El informe sobre pobreza en Canarias concluye con la necesidad de actuar sobre el modelo productivo
La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, presentó el lunes al Consejo de Gobierno el Informe sobre desigualdad, pobreza y cohesión social en Canarias, se informa en el portal de noticias del Ejecutivo regional. Entre las conclusiones “más destacadas”, se añade en la nota, “el documento deduce que la pobreza en el Archipiélago no es un problema meramente coyuntural, consecuencia de la crisis económica, sino que se trata de una situación estructural derivada del actual modelo productivo, con bajos niveles de ingresos, rentas, gastos y también de productividad”. El informe aclara que “sería un error asignar a la crisis económica actual la causa principal de la mayor desigualdad”.
El desempleo tiene “una fuerte influencia sobre la pobreza, pero en la actualidad el trabajo no es garantía de seguridad para alejarse de ella, los hogares pobres con ocupados han aumentado a ritmos elevados, lo que da cuenta del fenómeno de la pobreza laboral”. En este sentido, España y Canarias “constituyen casos de estudio en los que se confirma la importancia del marco institucional del mercado de trabajo y de sus reformas en la incidencia de la pobreza”. Al respecto, el documento incide en la asalarización de la pobreza que afecta también a los autónomos“.
En la nota se apunta que “otro de los factores claves que influyen en que Canarias figure siempre entre las comunidades autónomas con menores niveles de renta es el abandono de la senda de la convergencia ya desde mediados de la década de los 90. La brecha que separa el nivel de renta media regional del nacional se traduce inevitablemente en una mayor prevalencia de la pobreza en las islas”. Añade que “los desiquilibrios regionales en España deberían ser motivo suficiente para reclamar la mejoras de las políticas de cohesión interterritorial. La renta salarial no obtiene compensación con las prestaciones del Estado como ocurre en otras Comunidades Autónomas”. En este sentido, el informe acredita que “la bajada de salarios y de las prestaciones estatales son las que más han descendido en los últimos años, mientras que las aportaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias prácticamente se han mantenido, hasta 2014 incrementándose en 2015 y 2016”.
El documento también incluye que “al elevado componente estructural de la tasa de desempleo, hay que sumarle la elevada sensibilidad cíclica del empleo en las islas, que además destacan por una marcada desigualdad salarial”. Al respecto, subraya que “Canarias conoce una concentración de la renta, sobre todo debido al retroceso de las rentas más bajas”.
Otra de las cuestiones que destaca en el texto “es el predominio de un tejido empresarial de empresas de reducido tamaño, con carencias en el capital humano. Su estrategia competitiva volcada en mercados locales sobre la premisa de que su supervivencia para por el control de los costes y la baja apuesta por la formación, así como la minimización de los costes laborales, incluidos los salariales, son factores que acrecientan la pobreza”.
Asimismo, el informe resalta “la alta proporción de titulados superiores que desempeñan puestos de trabajo por debajo de su nivel, algo que en Canarias supera en más de 10 puntos porcentuales a España. En este sentido, alude ”a la necesidad de la flexibilización del Sistema Educativo, para su adaptación a un mercado laboral cambiante y que facilite la vuelta a la formación de los colectivos que en su día la abandonaron“.
Con respecto al reparto de “los beneficios asociados al avance de la productividad argumenta que debería otorgarse una mayor atención a las medidas pre-distributivas (salarios más elevados, negociación colectiva, salarios mínimos o cláusulas sociales) frente a las re-distributivas (referidas a las prestaciones de la Administración central y autonómica)”.
La convergencia hacia “los estándares de renta per cápita y niveles de pobreza nacionales reclama, por tanto, una reflexión sobre el modelo económico canario, encaminada hacia una adecuada caracterización, primero, de sus debilidades y principales estrangulamientos, al objeto de diseñar medidas de actuación acertadas para su superación, y segundo, de sus potencialidades, con el propósito de consolidar las ventajas competitivas ya existentes y facilitar la creación de otras nuevas”. “El debate sobre la desigualdad distributiva y la incidencia de la pobreza carece de sentido si no se enmarca dentro del ámbito más amplio del modelo económico, las fuentes del crecimiento y la convergencia” concluye el informe.
El documento presentado en Consejo de Gobierno desarrolla “un amplio recorrido por los factores que indicen en la pobreza y la desigualdad, desde la estructura ocupacional, la feminización y juvenilización de la pobreza, análisis de la actuación de las administraciones públicas, la escasa productividad, o el desarrollo de las prestaciones sociales”.
En definitiva, “se podría concluir que el crecimiento económico por si solo no pondrá fin a la pobreza y la exclusión, debiendo abordarse el cambio en el modelo productivo y la distribución justa de las rentas del trabajo y de los esfuerzos fiscales”.
