Carlos Dívar intenta evitar “cumplir” con su “obligación” de comparecer en el Senado
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha intentado evitar “cumplir” con su “obligación” de comparecer en el Senado y pretendía sustituir esta cita por una “visita de cortesía” de los senadores en la sede del órgano de gobierno de los jueces.
Así lo ha desvelado el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, Arcadio Díaz Tejera, con ocasión de las comparecencias del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y del subsecretario, Juan Bravo, para informar de los presupuestos de su departamento para 2012.
El socialista ha agradecido a ambos su comparecencia ya que “no todas las personas e instituciones han querido estar” para cumplir con su obligación. “Llevamos meses detrás de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial venga al Senado y nos ha dicho que no, que ya fue al Congreso”, ha aclarado.
Díaz Tejera ha explicado que Dívar quería sustituir la comparecencia ante la Comisión de Justicia por una “visita de cortesía y un almuerzo” en la sede del órgano que preside. “Le hemos dicho que no, que queremos que venga aquí”, ha proseguido el senador, para remarcar que debería “cumplir” con su obligación.
Según ha dicho, su grupo no ha hecho pública esta noticia con anterioridad para no “coadyuvarse” a la imagen “patética que se estaba dando”. “Nos hemos callado. Ahora es momento de empezar a manifestarlo”, ha remachado.
En su respuesta, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha afirmado que no le corresponde a él valorar la presencia del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, al tiempo que ha manifestado su “completa disposición” a aceptar la comparecencia si así se lo solicitan.
El 'número dos' de Justicia ha informado a los senadores de las cuentas de su departamento, las “mejores” en el actual contexto de “restricción” y en un momento “extremadamente difícil”. A su juicio, queda garantizada la prioridad del Gobierno de garantizar la prestación de un servicio “eficiente” y “de calidad”.
