El Tribunal Supremo declara “la nulidad radical” del Plan Territorial Turístico de La Palma
El Tribunal Supremo (TC) declara “la nulidad radical” del Plan Territorial Turístico de La Palma, señala en un comunicado los colectivos Ben Magec, Ecologistas en Acción, La Centinela y Asamblea Ecologista de La Palma. “En sentencia de 13 de mayo”, apuntan en la nota, “la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la Federación Ben Magec, Ecologistas en Acción y, en consecuencia, declara la nulidad del Decreto 123/2008 de aprobación definitiva parcial del Plan Territorial Especial Turístico de La Palma (PTE)” y recuerdan que este documento “aprobó el grueso de las actuaciones convencionales, los núcleos mixtos y los cinco sistemas deportivos y de ocio (campos de golf)”.
Este decreto, indican, “fue ya declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero sólo al respecto de tres actuaciones con campos de golf en Los Llanos, Breña Alta y Barlovento”. Las asociaciones ecologistas, sin embargo, “manteníamos que las irregularidades cometidas en la tramitación y aprobación del PTE afectaban a su totalidad, por lo que elevamos nuestras demandas ante el Tribunal Supremo, órgano que finalmente ha declarado su nulidad radical, es decir, desde el inicio”, subrayan.
Durante estos siete años de vigencia, el PTE “ha demostrado su ineficacia como instrumento de ordenación turística, sin que haya salido adelante ninguna de las actuaciones previstas, debido en gran medida a que el PTE se dedicó a plasmar fantasiosas operaciones especulativas de carácter inmobiliario que poco tenían que ver con el turismo”, sostienen. Ahora, además, “el PTE Turístico revela definitivamente su inviabilidad jurídica, con demoledoras consecuencias sobre todos los instrumentos de ordenación que se han adaptado al mismo, como los planes generales municipales, o que han adoptado al PTE, como el Plan Insular de Ordenación. La inseguridad jurídica del PTE ha contaminado toda la planificación general y territorial de La Palma, como reiteradamente hemos venido advirtiendo”, sostienen los ecologistas.
Aseguran que “este desastre tiene su origen en las formas poco democráticas y nada transparentes de hacer política que han caracterizado durante décadas a las instituciones públicas; se ha despreciado la participación de la ciudadanía y buena muestra de ello es el hecho de que no se tomaron en consideración las alegaciones que en su momento advertían las ilegalidades que ahora son la base de la nulidad del plan. Lo que nos hemos encontrado es una pertinaz tendencia de los gobernantes a hacer concesiones a determinados intereses particulares en contra del interés general, para lo que no dudan en forzar la legalidad o directamente saltársela”.
Añaden que “aunque por acción u omisión, la responsabilidad de este fracaso esté muy repartida, no queremos dejar pasar esta oportunidad para señalar a los responsables directos: en el Cabildo Insular, José Luis Perestelo, presidente cuando se aprobó el PTE, que presumió de que dejaba la isla planificada y lo que dejó fue una bomba de relojería que estalla ahora, precisamente cuando pretende volver a ser presidente, y su consejero de Planificación, José Izquierdo Botella, cuya arrogancia fue sorda a los cientos de alegaciones que le decían lo que ahora corrobora el Tribunal Supremo”.
La ciudadanía canaria, sostienen, “ha pagado con fondos públicos la incompetencia e irresponsabilidad de los que elaboraban un plan nulo de pleno derecho. Más aún, seguimos pagando la adaptación de los planes municipales al PTE y ahora deberemos pagar la adecuación de los planes en ejecución de la sentencia, y la elaboración de una nueva planificación turística. Creemos que deberían existir mecanismos para que quienes actuaron desde las administraciones públicas de espaldas a la Ley respondan con su patrimonio personal a resarcir los daños causados”.
Para las asociaciones ecologistas, prosiguen, y “para buena parte de la ciudadanía palmera, la sentencia del Tribunal Supremo supone un hito en la tarea de que La Palma tenga un desarrollo turístico diferente, basado en los valores ambientales de la isla y no en su transformación artificial, que no repita modelos fracasados como las macro urbanizaciones asociadas a los campos de golf, o los grandes hoteles aislados que ocupan mucho territorio y sin embargo tienen escasos beneficios sociales y económicos para la población local. Pero no entendemos la sentencia como el punto de llegada, sino el punto de partida de una nueva planificación más acorde a la realidad insular, más respetuosa con la isla y su gente, más justa, participativa y legal”.
Por último, los ecologistas agradecen “una vez más a todas aquellas personas que han colaborado económicamente o con su trabajo en la vía judicial que abrimos en 2008 y que ha culminado con éxito. Queremos compartir nuestra satisfacción con todas ellas y con toda la ciudadanía de estas islas que aboga por una acción política más transparente y democrática”.
