La comisión promotora de la Ley de Volcanes ha logrado ya casi 13.000 firmas y del 25 al 27 de julio estará en ocho municipios tinerfeños

El objetivo de recoger al menos 15.000 firmas válidas para que el Parlamento canario apruebe una ley frente a catástrofes volcánicas está cada vez más próximo. La iniciativa legislativa popular (ILP) de la Ley de Volcanes ya suma cerca de 13.000 firmas, aunque su objetivo es recabar muchas más que las requeridas para el trámite parlamentario, informa la comisión gestora. 

La comisión promotora, formada por personas damnificadas por la erupción de 2021 en La Palma, instalará los próximos días, del 25 al 27 de julio, mesas para recoger apoyos en otros 8 municipios de Tenerife. 

Son incontables ya las muestras de solidaridad y de respaldo que este equipo promotor de esta ILP está recibiendo en su periplo por La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Esperan poder recalar también en La Gomera y El Hierro. 

Nuevo periplo por Tenerife

Para la próxima semana ha preparado una ruta por Tenerife que comenzará el martes 25 en Buenavista del Norte, Guía de Isora (municipio que vivió la última erupción de la isla, en 1909), Vilaflor y, por la tarde, Granadilla de Abona. 

Al día siguiente, miércoles, las mesas con los pliegos de firmas se ubicarán en Garachico (cuyo puerto y parte de la ciudad antigua resultaron destruidos por la lava de la erupción de 1706), Icod de los Vinos (la ciudad a los pies del Teide, uno de los volcanes más peligrosos del mundo, según la ONU), Los Realejos y, por la tarde, el Puertito de Güímar. 

Y el jueves 27 nuevamente se recogerán firmas en Granadilla de Abona y Güímar. 

Una ley para garantizar derechos

Como ya es sabido, la propuesta de ley para la que la Mesa del Parlamento ha autorizado recabar firmas, recoge una serie de derechos para la población afectada por erupciones volcánicas futuras (pero también, con carácter retroactivo, para la de 2021 en el Valle de Aridane), con el fin de garantizar su recuperación socioeconómica. 

El motivo de esta iniciativa ciudadana es la constatación, en esta catástrofe natural que ha golpeado a La Palma, de que la legislación vigente no está pensada para dar una respuesta rápida y eficaz a las familias y empresas damnificadas. 

Estremecedoras cifras de la catástrofe palmera

Hay que recordar que en 2021 fueron más de 7.000 los evacuados en el Valle de Aridane, de los que 1.300 continúan desalojados -en Puerto Naos y La Bombilla- y que más de 12.000 han pedido indemnizaciones por daños al consorcio de seguros. 

La lava sepultó más de 3.000 construcciones, incluyendo 1.346 viviendas, y más de 300 hectáreas de cultivos en producción, en su mayor parte plataneras, principal motor económico de la Isla Bonita. 

Riesgo también en Tenerife

La comisión promotora de la ILP está convencida de que su propuesta es de interés para todas las islas, en especial para aquellas en que puedan suceder nuevas erupciones volcánicas. En el caso de Tenerife, la planificación del riesgo aprobada por el Cabildo contempla que más de 60.000 personas viven en zonas de amenaza alta o muy alta de riesgo volcánico. 

Al pie de dorsales volcánicas que han registrado erupción en los últimos miles de años en Tenerife se encuentran además toda la población de los valles de La Orotava y Güímar (en Arafo hubo una erupción en 1705 ), y de municipios como Fasnia y Arico -en cuyas cumbres erupcionó en 1704-1705 un volcán), así como las comarcas de Icod, Isla Baja y, en el sur la zona que va de Guía de Isora a Santiago del Teide.