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Condenan al alcalde de Tazacorte a 7 años de inhabilitación por prevaricación en el caso ‘Los Tarajales’

El Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma ha absuelto los demás miembros de la Comisión de Gobierno y no ordena la demolición del edificio.

La sentencia, notificada este  lunes, 29 de abril, puede ser recurrida en el plazo de días ante el citado juzgado.

Ángel Pablo Rodríguez (a la izquierda) este lunes en los Juzgados de Los Llanos de Aridane

Imagen de archivo de Ángel Pablo Rodríguez (a la izquierda) en los Juzgados de Los Llanos de Aridane.

El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo, Rodríguez, ha sido condenado  en el caso de Los Tarajales a siete años de "inhabilitación  especial" para empleo o cargo público "como autor penalmente responsable de un delito de prevaricación".  El Juzgado  de lo Penal número 7 de Santa Cruz de Tenerife, con sede en Santa Cruz de La Palma, ha absuelto a los demás miembros de la Comisión de Gobierno y no ordena la demolición del edificio. La sentencia, de 39 folios, ha sido notificada este lunes, 29 de abril. Unión Bagañeta (UB), que forma el actual grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte, ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial la "sentencia provisional" del caso de Los Tarajales.

En el caso Los Tarajales estaban encausadas seis personas, entre ellas el actual  primer edil de la Villa y Puerto de Tazacorte y candidato  por Unión Bagañeta  (UB-CC) a la Alcaldía  en los comicios del próximo 26 de mayo, Ángel Pablo Rodríguez, que concedió la licencia y autorizó en 2005 la construcción del edificio en litigio. Asimismo, estaban investigados cuatro miembros del entonces grupo de Gobierno: el primer teniente de alcalde, Juan Miguel Rodríguez Acosta, y los concejales Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, además del arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito.

Edificio de Los Tarajales.

Edificio de Los Tarajales.

En el fallo de la sentencia de la magistrada juez del citado juzgado, Mónica Hernández Estruch, se recoge que “debo absolver y absuelvo a José Antonio Martín Castillo, Juan Miguel Rodríguez Acosta, Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y Rosendo Luis Brito del delito contra la ordenación del territorio del que venían siendo acusados y debo condenar y condeno a Ángel Pablo Rodríguez Martín, como autor penalmente responsable de un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del CP  (Código Penal) con la atenuante simple de dilaciones indebidas del artículo 21 no 6 del mismo cuerpo legal, a la pena de 7 años de inhabilitación especial para  empleo o cargo público, con las consecuencias previstas en el artículo 42 del CP concretadas en la privación definitiva de su condición de alcalde o de concejal y de los honores que de las mismas se derivan en el caso de ostentar cualquiera de ellas en el momento en el que se declare la firmeza de la presente resolución y en la incapacidad de obtener dichos cargos durante el tiempo de la condena en otro caso, con obligación además de pagar una sexta parte de las costas procesales, excluidas las devengadas a instancias de Isla Bonita Tazacorte SL, Inversiones Insulares Cock SL y Rentur Renta Urbana SL, con declaración de oficio en cuanto al resto".

"En cuanto la presente resolución sea firme remítase nota de condena al Registro Central de Penados y Rebeldes y líbrese oficio al Ayuntamiento de Tazacorte conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho séptimo de la presente resolución", se indica en el fallo.

"Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación en 10 días ante este juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife", concluye.

En el denominado caso Los Tarajales se ha juzgado una actuación contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística,  por  la construcción de un edificio de lujo en la Avenida del Emigrante de la Villa y Puerto de Tazacorte.

Esta causa se inició en 2008 tras una denuncia del Ministerio Fiscal por la autorización de una edificación que afectaba el dominio público marítimo terrestre.

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