“Me dijeron que me iban a matar pero me resistía a marcharme”

Las lágrimas se derraman por su rostro y la congoja le entrecorta la voz en varias ocasiones durante la entrevista, y a esta redactora le repite una y otra vez, en tono dulce: “Esthercita, tienes que saber mi historia, lo que a mí me ha pasado en Colombia”. María Esperanza Ramírez –mantiene solo el apellido de su madre porque su progenitor los abandonó cuando eran pequeños– es una mujer campesina, líder comunitaria, destacada defensora de los derechos humanos y dirigente de la Asociación de Desplazados y Desplazadas para la Convivencia Pacífica (Adescop) de Colombia. Ha tenido que abandonar su país porque está amenazada de muerte. Desde hace cinco meses reside en España con uno de sus hijos acogida en el Programa de Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de la Sección Española de Amnistía Internacional (AI). Se encuentra en La Palma estos días invitada por el Grupo Local de AI y este viernes ha ofrecido una conferencia en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma con el título ‘El despertar de la conciencia’.

Esta destacada activista colombiana ha impartido charlas en distintos institutos de la Isla para dar a conocer a los estudiantes la problemática de la usurpación de tierras en el conflicto armado y los desplazamientos forzosos en Colombia. “Una niña de 12 años me preguntó que en qué parte del cuerpo está la conciencia, y otra me dijo que la conciencia no hay que despertarla, hay que mantenerla despierta; esto me ha llegado al corazón”, reconoce. “Lo que yo pretendo con estas conferencias es llegar a la sensibilidad, al punto humano que tenemos todos y todas, a ser conscientes de una realidad, de la necesidad de la defensa de los derechos humanos y de ponerse en los zapatos de los otros y las otras en muchas situaciones difíciles que estamos viviendo en el mundo”. “Observo a los activistas de Amnistía Internacional y a las otras personas que van caminando indiferentes por la calle, y pienso: qué diferencia hay en la sonrisa y la mirada de los que forman parte de Amnistía y los que no conocen ni quieren saber nada de los problemas de los demás”.

María Esperanza Ramírez recalca desde el primer momento de la conversación que mantuvo con LA PALMA AHORA que “soy mujer campesina, tengo 5º de Primaria pero me siento abogada empírica, aunque nunca fui a la academia ni me capacité en el Derecho, por muchas razones: por la económica -pertenezco a una familia muy pobre-, por el tiempo, pero lo más cruel, por la cultura patriarcal”. “Mi madre me dijo que ella me había dado 5º de Primaria y que me diera por bien servida porque una mujer para tener hijos, para reproducirse, para servir, era demasiado 5º de Primaria; es una cultura patriarcal de parte de los hombres y también de parte de las mujeres, se repiten esos patrones tan perversos y tan crueles”, se lamenta.

Líder comunitaria durante 15 años

Durante 15 años, María Esperanza ha sido dirigente de la Adescop, una asociación que crearon en 1999 varias familias desplazadas de sus territorios para defender sus intereses y los de la población a través de acciones políticas, jurídicas y sociales, y, al mismo tiempo, trabajar en defensa de los derechos de las mujeres mediante su empoderamiento. Esta lucha le ha costado cara. “Déjame que te diga Esthercita que la guerra es muy dura, y cuando llega tú no estás preparado para ella, ni deberías estarlo”, asegura, y comienza a contar su historia: “Soy de Tolima, pero por esos patrones culturales del machismo solo tengo un apellido, porque mi padre abandonó a su esposa y a sus hijos; mi madre y mi abuela también fueron desplazadas de Tolima en la época de la violencia de los conservadores neoliberales y les tocó perder sus tierras; el delito de desplazamiento forzado es de lesa humanidad, crimen de guerra política en manos de los gobernantes”, asegura. “Antes no se hablaba de esos delitos, la gente salía expulsada de sus territorios, embargada por la tristeza y el miedo a las amenazas que se producen desde hace muchos años en Colombia”.

La población víctima del conflicto interno, explica, “se desplaza a la ciudad a ocupar los cerros, los cordones de miseria, donde viven los ‘pobres históricos’, y ahí también hay una confrontación porque el ‘pobre histórico’ piensa que los desplazados hemos cometido algún delito y que venimos a quitarles los recursos”.

María Esperanza residió la mayor parte de su vida en Miraflores. “Entre 1995 y 1999 se acrecentó la guerra allí; primero el ejército nos bombardeó con aviones fantasmas y después nos dijeron que nos teníamos que marchar de nuestras tierras porque iban a fumigar los cultivos con glifosato, pero eso era una excusa; el veneno nos hizo mucho daño porque acabó con el ecosistema, los niños nacían con labios leporinos, las plantas ya no se dieron, se quemó la tierra… Y en la finca que dejamos abandonada luego descubrimos que había petróleo”, recuerda.

