El PP canario considera que los menores migrantes ya identificados “tienen que ser devueltos” a sus países de origen

El presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, ha defendido este viernes que aquellos menores extranjeros no acompañados que estén identificados -las islas acogen en este momento a más de 2.800- “tienen que ser devueltos con sus familias” a sus países de origen y ha pedido coordinación para derivarlos también a otras comunidades autónomas.

Durante una visita a Lanzarote, Domínguez ha señalado en declaraciones a los medios que lo que ha ocurrido con el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de Arrecife (Lanzarote), cuya puesta en marcha ha estado paralizada por la falta de la licencia de obra municipal, demuestra que “no existe estrategia” por parte del Gobierno central, que “improvisa” su política migratoria.

Esta semana el Consejo de Ministros ha declarado la obra del CATE “de interés general”, por lo que ya no es preceptiva la licencia municipal de la que carecía, una solución que para Domínguez “se podría haber tomado desde octubre” en vez de “esperar a enfrentarse al Ayuntamiento de Arrecife”.

El nuevo líder del PP en las islas ha señalado, asimismo, que los inmigrantes que llegan “no merecen un trato como el que están recibiendo”, especialmente “cuando escuchamos que los menores serán desviados a comisarías”, ha añadido en referencia a las declaraciones de la directora general de Infancia del Gobierno canario, Iratxe Serrano (Podemos), sobre la situación de colapso y la falta de plazas para atender a menores extranjeros.

A su juicio, tanto el Gobierno canario como el central basan su discurso en “culpar a terceros”, como ayuntamientos o comunidades autónomas, con el objetivo de “evitar hablar del problema”.

Domínguez ha demandado asimismo “trabajar de manera coordinada con la Unión Europea” y en los países emisores porque, de lo contrario, ha agregado, “nunca habrá solución”. “Arguineguín ya fue improvisación y este CATE lo es también. El presidente (de Canarias) Ángel Víctor Torres se ha convertido en el hombre del sí a su jefe, mientras la inmigración es uno de los principales problemas que tiene el Archipiélago”, ha afirmado.

Manuel Domínguez también ha dicho que Canarias “merece emitir una imagen turística fiable” y ha aseverado que “no puede ser” que se camine por las costas de las islas y se encuentren pateras abandonadas. “Esa no es la imagen turística que merece Canarias. Ni por los que vienen ni por lo que aquí vivimos. El Gobierno de España tiene que estar a la altura y el Gobierno canario tiene que posicionarse de manera contundente y no permitir que se les tome el pelo como ahora”, ha resaltado.

Respecto a las soluciones que él propondría, ha insistido en el trabajo en los países de origen y ha pedido “no vivir de espaldas a la situación con Marruecos”. Sobre las relaciones con Rabat, Domínguez ha opinado que el Gobierno de Pedro Sánchez debe sentarse a negociar y no obviar las exigencias del país vecino. “Hay que evitar esa llegada masiva se prolongue en el tiempo”, ha reflexionado Domínguez, que ha defendido que existen soluciones al problema migratorio, “pero no somos catalanes ni vascos y, por lo tanto, el interés de Canarias no es el mismo que el de otras comunidades autónomas”.

Respecto al CATE, la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez (PP), ha asegurado que la corporación “siempre ha colaborado dentro de la legalidad”, pero que lo que no hará es ir en contra de informes desfavorables porque estaría cometiendo un delito

“Le ruego al PSOE que en temas tan sensibles no siga engañando más a la ciudadanía. Todo este follón del CATE se podría haber evitado si hubiesen solicitado una licencia conforme a la legalidad”, ha expresado la regidora, quien ha acusado al Gobierno español de legalizar la infraestructura “a golpe de decretazo”. Asimismo, Pérez ha pedido al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que le explique “dónde están los 2,1 millones de euros que dice que se han gastado en el CATE de Arrecife”.

“Aquí hay 20 tiendas de campaña y dos contenedores. Eso no son ni 50.000 euros”, ha abundado Astrid Pérez, que ha cuestionado además la veracidad sobre si el CATE va a ser realmente para que las personas migrantes estén 72 horas o si se va a usar como infraestructura residencial para acoger a las personas ahora “hacinadas” en naves industriales.