La Plataforma achaca la anulación del PGO de Los Llanos a la “errónea estrategia de política territorial”
La Plataforma contra la Instalación de las Plantas de Asfalto en Los Llanos de Aridane considera que “la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de Los Llanos de Aridane es el resultado de una errónea estrategia de política territorial”, según informa en una nota de prensa. Recuerdan que “cuando ya se había iniciado la batalla contra las plantas de asfalto en el Callejón de La Gata, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) aprobó de forma parcial en el año 2010 el PGO de Los Llanos de Aridane”. El citado plan, precisan, “eliminaba las plantas de asfalto del polígono industrial, pero el artículo 60 del nuevo planeamiento preveía la posibilidad de ubicar en este ámbito la industria pesada e incluso conflictiva”.
Con la nueva planificación, subrayan, “no existía posibilidad alguna de mejorar las condiciones de vida de los vecinos de la zona, y ante esta situación era lógico que la Plataforma recurriera el acuerdo de la Cotmac”. “El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya se ha pronunciado en dos ocasiones y en asuntos diferentes en contra de la instalación de industrias pesadas y/o conflictivas en el Callejón de La Gata; una sentencia dio lugar al desmantelamiento de la planta de Ruiz Romero, y otra, con motivo de las normas de ordenación pormenorizada o usos del suelo del citado PGO”, añaden.
La Plataforma considera que “lo más grave del asunto es que el Plan General de Ordenación de Los Llanos carecía del preceptivo informe de sostenibilidad ambiental y también incumplía las directivas europeas en materia de medio ambiente”. “Con la Sentencia del Tribunal Supremo se obliga a evaluar ambientalmente en el trámite de elaboración del PGO los impactos que ocasionan los usos del suelo que inicialmente se propongan, para determinar, si, finalmente, proceden o no (cercanía de viviendas, flora, etc.,), dicen, y se pregunta: ”¿Cómo es posible que se elabore el PGO de un municipio sin contar con todas las partes implicadas? Y más tratándose de una zona industrial en la que se han instalado industrias clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas para los vecinos“.
Indican que “un buen ejemplo de la dejadez y del desinterés de los políticos por los problemas de los ciudadanos ha sido la reunión que mantuvo la Plataforma con el presidente y vicepresidente del Cabildo un mes antes de las elecciones para ‘recordarles’ que el Cabildo se comprometió a buscar el lugar adecuado para ubicar las industrias conflictivas. Nos informaron que el lugar ya lo tenían previsto, pero creían que no era oportuno sacarlo a la luz pública antes de las elecciones. Se habló también de las machacadoras de áridos que llevan muchos años funcionando ilegalmente en la zona. Unos días después de esta reunión se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el nuevo Plan Territorial de Residuos de La Palma que prevé las citadas machacadoras de áridos en aquel lugar, y que ocasionan molestias inaceptables por ruido y polvo en suspensión a la vecindad”.
Recalcan que “queremos dejar muy claro ante la opinión pública que no ha sido la Plataforma la que ha suspendido el PGO de Los Llanos, sino los técnicos y políticos de turno que han consentido una chapuza en medio de núcleos de población que ha generado malestar, sufrimiento y conflictividad social”. “Si el PGO se hubiese redactado teniendo en cuenta los intereses de todas las partes implicadas, hoy estaríamos hablando de un polígono industrial y comercial de pymes y autónomos generador de riqueza y de puestos de trabajo”.
A pesar de la insistencia de la Plataforma ante los partidos políticos en el Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias para que se modificasen los usos del suelo, afirman, “no ha sido posible revertir la situación, y, por eso, nos hemos visto obligados a litigar; una vez más nos hemos tenido que defender ante la ineptitud de los políticos de turno que no han querido defender a los vecinos afectados, y ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que declare contrario al ordenamiento jurídico el contenido del PGO”. “Después de haber perdido la oportunidad de conseguir el desarrollo adecuado en el Callejón de La Gata, llega la hora de sentarse y hablar para que todos salgamos ganando, y para que nunca más se vuelvan a cometer errores lamentables que impiden el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento económico de un municipio”.