Los aviones del ejército “nos bombardeaban con balas muy grandes que caían en diagonal; en Miraflores había un viejito indígena que sobaba la barriguita a nuestros niños cuando se ‘descuajaban’; él se enfermó, las piernitas se le llenaron de agua y ya no pudo ir a nuestras casas a sobar a nuestros chiquitos, y entonces íbamos nosotros a la suya porque él no podía moverse”, relata. “Y en una de las llegadas del avión del ejército, el viejito estaba paradito en una viga de la casa y una bala lo alcanzó, lo partió, lo mató, y el periódico dijo que habían asesinado al guerrillero Olimpo; eso se me quedó en mi cabeza grabado, ¿cómo iba a ser un guerrillero el viejito que nos sobaba a los niños si no podía ni caminar?”, se pregunta con impotencia.

María Esperanza y su familia “seguíamos trabajando en medio de la zozobra y la angustia, me daba mucho pánico que llegara la noche, porque era tan negra, tan oscura, que dos personas juntas no se podían ver; cuando estaba durmiendo oía el avión del ejército –le decíamos fantasma porque no se veía, sólo se escuchaba- y yo me quedaba sentadita al borde de la cama, me daba un calambre en la corona (señala la cabeza) y me hacía las necesidades fisiológica en la misma ropa de los nervios que tenía”. En esos momentos “sólo pensaba en correr con mis hijos para la trinchera, un hueco de tres o cuatro metros que hacíamos cerca de la casa, pero muchas de las familiar perecieron dentro de ellas porque quemaron el pueblo tres veces”. “Recuerdo los gritos de las personas pidiendo auxilio y yo no podía salir a ayudarlas, eso me sigue atormentando”. “A nosotros nos acusan de estar en ‘zona roja’ y de pertenecer a la guerrilla, pero somos población civil a la que no tienen en cuenta”, señala. “En uno de esos enfrentamientos, una de mis hija desapareció y no supimos nada de ella hasta dos años después; la desintegración familiar duele mucho”, subraya.

Las primeras amenazas de muerte llegaron en 2011

Las primeras amenazas de muerte le llegaron a María Esperanza en el año 2011. “Te quieren matar porque tienes conocimiento y formación, porque empoderas a las mujeres de tu organización; yo aprendí a leer y escribir, pero muchas no saben, y hemos logrado herramientas muy importantes, hacer peticiones de derechos y tutelas; en Colombia sí se violan los derechos humanos, especialmente en las zonas rurales, y nosotros somos una piedra en el zapato porque hemos aprendido a leer y a escribir”, sostiene. “Cuando empezamos a denunciar y a caracterizar las tierras, lo primero que hicieron fue asesinar al hermano de la compañera Claudina y enviar amenazas a todos los demás con nombres propios, incluido el mío, en panfletos”. “En los primeros momentos, me resistí a abandonar el país porque defender los derechos humanos no es un delito, es un deber y una responsabilidad de todos y todas”, precisa. “Pero cuando tomé realmente conciencia de que me podían matar, hice gestiones y logré que Amnistía Internacional estudiara mi caso, y una vez analizada mi situación, me ofreció la posibilidad de abandonar Colombia con mi hijo menor”. “Ha sido una situación muy dura y muy difícil; en Bogotá me cuestioné el desarraigo, la desintegración familiar, el desplazamiento forzado, la muerte de mi marido, la violación sexual de mi hija… Y todo eso me confundía, y me decía a mí misma que yo un día tenía que mirar a los victimarios a los ojos para saber por qué nos han causado tanto daño”.

Esta mujer luchadora, con la emotividad a flor de piel, siente una total indefensión en su país. “El Gobierno de Colombia no tiene una ruta clara para las víctimas; nos exigen pruebas de las muertes, de las violaciones… y eso me llena de rabia; es consciente de que no sabemos leer ni escribir, y abusa de eso, y me llena de coraje”.

Cuando finalice el programa de acogida de Amnistía Internacional, que tiene un año de duración, María Esperanza solicitará al Gobierno de España que le permita prolongar su estancia porque “no pienso en estos momentos volver a Colombia y quiero que venga mi hija Laura”. “No puedo evitar que se me haga un nudo en la garganta cuando cuento mi historia, pero sé que con ello estoy contribuyendo a que no se repitan los atropellos que he padecido; primero siento dolor y después, alivio; quiero seguir hablando y denunciando, no quiero callarme; además, el Derecho Penal dice que el delito de lesa humanidad no prescribe”.