La Audiencia Nacional ordena la captura e ingreso en prisión de tres presuntos genocidas nazis
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno Nacional decretó hoy la busca, captura e ingreso en prisión provisional de tres presuntos genocidas nazis a los que procesa por su actuación como cómplices en un presunto delito de genocidio y lesa humanidad por su actuación como miembros del Batallón de la Calavera de las SS (SS Totenkopf-Sturmban), que habría actuado en tres campos de concentración entre 1942 y 1945.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que adopta esta decisión a partir de una petición formulada en mayo pasado por la Fiscalía, acuerda el procesamiento de Johann Leprich, de 84 años, Anton Tittjung, de 85, y Josias Kumpf, de 84, y ordena que se expidan las correspondientes órdenes internacional y europea de detención y entrega a España.
Según el auto, tanto Leprich como Tittjung residen en la actualidad en Estados Unidos, mientras que Kumpf se encontraría “al parecer” en Austria. En relación con el cuarto imputado en la causa, Iwan Demjanjunk, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión porque fue extraditado a Alemania, donde, según consta en la causa, “se siguen actuaciones” en su contra. El juez, en todo caso, pide la confirmación de que los hechos que se investigan en este país coinciden con los analizados en esta causa.
4.300 ESPAÑOLES MUERTOS
El juez también cita la biografía de los tres presuntos genocidas y considera “acreditado” que los tres estuvieron destinados en las campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg durante la II Guerra Mundial. Según los querellantes, en estos recintos estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que más de 4.300 murieron.
Explica que todos ellos “fueron miembros de las Totenkpf SS, prestaron servicio como guardias armados en lugares destinados a la persecución de personas por motivos políticos, étnicos y raciales”. En concreto, en Mauthausen estuvieron destinados Leprich, nacido en Birk (Rumanía), y Tittjung, natural de Erdud (Croacia), mientras que Kumpf, originario de Nova Pasova (Serbia), desarrolló su labor en Sachsenhausen.
Entre los hechos acaecidos en estos campos se citan en el auto casos de inanición, palizas, torturas y asesinatos por gaseamiento, ahorcamiento, estrangulación, administración de inyecciones en el corazón, electrocución, palizas, ahogamiento, quema de personas vivas, desnutrición o ejecuciones.
El informe presentado por el Ministerio Público también hacía referencia a la declaración testifical que realizaron en marzo pasado las víctimas de campo de Mauthausen Jesús Tello y Emeterio Ramiro Santisteban, que relataron al juez las condiciones en que vivieron durante su confinamiento y la forma de actuar de los guardias.
Según describieron, los vigilantes nazis “tenían obligación de disparar no sólo en caso de huída del prisionero sino también tenían la facultad de ejecutar a un prisionero si se acercaba a menos de seis metros de ellos”. Además, relataron que “la administración del campo recompensaba a los guardias con un día de permiso con cada prisionero ejecutado”.
CUATRO OFICIALES DE LAS SS
La querella fue presentada por un superviviente español del Holocausto nazi y los familiares de otras cinco víctimas de los campos de concentración. Los cuatro imputados, que desarrollaron su labor como guardias armados en los citados campos de concentración, se instalaron en Estados Unidos al término de la II Guerra Mundial. En los últimos años han perdido la nacionalidad estadounidense por orden de los tribunales de este país.
Según este escrito, los prisioneros fueron sometidos a “programas de exterminio diseñados por el sistema nacionalsocialista, siendo retenidos en contra de su voluntad por razones de raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas”. “Fueron objeto de formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato”, añade la demanda.
En concreto, la actuación judicial ha sido impulsada por David Moyano, combatiente francés que sobrevivió al confinamiento en Mauthausen; y los familiares de Agustín, Marcos y Francisco Puente, exterminados en Sachsenhausen; Donato de Cos Gutiérrez, asesinado en Mauthausen; Gabriel Torralba, liberado por las tropas estadounidenses tras permanecer en Auschwitz y Mauthausen; y Víctor Cueto, superviviente de este último campo.
Los querellantes solicitaron la extradición a España de los cuatro ex oficiales argumentando que su jurisdicción tiene competencias para enjuiciar “hechos delictivos cometidos fuera del territorio nacional vinculados a la existencia de víctimas españolas”, tal y como se hizo en casos como el genocidio del pueblo maya o los crímenes durante la dictadura argentina, que citaron expresamente.
