Torres recuerda que ya advirtió a Clavijo de que el protocolo de atención a menores migrantes suponía un cambio en el régimen jurídico

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha indicado este viernes, tras conocer la suspensión judicial a la aplicación del protocolo canario sobre la atención a menores migrantes llegados por mar, que ya el Gobierno central advirtió de que suponía un cambio relevante en el régimen jurídico en vigor. El expresidente canario ha subrayado que tendió la mano al Gobierno autonómico “para sentarse y ver que en que aspectos podía haber contenido que estuvieran fuera de la Constitución”.

Torres lo ha expresado así en rueda de prensa en la Moncloa, al ser preguntado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de suspender de forma cautelarísima e inmediata el protocolo que aprobó el Gobierno canario, debido a que sus exigencias podrían perjudicar el cuidado de niños llegados en patera y en situación de desamparo patente.

El ministro, aunque ha recordado que el tribunal no entra en el fondo del asunto, ha resaltado que los motivos que se leen en el auto coinciden con lo que apuntó el Gobierno. “Hay afirmaciones que son las mismas que dijimos estos días”, ha subrayado Torres.

Asimismo, ha recordado que el protocolo fue aprobado por el Gobierno de Canarias en una “decisión unilateral”, por lo que es el responsable de dar las explicaciones tras la decisión judicial de suspenderlo.

También ha recordado que el martes ya tendió la mano al Gobierno canario para ver qué aspectos podían cambiar, además de tener prevista una reunión para avanzar la negociación sobre un modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. 

Protocolo canario de atención a menores migrantes del Gobierno de Clavijo

El protocolo canario de atención a menores migrantes obliga a pasar a los niños y niñas no acompañados que llegan a las costas canarias por un enjambre de trámites policiales antes de entrar al sistema de acogida, lo que podría ralentizar su protección.

El escrito que la fiscal María Farnés presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC recoge que la medida vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad y a la integridad moral recogidos en los artículos 14 y 15 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño. ''Su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo'' en la que los menores llegan al Archipiélago, concluye la Fiscalía.

Tras reunirse con el Estado el martes en Madrid, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tildó las conclusiones de la Fiscalía de ''ridículas''. ''Nos reafirma en el trabajo que hacemos. Solo si nos negásemos a recibir a un menor reseñado e identificado, incurriríamos en abandono'', dijo.

Finalmente, la justicia ha suspendido este viernes de manera urgente ese protocolo impuesto por el Gobierno regional.