Caamaño, convencido de “terminar con lo que tenga ETA en Venezuela”

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha mostrado seguro de que se podrán establecer mecanismos de “colaboración” con las autoridades venezolanas para “terminar” con la estructura de la cual disponga la banda terrorista ETA en Venezuela, pero ha advertido de que esta finalidad no se podrá conseguir a base de “enfrentarse” al Gobierno de Hugo Chávez.

“Los terroristas estaban en Francia, pero los hemos cogido en Francia. Se fueron a Portugal y los hemos atrapado en Portugal. Y están en Venezuela y vamos a terminar también con lo que tenga ETA en Venezuela, pero no lo podemos hacer enfrentándonos a las autoridades venezolanas”, ha aseverado en una entrevista concedida a Europa Press.

Francisco Caamaño ha justificado la postura del Gobierno español ante el procedimiento del Ejecutivo de Venezuela en relación a Arturo Cubillas Fontán, el etarra reclamado por España que ejerce como director de seguridad del Instituto Nacional de Tierras venezolano. “El Gobierno español sólo puede hacer la acción fuera de España contra ETA con la colaboración de otros países”, ha subrayado.

Así, ha recordado que, a lo largo de los años de existencia de la banda armada, “hubo mejores y peores momentos de colaboración con Francia” hasta desembocar en que la cooperación actual es “muy intensa”. De esta forma, se ha mostrado “convencido” de que “poco a poco” esta estrategia también “va a dar resultados” en el caso del país suramericano.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno español debe “exponer las razones, exigir que se pongan en marcha los mecanismos de cooperación jurídica, estar encima de este tema y pedir la máxima colaboración”.

TRATADO DE EXTRADICIÓN

Al respecto, preguntado por el tratado de extradición vigente con Venezuela, el responsable de la cartera de Justicia ha puntualizado que incluye una cláusula “normal en casi todos los convenios” que especifica que los países “no tienen por qué extraditar a sus nacionales”.

En el caso de Arturo Cubillas, a quien se le atribuye la coordinación de actividades de ETA en Venezuela, ha recordado que “tiene nacionalidad venezolana” y que, “por lo tanto, es más difícil poder actuar sobre nacionales de un país”.

“Eso no quiere decir que no se pueda ver qué medidas se pueden adoptar dentro de su propio país, o qué mecanismos jurídicos o legales podemos poner en marcha. Pero eso exige un procedimiento más largo o complejo que tenemos que estudiar y valorar”, ha señalado.

En este punto, se ha reafirmado en que el Gobierno español va a “exigir que se cumpla todo lo que está en el tratado firmado con España”, pero ha puntualizado que “por el momento” se está “viendo cuál es la respuesta de las autoridades venezolanas” ante la remisión del auto del juez de la Audiencia Nacional y las gestiones “a nivel político y diplomático”.

REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

Acerca de si la reforma de la Ley Electoral que se tramita en el Congreso cerrará todas las puertas a que la izquierda abertzale se presente a las elecciones, Caamaño ha afirmado que su finalidad es que quien apoya la violencia “no figure en órganos democráticos de gobierno de los ciudadanos como son los municipios”, pero ha puntualizado que el derecho constitucional de representación política y el Tribunal Constitucional fijan “los límites de la acción del legislador”.

“La ley llega hasta donde nos lo permite la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional, y creemos que con ello dotamos de la máxima eficacia tanto a la policía como a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para poder perseguir e impugnar este tipo de listas”, ha expuesto.

Preguntado si descarta la anulación de listas de Eusko Alkartasuna en caso de que se presten a encajar en sus candidaturas a personas de Batasuna, el responsable de Justicia ha indicado que “habrá que ir viendo, como se ha hecho siempre, caso por caso, lista por lista”, puesto que “sería un error” aportar “una opinión general preventiva”.

“La tipología y los supuestos pueden ser muy amplios, cada uno tendrá que ser estudiado y valorado y cada uno tendrá seguramente una forma de respuesta jurídica adecuada si es que se llega a producir y se valora que es necesario intervenir porque se está vulnerando la legalidad”, ha concluido.