ante la injusticia, por lo que pedimos una profunda reflexión ya que se han dado casos escandalosamente vergonzosos como la muerte por pobreza de personas en las calles de la isla, donde existe un centenar de personas sin hogar”, aseguran. 

Por tanto, concluyen, “solicitamos que se activen los mecanismos viables para evitar un caso más de sufrimiento innecesario, y que desde el Cabildo se intervenga, además de ejecutar de inmediato lo pactado en materia de inserción en el marco de la Ley Estatal de Contratos, con una reserva del 0,5% del presupuesto sin ejecutar destinada a licitar contratos desde la administración insular con empresas de inserción social, lo que tendría un impacto directo en la cobertura sociolaboral de casos como el expuesto”.