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Exigen que la evaluación de Bachillerato se haga sólo a alumnado que quiera ir a la universidad

El director general de Universidades del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez, y los representantes autonómicos trasladaron al Ministerio la necesidad de aclarar la fórmula para realizar la prueba.

Edifico de la Consejería de Educación en Las Palmas de Gran Canaria.

Edifico de la Consejería de Educación en Las Palmas de Gran Canaria.

Los representantes autonómicos del área de Universidades, entre los que se encontraba el director general del área en Canarias, Ciro Gutiérrez, mantuvieron el martes de la semana pasada una reunión con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para analizar la situación de la evaluación final de Bachillerato, impuesta por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), pero que a estas alturas del curso carece de un marco de aplicación cerrado, se  indica en el portal de noticias del Gobierno regional.

La LOMCE, indica, establece que todo el alumnado que termine el Bachillerato deberá realizar una prueba final que servirá para dos objetivos: conseguir el título oficial de los estudios finalizados y establecer la nota final del expediente para el acceso a la Universidad del alumnado que desee acceder a la enseñanza superior.

Añade que en este primer curso de aplicación de la prueba conocida como "reválida" de Bachillerato, que cuenta con la oposición de la mayor parte delas Comunidades Autónomas, incluida Canarias, la prueba no afectará a la obtención del título, por lo que los representantes autonómicos aprovecharon la convocatoria ministerial para exigir al Estado que comunique oficialmente que el alumnado que no vaya a cursar estudios superiores no tenga que presentarse a la evaluación final.

Las Comunidades Autónomas sustentan su petición en la precipitación con la que se pretende implantar la prueba, con un Gobierno en funciones que, además, se encuentra con un Consejo Escolar del Estado, que debe realizar un informe preceptivo sobre la evaluación y que en estos momentos tiene vacantes su presidencia, vicepresidencia y secretaría general, por lo que no puede adoptar acuerdo alguno.

En estas circunstancias,  añade, y ante el rechazo estatal a paralizar la aplicación de la LOMCE hasta que haya un consenso, las Comunidades Autónomas han planteado que, al menos, se exima de presentarse a la prueba a quienes no deseen cursar estudios superiores. Además, se ha exigido al Ministerio que, de continuar adelante con la evaluación, ésta se ciña lo máximo posible a la actual Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Por todas estas razones, las Comunidades Autónomas acordaron emitir el presente comunicado:  

"Reunidos en Valladolid el 4 de octubre de 2016, los directores y directoras generales de Universidades de las Comunidades Autónomas expresan lo siguiente sobre los temas tratados en la reunión en lo que se refiere al acceso a la universidad:

a) Por lo que atañe exclusivamente a esta necesidad de establecer un acceso común y en vista de que la implantación de la Evaluación Final de Bachillerato, en adelante EFB, tendrá lugar con el curso ya avanzado, resulta preferible prorrogar el actual sistema de PAU. Esta prórroga debería ser, al menos, de un curso académico, lo que se ve reforzado por el hecho de que la EFB tiene para elpresente curso 16/17 un carácter transitorio y, de hecho, no tiene efectos académicos para obtener el título de Bachillerato.

b) A este respecto, los representantes de las Comunidades Autónomas comprenden las dificultades jurídicas expuestas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No obstante lo cual, solicitan al Ejecutivo que busque una fórmula que posibilite dicha prórroga.

c) En el caso de que lo expresado en el punto a) no se materializara, consideran deseable los representantes de las Comunidades Autónomas que la EFB se asemeje lo más posible a la actual PAU en cuanto a estructura y organización, por lo que proponen al Ministerio que avance en esta línea.

d) De manera particular, y por lo que afecta a la EFB en el presente curso 16/17, consideran que debe quedar suficientemente explícito que se trata de una prueba obligatoria exclusivamente para el acceso a la Universidad y si, por lo tanto, todo estudiante de Bachillerato que no aspire a este acceso tiene la posibilidad de no presentarse. De la disposición final quinta no se deduce la obligatoriedad con la expresión "se tendrá en cuenta", ya que esta no conlleva exigencia sino "tener en consideración".

Disposición final quinta. Calendario de implantación.

La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no seránecesaria para obtener el título de Bachiller. También se tendrá en cuenta para la obtención del título de Bachiller por los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de Técnico degrado medio o superior de Formación Profesional o de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, de conformidad, respectivamente, con los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

e) No menos importante es la financiación de la nueva prueba. Todos los directores y directoras generales de las Comunidades Autónomas deseamos subrayar que con el nuevo Bachillerato la prueba de acceso (EFB u otra modalidad) complica su logística y encarece su coste, el cual además viene a recaer exclusivamente sobre las Comunidades Autónomas sin que el Ministerio haya previsto la debida financiación. Por todo ello se insta al Gobierno de España a que garantice la viabilidad económica de esta prueba no solo en el presente curso académico, sino también en el futuro. Sin lagarantía de este soporte financiero difícilmente las Comunidades Autónomas podrán hacer frente a la organización de la prueba.

f) Por último, instamos al Ministerio a que convoque a las Comunidades Autónomas para explicar el desarrollo de la EFB, ya que son las CCAA las responsables de implantar esta prueba y lasencargadas de negociar con las universidades, las familias y la comunidad educativa y las que deben afrontar las dificultades que se han expresado en este documento".

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